Solicitud de informe veterinario y ficha clínica de un perro eutanasiado, inadmitida por extemporaneidad de la reclamación

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, la reclamante solicitó el 28 de marzo de 2025 al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, la siguiente información: «Yo, (…), ciudadana española y en pleno ejercicio de mis derechos, me dirijo a ustedes en relación con la respuesta recibida respecto a la instancia presentada con número (202599900002574) sobre el perro de raza Border Collie, recogido por el servicio municipal el 10 de julio de 2024, al que hacían referencia con el nombre "Bimbo" (Identificado en la perrera como ID 852 (A1614-24). Dado que en su contestación del 25 de marzo de 2025 se afirma que el animal fue eutanasiado en febrero tras entrar en estado comatoso, solicito formalmente el acceso a la siguiente documentación oficial: 1. Informe veterinario completo de la eutanasia, incluyendo la justificación médica, diagnóstico, tratamientos previos y la fecha exacta del procedimiento. 2. Ficha clínica veterinaria individual del animal, en la que consten los tratamientos administrados, su evolución médica y cualquier prueba diagnóstica realizada durante su estancia en el centro CEPAD-Natura Parc». 2. Mediante escrito de 14 de mayo de 2025, se da respuesta a su solicitud de acceso en los siguientes términos: Administración/Organismo:Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu (Illes Balears). RA CTBG Número: 2025-0361 Fecha: 02/09/2025 «En referència al RGE 2025999900007145 presentat per , de data 28 de març de 2025, en el que sol·licita informació referent a l’historial veterinari d’un ca de raça Border collie i de nom BIMBO recollit pel servei municipal de recollida i acollida d’animals domèstics de Santa Eulària des Riu, s’adjunta l’informe veterinari pel qual es comunica la motivació de portar a terme l’eutanàsia humanitària». 3. Disconforme con la respuesta dada a su petición, la solicitante presentó el 19 de julio de 2025, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, Consejo), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG). II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio. En aplicación de dicha previsión, han suscrito convenio con el Consejo las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, e Illes Balears, así como con las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla . 3. Con carácter previo a conocer sobre el fondo del asunto planteado, resulta necesario detenerse en el análisis de una cuestión formal: el plazo establecido para formular la reclamación, puesto que, en caso de apreciar que existe extemporaneidad, debería inadmitirse la reclamación sin entrar en el fondo de ella. econ/convenios/conveniosCCAA.html RA CTBG Número: 2025-0361 Fecha: 02/09/2025 A estos efectos, cabe señalar que el artículo 24.2 de la LTAIBG dispone que “la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Asimismo, el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé que los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Añadiendo que, si en el mes de vencimiento, no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Según los datos que constan en el expediente, la reclamante disponía del plazo de un mes desde la notificación del acto impugnado para interponer reclamación ante este Consejo. Dado que esta notificación tuvo lugar el día 14 de mayo de 2025, según hace constar la solicitante, la reclamación presentada ante este Consejo el día 19 de julio de 2025, resulta extemporánea por haber transcurrido el plazo establecido para ello en la normativa aplicable. En conclusión, en aplicación del artículo 24.2 LTAIBG, habiéndose presentado la reclamación fuera del plazo de un mes establecido, debe ser inadmitida. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede INADMITIRla reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu (Illes Balears). De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . BOE-A-2015-10565 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez