Información sobre la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación “La Mina” del Ayuntamiento de Piélagos, incluyendo sus fines de creación, informes técnicos de cesión de propiedades y peticiones para su continuidad. Reclamación estimada por falta de respuesta en plazo

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el ahora reclamante solicitó al Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria), en fecha 17 de enero de 2024, la siguiente información: “Primero: Que, habiéndose constituido la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación “La Mina”, inscrita como tal en el Registro de Entidades Colaboradoras con fecha de 29 de octubre de 1985, en base a los artículos 24.2.c) y 25 del Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto de 1978, en concordancia con los artículos 68 a 70 del mismo texto y de lo especialmente establecido en el Plan Parcial para para el ordenamiento de la urbanización “La Mina” y estando condicionada la existencia de dicha Entidad al cumplimiento de los fines para los que fue creada, pedimos que se nos informe de cuales fueron los fines o razones de interés público que motivaron y justificaron su creación y , de haber existido, si dichos fines continúan subsistiendo o si por el contrario los mismos han desaparecido. Asimismo, se solicita que se nos faciliten el documento o documentos en los que constan esos fines o razones de interés público citados. Segundo: Que se nos haga llegar los informes de los técnicos del Ayuntamiento que avalaron, en su día, la cesión de las propiedades de La Mina (viales, alumbrado, tuberías, canalizaciones, zonas verdes, etc.) al ayuntamiento y su posterior recepción y aceptación por parte de este de dichas propiedades. Asimismo, se pide copia del acuerdo en el que se decidió recibir lo anterior. Conservación de La Mina, arts. 12 y 13 LTAIBG. RA CTBG Número: 2025-0229 Fecha: 21/05/2025 Tercero: Se nos dijo en la reunión que existían más de cien peticiones para que la Entidad Urbanística continuara existiendo como tal. Se solicita que se nos indique a cuantas parcelas de “La Mina” representan dichas peticiones, al no tener claro que las mismas representen cada una a una parcela. Cuarto: Indicar que ya la Sentencia nº 121/2013 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº2 de Santander (confirmada por la Sentencia nº 4/2014 de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cantabria) en su Fundamento de Derecho cuarto, dice: “con independencia de que deba o no fijarse un plazo concreto de existencia de las entidades urbanísticas, es obvio que su ausencia o, incluso, su caracterización en los estatutos como duración indefinida, no impide su disolución”, y en su fundamento quinto dice: “…la existencia de las entidades urbanísticas colaboradoras está condicionada por el cumplimiento de los fines para los que fueron creadas”, añadiendo que estos fines no son la conservación si no la razón de interés público que motivaron y justificaron su creación.” 2. Ante la ausencia de respuesta, el 16 de marzo de 2025 el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), que fue registrada con número de expediente 553-2025. 3. El 24 de marzo de 2025 el Consejo trasladó la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Piélagos, requiriendo la remisión del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y las alegaciones que se consideren pertinentes. El 16 de abril de 2025 se recibe contestación en la que se incluye alegaciones del alcalde de la localidad con el siguiente literal: En respuesta a su solicitud sobre el asunto mencionado, se adjunta copia del expediente que originó la reclamación, así como copia de la cesión de viales. Para la tramitación y resolución de dicha reclamación, se informa lo siguiente: En cuanto a la solicitud de disolución de la entidad urbanística de conservación, se comunicó a los reclamantes, en la reunión que mantuvimos, que existen los siguientes inconvenientes: * Existe una sentencia judicial firme contraria a la disolución. * No se cuenta con la mayoría necesaria para impulsar su tramitación. * Las infraestructuras de urbanización de la entidad fueron diseñadas y RA CTBG Número: 2025-0229 Fecha: 21/05/2025 ejecutadas para mantenimiento y conservación privados, no públicos, y gran parte de ellas discurren por parcelas privadas. Por lo tanto, en su estado actual, no pueden ser asumidas por el Ayuntamiento. Para que puedan ser asumidas sería necesario que previamente ejecutaran las obras necesarias para su traslado de las parcelas privadas al dominio público municipal.” 4. Se ha dado traslado de la información a la reclamante y concedido trámite de audiencia. Habiendo accedido el día 26 de abril de 2025, no ha formulado alegaciones II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». econ/convenios/conveniosCCAA.html De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide información sobre la Entidad de Conservación de La Mina en el municipio de Piélagos. 5. El artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». Como se ha indicado, en este caso, el órgano competente no respondió de forma completa al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 6. No obstante, no cabe desconocer que, aunque tardíamente, la Administración concernida ha proporcionado la información en el marco de este procedimiento, sin que el reclamante haya formulado objeciones en el trámite de audiencia concedido al efecto. En consecuencia, procede estimar la reclamación por razones formales, al no haberse respetado el derecho de al solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la interposición de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria). De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez