Solicitud de información sobre el número de solicitudes y profesores de clases de religión en centros educativos de Asturias, desagregada por tipo de religión, año, centro y género. El Consejo estima la reclamación al no ser obligatorio el uso de un modelo normalizado

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, la reclamante solicitó a la Consejería de Educación, el día 18 de julio de 2024, la siguiente información: «Número de solicitudes presentadas para recibir clases de religión en cada uno de los centros de la comunidad autónoma. Solicito que la información se me entregue desagregada por tipo de religión (católica, islámica, judía y evangélica), y por año desde que se tienen registros y hasta el curso 2023/2024. Además, solicito que se me entregue la información desglosada para cada uno de los centros (públicos, privados y concertados) en cada uno de los años y por tipo de religión. - Número de solicitudes aprobadas y rechazadas para recibir clases de cada una de las religiones de las que hay acuerdo para que se impartan clases en cada uno de los centros, desagregadas por año desde que se tienen registros y hasta el curso 2023/2024. Igualmente, solicito que se me entregue la información desglosada para cada uno de los centros (públicos, privados y concertados) en cada uno de los años. - Número de pr ofesores en cada uno de los centros educativos de la comunidad autónoma para cada una de las religiones impartidas en cada uno de los años Asturias. educativos, 17 de la LTAIBG, RA CTBG Número: 2025-0278 Fecha: 19/06/2025 desde que se tengan registros y hasta el curso 2023/2024. Solicito además que se me entregue desglosado por género. (…) Recuerdo también el derecho de acceso de forma parcial. En el caso de que no se me entregue parte de lo solicitado o se deniegue, no es óbice para no entregar el resto de lo pedido». 2. Ante la falta de respuesta dada a su petición, el 16 de enero de 2025 la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), registrada con el número de expediente 152-2025. 3. Con fecha 18 de febrero de 2025, el Co nsejo trasladó la reclamación a la Administración demandada requiriendo la remisión en el plazo de 15 días del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y las alegaciones que se consideren pertinentes. Con fecha 24 de febrero de 2025 se recibe en este Consejo contestación por parte de la Administración concernida, que incluye un Oficio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación alegando que, tras tener conocimiento del procedimiento iniciado, lo que tuvo lugar, por un error, con posterioridad a la presentación de la reclamación ante este Consejo, se hizo un requerimiento a la ahora reclamante, de fecha 21 de febrero de 2025, para que procediese a la subsanación de su solicitud, al no haber utilizado el modelo normalizado al efecto, aprobado por Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Consejería de Presidencia, siendo este, se alega, de obligado cumplimiento. 4. En el trámite de audiencia concedido al efecto, la reclamante manifiesta haber efectuado la subsanación requerida de su solicitud, de lo que existe constancia documental. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las RA CTBG Número: 2025-0278 Fecha: 19/06/2025 reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio. En aplicación de dicha previsión, han suscrito convenio con el Consejo las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, e Illes Balears, así como con las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla . 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a determinados datos en relación con la impartición de la enseñanza de religión en centros educativos de la Comunidad Autónoma. Como se desprende de los antecedentes expuestos, la Administración concernida no ha proporcionado a la reclamante la información solicitada alegando que, dado que esta no presentó la solicitud de acceso según el modelo normalizado aprobado al efecto, debe efectuarse la requerida subsanación. La reclamante efectuó la econ/convenios/conveniosCCAA.html subsanación de su solicitud, de lo que queda constancia en el expediente con la documentación aportada a este Consejo. Por lo expuesto, dado que la información solicitada participa de la naturaleza de información pública, a los efectos del artículo 13 de la LTAIBG, procede estimar la solicitud de acceso de la reclamante. No obstante, cabe indicar, respecto del requerimiento de subsanación de su solicitud efectuado a la reclamante, que la disposición adicional primera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que: “1. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites adicionales o distintos se regirán, respecto a éstos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales”, por lo que hay que considerar que la LTAIBG es de aplicación preferente de en esta materia con la consecuencia de que el régimen de presentación de solicitudes de acceso a la información pública no es el del invocado artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“cuando la Administración, en un procedimiento concreto, establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados”), sino del del artículo 17 de la LTAIBG, que dispone en su apartado segundo lo siguiente: “La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de: a) La identidad del solicitante. b) La información que se solicita. c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones. d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada”. Existe, por tanto, una clara intención del legislador de facilitar, en todo caso, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y es por ello que, como así se hace constar en su preámbulo, la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta. Una de las manifestaciones de esta simplificación administrativa es precisamente la no limitación de medios para presentar la presentación de las solicitudes de acceso, entendiendo la exigencia de un modelo formalizado como una restricción al margen de los dispuesto en la LTAIBG. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 LTAIBG, que establece el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública reconocido en el artículo 12 LTAIBG, la presentación de la correspondiente solicitud deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información, pudiendo presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad de la persona solicitante, de la concreta información que se solicita, de una dirección de contacto (preferentemente electrónica) a efectos de comunicaciones y, en su caso, la modalidad que se prefiere para acceder a la información. Del citado precepto se desprende con toda evidencia que el artículo 17 LTAIBG no establece un canal específico y excluyente para tramitar las solicitudes de acceso, ni, por tanto, establece la obligatoriedad de que se utilice el portal de transparencia (por más que su utilización sea recomendable). En consecuencia, no resulta procedente, la exigencia de un formulario o modelo normalizado para presentar una solicitud de acceso a la información en materia de transparencia de la actividad pública, de tal manera que su no utilización conlleve la no tramitación de la solicitud, de no efectuarse la subsanación. Por las razones anteriormente expuestas, procede estimar la reclamación interpuesta ante este Consejo al no haberse justificado la concurrencia de alguna causa de inadmisión del artículo 18 LTAIBG, ni la aplicación de alguno de los límites previstos en sus artículos 14 y 15 LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente a la Consejería de Educación de la Administración del Principado de Asturias. SEGUNDO: INSTAR a la Consejería de Educación a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite a la reclamante la siguiente información: - Número de solicitudes presentadas para recibir clases de religión en cada uno de los centros de la comunidad autónoma, desagregada por tipo de religión (católica, islámica, judía y evangélica), y por año desde que se tienen registros y hasta el curso 2023/2024. La información ha de estar desglosada para cada uno de los centros (públicos, privados y concertados) en cada uno de los años y por tipo de religión. - Número de solicitudes aprobadas y rechazadas para recibir clases de cada una de las religiones, de las que hay acuerdo para que se impartan clases en cada uno de los centros, desagregadas por año desde que se tienen registros y hasta el curso 2023/2024. Igualmente, la información ha de estar desglosada para cada uno de los centros (públicos, privados y concertados) en cada uno de los años. - Número de profesores en cada uno de los centros educativos de la comunidad autónoma para cada una de las religiones impartidas en cada uno de los años desde que se tengan registros, y hasta el curso 2023/2024, efectuando el desglose por género. TERCERO: INSTARa la Consejería de Educación a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo copia de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez