Acceso a expediente de consulta pública previa y documento de redacción de Ordenanza ZBE de Mérida

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 20 de marzo de 2025 la entidad reclamante solicitó al Ayuntamiento de Mérida, la siguiente información: «El acceso al expediente del Acto Administrativo: “consulta pública previa a la elaboración de Ordenanza de la zona de bajas emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Mérida” y documento contratado y legalmente finalizado “Redacción de Ordenanza ZBE de Mérida”. Otrosí, digo, sea incorporado este escrito en el futuro expediente de Ordenanza ZBE de Mérida, que esta Secretaría certifica que no existe actualmente». 2.Previamente, en contestación a la petición de la reclamante solicitando la personación, oposición y acceso al expediente completo foliado, relacionado con la implantación de zonas de bajas emisiones en la Ciudad de Mérida, se emitió informe de 17 de marzo de 2025 de la Secretaría General del Pleno, notificado a la solicitante el día 19 de marzo de 2025, en los siguientes términos: “Con base a la solicitud y a los antecedentes que obran en esta Secretaría se informa que no se ha dictado acto administrativo alguno sobre la tramitación de Patrimonio de Extremadura (DEMOMAPEX). 12 y 13 de la LTAIBG y 3.1 de la LRJSP. R A C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h ir m S d d b Ordenanza en esta materia, ni se ha dado inicio formal del expediente, de conformidad con el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). (…) En el presente caso, se ha abierto un trámite previo a la elaboración de la norma para recabar la opinión, en general, de la ciudadanía, pero no se ha iniciado formalmente, conforme a la legislación básica de régimen local, el expediente para la aprobación de la Ordenanza. Por ello, no hay todavía un texto o Proyecto normativo, ni se ha dictado acto administrativo alguno. En cuanto a la solicitud de personación en el procedimiento, una vez iniciado formalmente, se le dará traslado de las actuaciones que se tramiten, si bien las alegaciones se deberán presentar en el plazo establecido en el art. 49 LBRL”. 3.Ante la falta de respuesta a su petición de fecha 20 de marzo de 2025, la solicitante interpuso, el 6 de mayo de 2025, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), registrado con número de expediente 983/2025. 4.Con fecha de 20 de mayo de 2025, el Consejo trasladó la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Mérida solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y un informe con las alegaciones que considerara pertinentes. El 16 de junio de 2025 se recibe en este Consejo contestación al mencionado requerimiento que incluye un informe de alegaciones de la Secretaría General de 12 de junio de 2025 haciendo constar expresamente lo siguiente: “no se ha dado respuesta expresa a la solicitud presentada por la Asociación DEMOMAPEX, toda vez que no existe expediente administrativo ni procedimiento iniciado en el Ayuntamiento de Mérida relativo a la materia objeto de su solicitud, lo que imposibilita el reconocimiento de la condición de interesado y la tramitación de las pretensiones formuladas, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre”. G ú o - II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio. En aplicación de dicha previsión, han suscrito convenio con el Consejo las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, e Illes Balears, así como con las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla . 3.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». 4.De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública”de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2024-15944 Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. econ/convenios/conveniosCCAA.html Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 5.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a la información relativa al trámite de consulta pública previa a la elaboración de una ordenanza municipal, así como al documento donde consta redactada esta ordenanza. 6.Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». Como se ha indicado, en este caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 7.Como ha sido expuesto, la Administración concernida argumenta expresamente, en el escrito de alegaciones presentado a este Consejo, que no se ha iniciado aún ningún expediente administrativo en el Ayuntamiento en relación con la materia objeto de la solicitud de acceso, afirmándose la no existencia siquiera de un texto o proyecto normativo al respecto. En este sentido, cabe resaltar que este Consejo parte de la base de que, en sus relaciones con otras administraciones públicas, rigen los principios generales del artículo 3.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Ello implica que presupone la veracidad de las declaraciones realizadas respecto de la información solicitada, en lo que concierne a la no existencia del proyecto de ordenanza referido en la solicitud, por lo que la reclamación debe ser desestimada en la parte que versa sobre el documento contratado y legalmente finalizado “Redacción deOrdenanza ZBE de Mérida”. Sin embargo, respecto a la información solicitada, referida a la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de “Ordenanza de la zona de bajas emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Mérida, para recabar la opinión, en general, de la ciudadanía”, cuya existencia reconoce expresamente la Administración concernida, se debe señalar que, constando su anuncio en la web municipal, debe ponerse a disposición de la entidad reclamante, toda vez que, aunque el trámite no forme parte del procedimiento de elaboración de la norma, a los efectos del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ha de tenerse presente que la LTAIBG configura el derecho de acceso a la información pública como un derecho de contenido amplio que se extiende a cualquier documento o contenidoque obre en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley y que haya sido elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, no quedando circunscrita, por tanto, la información que puede ser demandada a aquélla que forme parte de los expedientes administrativos, ni a la que se puede acceder en condición de interesados en los mismos. Por ello, debe facilitarse a la entidad reclamante la información concerniente al trámite de consulta pública previa a la elaboración de la Ordenanza de la zona de bajas emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Mérida. En consecuencia, por las razones expuestas, se estima parcialmente la reclamación. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Mérida (Badajoz). SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de Mérida a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite a la entidad reclamante la siguiente información: - Acceso a la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Ordenanza de la zona de bajas emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Mérida. BOE-A-1985-5392 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local TERCERO: INSTAR al Ayuntamiento de Mérida a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada a la entidad reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de laLey 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez