Solicitud de acceso al expediente íntegro de un contrato de publicidad con el Consell Insular de Formentera, inadmitida por regirse por la normativa de contratación pública al ser un procedimiento en curso y el solicitante parte interesada

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha de 11 de febrero de 2025, la ahora reclamante solicitó al Consell Insular de Formentera (Illes Balears), lo siguiente: “D I G O Que en relación a la propuesta Nº 305/2024 se formalizó entre el interesado y el Consell Insular de Formentera, contrato de publicidad con fecha de diciembre de 2024 con una vigencia de 1.01.2025 a 31.12.2025. En relación al mismo se ha recibido correo electrónico donde se indica la voluntad de la corporación de no continuar con los trabajos, o al menos en el modo que se vienen realizando, indicando asimismo, que se pondrán en contacto para reconducir la situación. Expte: 2024/9437 Convenio Publicitario con Formentera Radio 1 Dicha comunicación no constituye acto resolutorio ni se cumplen con las garantías legales que permitan considerarlo como tal, desconociendo esta parte los términos con los que, supuestamente, no estaría conforme en continuar la entidad a la que me dirijo. Es por ello que, esta parte va a continuar dando estricto cumplimiento al contrato formalizado, como no podría ser de otro modo, tal y como exige el art. 192 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Radio, S.L. LTAIBG. RA CTBG Número: 2025-0286 Fecha: 19/06/2025 Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. No obstante, estamos a plena disposición de atender cualquier contacto que se precise por parte del organismo al que gustosamente me dirijo, contacto que deberá efectuarse a través de la legal representante de la entidad Formentera Radio SL. Así mismo, es derecho de esta parte que se le facilite copia de la integridad del expediente formalizado, lo que dejamos solicitado desde este mismo instante. El 17 de marzo de 2025, entre otras cuestiones, la solicitante reitera la “petición de acceso al expediente íntegro de contratación nº 2024/9437 formalizado con la corporación a la que me dirijo en diciembre de 2024, con vigencia del 1.01.2025 a 31.12.2025”. 2. Ante la falta de respuesta a su petición, el 26 de mayo de 2025 el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), al amparo de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), registrada con número de expediente 1119-2025.. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio. En aplicación de dicha previsión, han suscrito convenio con el Consejo las comunidades RA CTBG Número: 2025-0286 Fecha: 19/06/2025 autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, e Illes Balears, así como con las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla . 3.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide diversa información sobre un contrato de publicidad. Como se desprende de los antecedentes expuestos, la Administración concernida ha dirigido a la reclamante una comunicación relacionada con un contrato de servicio con la mercantil a resultas de la cual se presenta la petición de acceso a la información. 5.En este caso concreto, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y la documentación aportada al procedimiento por la propia reclamante, resulta de aplicación lo previsto en la Disposición adicional primera de la LTAIBG que, en su apartado primero, dispone que «la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo». Según la mencionada previsión, mientras el procedimiento administrativo de que se trate se encuentre en curso —esto es, en tramitación—, el acceso a la información y documentación por parte de los interesados en el mismo se regirá por lo dispuesto econ/convenios/conveniosCCAA.html BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. en la normativa que resulte de aplicación a tal procedimiento —en este caso, la normativa reguladora del contrato— Como este Consejo ha señalado en reiteradas ocasiones, para que la previsión contenida en el primer apartado de la Disposición adicional primera desplace la aplicación de la LTAIBG deben concurrir, cumulativamente, tres circunstancias: que el solicitante tenga la condición de interesado, que la solicitud de acceso se formule en relación con información perteneciente a un procedimiento administrativo y que tal procedimiento se encuentre en curso. Por lo que respecta a lo que deba entenderse por procedimiento en curso ya se ha precisado que debe entenderse referido a las actuaciones que se realizan desde la incoación del procedimiento administrativo hasta su terminación por resolución definitiva (ya sea expresa o presunta), o bien por la concurrencia de alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 84 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Es, en efecto, la resolución definitiva (y no necesariamente firme) la que pone fin al procedimiento y a la que, una vez notificada a la persona interesada o publicada, se anuda la eficacia del acto —diferenciándose, así, de los actos de trámite—, con independencia de la posibilidad de interposición de los recursos que procedan. En este caso, se solicita información relativa a un contrato sobre el que existe un procedimiento en curso, siendo la solicitante parte contratante y por tanto interesada en el procediendo de contratación pretendido. De lo anterior se deriva que resultaba de aplicación la Disposición adicional primera, primer apartado de la LTAIBG y, en consecuencia, la solicitud de acceso debe regirse por el régimen jurídico que resulte de aplicación a la contratación pública y no por la LTAIBG. En consecuencia, este Consejo carece de competencia para resolver la cuestión suscitada, lo que determina que la reclamación deba ser inadmitida. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede INADMITIRla reclamación presentada frente al Consell Insular de Formentera (Illes Balears). BOE-A-2015-10565 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez