Solicitud de copia de actuaciones de expediente disciplinario y resolución de reclamación por acceso a la información

I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente el ahora reclamante solicitó el 24 de mayo de 2023 a la Secretaría General de Empleo, a la Dirección General de Función Pública y a la Secretaría General de Administración Digital, al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: en relación con el expediente administrativo de orden depurador y disciplinario que tramitan como consecuencia de denuncia de acoso moral contra mi persona, me sea facilitada copia de toda la documentación, resoluciones y actuaciones llevados a cabo y que obren en el mismo 2. Mediante Acuerdo del Secretario General de Empleo de 30 de mayo de 2023 se acordó incoar expediente disciplinario al solicitante, lo que le fue notificado el día 1 de junio, N/REF: Expte. 2198-2023 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Junta de Extremadura/ Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. Información solicitada: Copia de todas las actuaciones que integran un expediente disciplinario. informándole de diversas actuaciones llevadas a cabo desde el 1 de enero de 2023, habiéndose acordado la apertura de un trámite de información reservada el día 28 de abril de 2023. Por esta razón, el solicitante pidió el acceso a una copia completa de todas las actuaciones seguidas hasta el 1 de junio de 2023, relativas al expediente disciplinario incoado. Mediante Resolución del Secretario General de Administración Digital, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 12 de junio de 2023, se resuelve desestimar la solicitud de acceso del ahora reclamante, en los siguientes términos: Si como indica en el escrito de solicitud de información, la Secretaría General del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), está desarrollando actuaciones indagatorias de orden disciplinario contra su persona, órgano diferente a la Comisión de Valoración e Intervención ante situaciones de acoso moral en el trabajo del ámbito de la Administración General de la Junta de Extremadura, será ante dicha Secretaría General ante la que tenga que solicitar la información que estime en el ejercicio del derecho de acceso, y desde la cual le habrán de dar la respuesta que proceda conforme a la normativa que resulte de aplicación 3. Disconforme con la resolución dictada, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), a la que se da entrada el 20 de junio de 2023, con número de expediente 2198-2023. 4. En fecha 26 de junio de 2023, el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. El 14 de julio de 2023 se recibe informe de alegaciones emitido por la Secretaría General de Administración Digital, entonces adscrita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 5 de julio de 2023, pronunciándose en los mismos términos que la Resolución de 12 de junio de 2023 expedida por el mismo órgano. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. Una vez determinada la competencia de este Consejo, conviene realizar una consideración de carácter formal sobre la reclamación interpuesta por el entonces solicitante de información. En este sentido, procede indicar que el apartado primero de la disposición adicional primera de la LTAIBG establece: La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo Por lo tanto, tal como este Consejo ha señalado en reiteradas ocasiones, para que la previsión contenida en el primer apartado de la Disposición adicional primera desplace la aplicación de la LTAIBG, deben concurrir de forma cumulativa tres circunstancias: (i) que exista un específico procedimiento administrativo aplicable al caso; (ii) que el reclamante sea un interesado en el mismo y (iii) que tal procedimiento se halle en curso porque no existe todavía una resolución definitiva (y no necesariamente firme) que pone fin al procedimiento, y a la que una vez notificada a la persona interesada, se anuda la eficacia del acto. En el caso de esta reclamación se produce la conjunción de las condiciones previstas en la citada norma. Por una parte, en el momento en que se presentan las solicitudes de acceso, el 24 de mayo y posteriormente, el día 1 de junio de 2023, se habían iniciado las actuaciones previas y se había incoado, respectivamente, un expediente econ/convenios/conveniosCCAA.html disciplinario contra el solicitante, que por esta razón, ostenta la condición de interesado al amparo del artículo 4.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que: consideran interesados en el procedimiento administrativo: a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte A este respecto, y en relación con este concreto expediente, conviene también citar la reciente Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2023 (rec.8072/2020), que se pronuncia expresamente sobre la condición de interesado en actuaciones previas al inicio del expediente administrativo: En el momento de los hechos se encontraba en vigor el artículo 55, apartado segundo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas con una regulación mucho más amplia que su precedente artículo 69, apartado segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en lo que atañe a la información y actuación previa al inicio del expediente administrativo. Ahora hace mención expresa a los procedimientos de naturaleza sancionadora. No resulta extraño en nuestro ordenamiento la apertura de diligencias informativas previas a la incoación de un expediente disciplinario. Así la LOPJ, en su artículo 423.2 hace mención a las mismas en casos de denuncia sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia. Y no ha habido discusión alguna para considerar interesado al denunciado en su sustanciación procedimental y con ocasión del archivo de las diligencias por el CGPJ y su ulterior impugnación ante este Tribunal Supremo por el denunciante, personándose aquel en calidad de codemandado (a título de ejemplo las recientes STS 30 de diciembre de 2020, recurso 320/2019, 4 de noviembre de 2022, recurso 161/2021). Asimismo, al tiempo de los hechos enjuiciados estaba vigente el artículo 53.1 de la Ley 39/2015 que regula los derechos de los interesados en un procedimiento administrativo, naturaleza que no puede negarse a la información previa o reservada, según el caso, sin que exista excepción expresa en la norma para su acceso. Finalmente subrayar que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, esgrimida al oponerse al recurso de casación no fue invocada en el recurso contencioso administrativo ni aplicada por el Juzgado ni por la Sala de apelación. De lo anteriormente argumentado ninguna duda ofrece que en la información reservada o información previa abierta respecto a un funcionario para determinar si posteriormente se incoa o no un procedimiento disciplinario tiene la condición de interesado en un procedimiento, conforme al artículo 4 de la Ley 39/2015. Por último, la información solicitada se refiere a documentación que forma parte del propio procedimiento, con lo cual también se cumple el tercer requisito que establece la LTABG para la aplicación de la normativa del correspondiente procedimiento administrativo. Por consiguiente, dado que el ahora reclamante es interesado en el procedimiento disciplinario, que éste no había finalizado en el momento de la presentación de la solicitud, de conformidad con la documentación presentada, y que la información solicitada versa sobre el procedimiento en cuestión, la conclusión es que no cabe la aplicación de la LTAIBG, sino la propia del procedimiento. A tenor de lo expuesto, la reclamación debe ser desestimada. Expuesto lo anterior cabe precisar que ello no significa que el reclamante no tenga derecho a obtener la documentación solicitada, sino simplemente que el cauce para solicitar su acceso no es la LTAIBG y, por tanto, la vía de reclamación ante este Consejo. Así, en virtud del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, anteriormente citada, los interesados a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada frente a la actual Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de Extremadura. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez