Reclamación por falta de respuesta a solicitud de información sobre expedientes sancionadores y tratamiento de datos personales, estimada formalmente por el retraso del Ayuntamiento de Siero

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, la ahora reclamante solicitó al Ayuntamiento de Siero en fecha 18 de octubre de 2024, la siguiente información: “cualquier multa, propuesta de sanción, acto desfavorable o de gravamen que constara en el Ayuntamiento a mi nombre a la fecha de recepción del presente (…)” El 31 de octubre de 2024, formula solitud de “INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO QUE SE HACE DE MIS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL en ese centro, especialmente sobre lo recogido en el art. 11 del Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales” 2. Ante la ausencia de respuesta amabas solicitudes, el 26 de marzo de 2025 la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), al amparo de la Ley 19/20131, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), que fue registrada con número de expediente 654/2025. Su reclamación la fundamenta en que: RA CTBG Número: 2025-0336 Fecha: 26/08/2025 “•El día 18/10/2024 se solicita información sobre los expedientes que se pudieran estar tramitado en la sección de Obras y Servicios de ese Ayuntamiento. •El día 31/10/2024 se solicita INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO QUE SE HACE DE MIS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL en ese centro, especialmente sobre lo recogido en el art. 11 del Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.” 3. El 31 de marzo de 2025 el Consejo trasladó la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento, requiriendo la remisión del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y las alegaciones que se consideren oportunas, en el plazo de 15 días. El 29 de abril de 2025 se recibe el expediente requerido e informa consideraciones sobre la aplicación de la normativa de tráfico en la localidad y que la reclamante tiene conocimiento expreso de los expedientes demandados en cuanto que interesada en los mismos. Así mismo aporta un informe de la jefa de sección de obras y servicios municipal de 10 de abril de 2025 que refiere que “se están tramitando a nombre de (…la solicitante…) al ser la titular del vehículo los siguientes expedientes sancionadores por exceso de velocidad:2024/34206, 2024/32554, 2024/30182, 2024/29854 y 2024/29021. No obstante identifica a D. (P….) como conductor del vehículo en el momento de cometerse la infracción y al mismo tiempo se nombra representante en todos los expedientes indicados.”. 4. Por este Consejo se concede el trámite de audiencia al reclamante, que formula determinadas alegaciones en materia de aplicación de la normativa de tráfico y reprueba que haya recibido la información por medio del Consejo y no directamente del Ayuntamiento. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las RA CTBG Número: 2025-0336 Fecha: 26/08/2025 reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio. En aplicación de dicha previsión, han suscrito convenio con el Consejo las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, e Illes Balears, así como con las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla . 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide determinada información referente los expedientes que gravamen que se pudieran estar tramitado en la sección de Obras y Servicios del ayuntamiento reclamado. Extiende el objeto de su reclamación a información sobre el tratamiento que se hace de mis datos de carácter personal en ese centro. econ/convenios/conveniosCCAA.html 5. En lo que concierne a las cuestiones suscitadas, procede comenzar señalando que la parte que se refiere al tratamiento de datos personales no puede prosperar por quedar fuera las competencias de este Consejo al resultar ajena al derecho de acceso a la información pública prevista en la LTAIBG. Las cuestiones relativas a las garantías que Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, ejercer las funciones establecidas en el artículo 57 y las potestades previstas en el artículo 58 del mismo reglamento, en la presente ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo para la protección de los datos personales son competencia de la Agencia Española de Protección de Datos en virtud de los establecido en el art 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 6. En cuanto al resto de la reclamación, artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». La información pretendida su objeto se centra en el acceso a la información sobre los expedientes sancionadores o de gravamen tramitados por la sección de Obras y Servicios de ese Ayuntamiento, resulta relevante el informe aportado en alegaciones que ha sido remitido por la administración local en que da noticia de los expedientes sancionadores tramitados, entendiendo este Consejo que la información ha sido efectivamente facilitada en los términos en que había sido reclamada, lo que incluso reconoce el reclamante en sus alegaciones en el trámite de audiencia. No cabe desconocer que la administración concernida, aunque tardíamente, facilitó la información solicitada. En este caso, el órgano competente no respondió en plazo a la solicitante, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». En consecuencia, procede estimar la reclamación por razones formales, al no haberse respetado el derecho de la solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido y haber sido necesaria la interposición de un recurso ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Siero (Principado de Asturias). De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez