Solicitud de información sobre el uso de vehículo de trabajo por un empleado municipal y cuestionamiento de su actuación, desestimada por no considerarse información pública bajo la LTAIBG

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante solicitó al Ayuntamiento de Corvera de Asturias, el 4 de noviembre de 2024, información relacionada con un trabajador del Ayuntamiento, concretamente, referente al hecho de si le fue dado permiso para hacer uso de su vehículo de trabajo para ir hasta el Concejo de Illas- La Torre número de La Peral-, y para realizar allí la tarea que le fuese encomendada. 2. Ante la falta de respuesta según declara el solicitante, este presenta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, Consejo) a la que se da entrada el 27 de diciembre de 2024. 3. Con fecha 13 de enero de 2024, el Consejo trasladó la reclamación a la Administración demandada solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y un informe con las alegaciones que considerara pertinentes. En fecha 5 de febrero de 2024, se recibe, en este Consejo, un Oficio de Alcaldía de 30 de enero de 2025 en el que se hace constar que, con ocasión de dos solicitudes N/REF: 2256/2024 Administración/Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias (Asturias) ámbito de aplicación de la Ley. RA CTBG Número: 2025-0149 Fecha: 10/04/2025 presentadas por el reclamante con anterioridad, concretamente los días 20 de agosto y 23 de septiembre de 2024, con un contenido idéntico al de la solicitud de la que trae causa esta reclamación, le fueron notificados-con registros de salida de 30 de septiembre y 22 de octubre de 2024, respectivamente-, sendos escritos en los que se denegaba el acceso a la información. Se alegaba para ello, en el informe expedido por la técnica de Recursos Humanos y Personal, la ponderación efectuada con base en el artículo 15.3 de la LTAIBG, haciendo constar que, los hechos puestos en conocimiento del Ayuntamiento concernido por el solicitante, en relación con el empleado público municipal, podrían motivar la realización de actuaciones por el Área de Recursos Humanos y Personal. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, e Illes Balears, así como con las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. econ/convenios/conveniosCCAA.html RA CTBG Número: 2025-0149 Fecha: 10/04/2025 poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. A tenor de los preceptos mencionados, se puede sostener que la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión de un organismo incluido en el ámbito de aplicación de la Ley, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. Asimismo, cabe advertir que las reclamaciones planteadas ante el Consejo tienen por finalidad tutelar el derecho de acceso a la información pública del reclamante cuando se den los presupuestos de hecho establecidos en dicha norma. A este respecto, cabe indicar que la presente reclamación trae causa de una solicitud en la que se pide acceder a determinada información relacionada con una concreta tarea realizada por un empleado municipal, en el sentido de conocer si fue realizada aquella en la forma y en el tiempo procedentes, de acuerdo con las funciones encomendadas al mismo, dentro de su jornada laboral. A la luz de lo expuesto, debe entenderse que lo solicitado, más que una petición de información es más una crítica o cuestionamiento de la concreta actuación de un empleado público, que una solicitud de acceso a la información pública amparada en la LTAIBG. Materialmente no estamos ante una pretensión de información pública municipal sino ante la exposición de unas actuaciones en las que cuestiona su previa autorización, que ”podrían motivar la realización de actuaciones por el Área de Recursos Humanos y Personal”. El objeto de este tipo de solicitudes no puede considerase como “información pública” a los efectos de los artículos 12 y 13 de la LTAIBG. De este modo, tomando en consideración el objeto de la solicitud descrita consistente en criticar o denunciar una actuación material por parte de un empleado público del Ayuntamiento concernido, se ha de concluir que la misma se halla fuera del ámbito de aplicación de la LTAIBG y por tanto, la reclamación frente a ella formulada es ajena las competencias revisoras de este Consejo. En este sentido, y como ya ha puesto de manifiesto en sendas ocasiones la Administración concernida, según consta en los antecedentes, la denegación de información se entiende sin perjuicio de que, por parte del Área de Recursos Humanos y Personal, se efectúen, en su caso, las gestiones y actuaciones procedentes en relación con los hechos comunicados por el reclamante en relación con el empleado público. En consecuencia, la presente reclamación, en el estado actual de tramitación, debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Corvera de Asturias (Asturias). De acuerdo con el artículo 23, número 1, LTAIBG, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez