Solicitud de cédula urbanística y desestimación de reclamación por no ser objeto de acceso a información pública

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 3 de septiembre de 2024 la reclamante solicitó al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, la siguiente información: «Que el inmueble sito en el municipio de Cabezón de la Sal, Cantabria y referencia catastral es propiedad de pleno dominio 100,00% (totalidad), con carácter privativo de esta solicitante. Solicito: Por ello, y a los efectos oportunos SOLICITA, cédula urbanística acreditativa del régimen y circunstancias urbanísticas a que está sujeta la referida finca». La reclamante solicita recibir las notificaciones relacionadas con este trámite únicamente por medios electrónicos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2.Ante la falta de respuesta dada a su petición, la solicitante presentó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, 116.1.a) de la LPACAP. R A C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h ir m S d d b LTAIBG), una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, Consejo) a la que se da entrada el 20 de mayo de 2025. 3.Con fecha 27 de mayo de 2025, el Consejo trasladó la reclamación a la Administración reclamada solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y un informe con las alegaciones que considerara pertinentes. 4.El 4 de junio de 2025 se recibe, en este Consejo, contestación al requerimiento de alegaciones efectuado, que incluye un informe del departamento de urbanismo del Ayuntamiento concernido indicando que la cédula urbanística fue emitida por el arquitecto municipal en plazo, concretamente el día 12 de septiembre de 2024, obrando la misma en el expediente electrónico. Se hace constar, no obstante, que la solicitante no ha acreditado documentalmente ante el Ayuntamiento el abono de la tasa devengada por elservicio, habiéndole comunicado telefónicamente este requerimiento. 5.En el trámite de audiencia concedido a la reclamante, esta se reitera en su solicitud, remarcando que no le pudo ser comunicado vía telefónica el requerimiento efectuado por la Administración, referente al previo abono de la tasa correspondiente para tener acceso a la información solicitada, por no haber proporcionado este dato. II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c)de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio. En aplicación de dicha previsión, han suscrito convenio con el Consejo las comunidades G ú o - autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, e Illes Balears, así como con las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla. 3.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se solicita la expedición de una cédula urbanística referida al inmueble que consta en la solicitud de acceso. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana en su art. 5 d). establece como derecho del ciudadano “Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora”. El documento escrito que satisface ese derecho se denomina cédula urbanística. Por tanto, la cédula urbanística es el documento administrativo que certifica las circunstancias y el régimen urbanístico a las que se encuentra sujeta un solar, una finca o una parcela de un término municipal conforme al planeamiento urbanístico. Es un documento oficial cuya finalidad es servir de base para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones en el ámbito de la edificación y el desarrollo urbanístico. Sin perjuicio de que la solicitante pueda obtener el documento requerido a través de su cauce procedimental propio, no puede admitirse la presente reclamación, toda vez que lo solicitado es la emisión de un documento acreditativo oficial de las circunstancias urbanísticas de un inmueble. Lo pretendido no es acceder a contenidos o documentos que obren en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, sino que el objeto de la solicitud es que se emita por el servicio de urbanismo del Ayuntamiento concernido un informe o certificado que versa sobre la situación urbanística de un inmueble. La emisión de informes o certificados no tiene cabida en el ámbito material del derecho de acceso a la información pública, tal y como se determina en el artículo 13 LTAIBG anteriormente reproducido. A la vista del objeto de la solicitud, se ha de advertir que las reclamaciones interpuestas en aplicación del artículo 24 LTAIBG tienen por finalidad tutelar el derecho de acceso a la información pública del reclamante cuando se den los presupuestos establecidos en la LTAIBG, por lo que este Consejo carece de competencia para entrar a conocer cuestiones que no forman parte del ámbito material de dicho derecho. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 116.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede, dado el estado actual de tramitación del expediente, desestimar la reclamación presentada. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, se acuerda DESESTIMAR la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal (Cantabria). De acuerdo con el artículo 23, número 1, de laLey 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . BOE-A-2015-10565 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez