Acceso a información sobre un contrato de servicio de transporte para personal de la Viceconsejería de Justicia, denegado por ser el solicitante interesado en un procedimiento en curso

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, la ahora reclamante solicitó, a la extinta Consejería de Hacienda y Fondos Europeos, en fecha 10 de septiembre de 2024, la siguiente información: «Se solicita la siguiente información de la licitación del contrato del servicio de transporte para el desplazamiento de diverso personal dependiente de la Viceconsejería de Justicia, expediente 2023/000500: - Número de identificación del albarán o comprobante de transporte. -Fecha del día. - Matrícula del vehículo. -Nombre y apellidos del conductor. -órgano judicial de quien dependen. - Relación consecutiva de todas las direcciones del trayecto desde la inicial hasta la final, con indicación en cada una de ellas de los datos siguientes: hora de llegada a la dirección y kilómetros recorridos desde la dirección anterior. - Total de kilómetros recorridos en el trayecto, considerando como lugar de origen aquel que se indique por la Dirección General de Justicia para iniciar la prestación del servicio. Asturias. RA CTBG Número: 2025-0267 Fecha: 03/06/2025 - Otros (tiempo de espera y mínimo de percepción, en caso de haberlos). - Firma de conformidad del órgano judicial. - Firma de conformidad del conductor. - En vehículos dotados de taxímetro, ticket del taxímetro grapado en el albarán. - Solicitudes de servicios enviadas a los contratistas de 6 de junio 2024 a 31 de agosto de 2024 de los lotes 1 y 2. - Facturas y detalle de servicios de 6 de junio a 31 de agosto de 2024 de los lotes 1 y 2». 2. Ante la falta de respuesta a su petición, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), al amparo de la Ley 19/2013 1, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), el 13 de octubre de 2024, registrada con número de expediente 1811-2024. 3. El 14 de octubre de 2024 el Consejo remitió la reclamación a la Administración concernida, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas, y aportaran copia del expediente de información pública tramitado. En contestación recibida al requerimiento efectuado se incluye una resolución expedida por la extinta Consejería de Hacienda y Asuntos Europeos, de 15 de octubre de 2024, en la que se resuelve denegar al reclamante el acceso a la información relativa al contrato de servicios de transporte para el desplazamiento de diverso personal dependiente de la Viceconsejería de Justicia, por formar parte aquélla del expediente administrativo de un procedimiento en curso, en el que el solicitante ostenta la condición de interesado. Concretamente, se hace constar lo siguiente: «La información solicitada por D. (…) se refiere a un contrato actualmente en vigor, lo que supone que el procedimiento de contratación se halla en curso, encontrándose, en concreto, en su fase de ejecución. En este sentido se pronuncia una consolidada doctrina jurisprudencial de la que es muestra la reciente Sentencia núm. 1543/2023, de 22 de noviembre de 2023, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (rec. 7437/2020), que, el hilo de la posible caducidad de la imposición de penalidades, mantiene que «su imposición no conlleva un procedimiento autónomo o diferenciado dentro del procedimiento RA CTBG Número: 2025-0267 Fecha: 03/06/2025 contractual, sino que se trata de una decisión o trámite en particular de la fase de ejecución del contrato.» De la doctrina expuesta y de la normativa en la que ésta se basa (hoy, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) se desprende que el procedimiento de contratación no concluye hasta la extinción del contrato. Además, como acredita el Informe emitido, el 14 de octubre de 2024, por la jefa del Servicio de Contratación y Régimen Interior, el ahora solicitante del acceso a la información ha participado como interesado en el referido procedimiento de contratación ». Dicho informe referido, que es adjuntado al expediente, se expresa en los siguientes términos: «En relación con el expediente CONP/2023/8116 relativo al servicio de transporte para el desplazamiento de diverso personal dependiente de la Viceconsejería de Justicia, se informa que don (…), ha participado como licitador en el contrato, no resultando adjudicatario del mismo ». Por estas razones, la Administración concernida invoca la aplicación de la disposición adicional primera de la LTAIBG, para fundamentar la denegación del acceso a la información al amparo de esta Ley. 4. En el trámite de audiencia concedido al efecto, el reclamante, habiendo comparecido, no ha formulado alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio. En aplicación de dicha previsión, han suscrito convenio con el Consejo las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, e Illes Balears, así como con las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla . 3.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4.La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide diversa información sobre un contrato de servicio de transporte. 5.Como se desprende de los antecedentes expuestos, la Administración concernida ha resuelto desestimar la petición de acceso a la información invocando la condición de interesado en el procedimiento del reclamante, que alega estar, en el momento de registrarse la solicitud, en tramitación. 6.En este caso concreto, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y la documentación aportada al procedimiento, procede recordar que la Disposición adicional primera de la LTAIBG, en su apartado primero, dispone que «la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo». econ/convenios/conveniosCCAA.html BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Según la mencionada previsión, mientras el procedimiento administrativo de que se trate se encuentre en curso —esto es, en tramitación—, el acceso a la información y documentación se regirá por lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación a tal procedimiento —en este caso, la normativa reguladora del proceso selectivo— Por lo tanto, tal como este Consejo ha señalado en reiteradas ocasiones, para que la previsión contenida en el primer apartado de la Disposición adicional primera desplace la aplicación de la LTAIBG deben concurrir, cumulativamente, tres circunstancias: que el solicitante tenga la condición de interesado, que la solicitud de acceso se formule en relación con información perteneciente a un procedimiento administrativo y que tal procedimiento se encuentre en curso. Por lo que respecta a lo que deba entenderse por procedimiento en curso ya se ha precisado que debe entenderse referido a las actuaciones que se realizan desde la incoación del procedimiento administrativo hasta su terminación por resolución definitiva (ya sea expresa o presunta), o bien por la concurrencia de alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 84 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Es, en efecto, la resolución definitiva (y no necesariamente firme) la que pone fin al procedimiento y a la que, una vez notificada a la persona interesada o publicada, se anuda la eficacia del acto —diferenciándose, así, de los actos de trámite—, con independencia de la posibilidad de interposición de los recursos que procedan. En este caso, se solicita información relativa a la licitación de un contrato que se encuentra en tramitación, concretamente, en su fase de ejecución, -como hace constar la Administración concernida, en su resolución expedida por la extinta Consejería de Hacienda y Asuntos Europeos, de 15 de octubre de 2024, en fase de alegaciones- y, en el que el reclamante ostenta la condición de interesado- como así se asevera en el informe emitido, el 14 de octubre de 2024, por la jefa del Servicio de Contratación y Régimen Interior-, por haber participado como licitador en el contrato, no resultando adjudicatario del mismo. De lo anterior se concluye que resultaba de aplicación la Disposición adicional primera, primer apartado de la LTAIBG y, en consecuencia, el régimen jurídico que resulte de aplicación a la contratación pública respecto de la que versa la solicitud de información. Dado que este Consejo no es competente para ejercer sus competencias revisoras, la presente reclamación, en el estado actual de tramitación, debe ser desestimada. BOE-A-2015-10565 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada frente a la Consejería de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos de la Administración del Principado de Asturias. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez