Información sobre solicitudes y profesorado de clases de religión en centros educativos de Cantabria

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el 18 de julio de 2024 la ahora reclamante solicitó a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, la siguiente información: “- Número de solicitudes presentadas para recibir clases de religión en cada uno de los centros de la comunidad autónoma. Solicito que la información se me entregue desagregada por tipo de religión (católica, islámica, judía y evangélica), y por año desde que se tienen registros y hasta el curso 2023/2024. Además, solicito que se me entregue la información desglosada para cada uno de los centros (públicos, privados y concertados) en cada uno de los años y por tipo de religión. - Número de solicitudes aprobadas y rechazadas para recibir clases de cada una de las religiones de las que hay acuerdo para que se impartan clases en cada uno de los centros, desagregadas por año desde que se tienen registros y hasta el curso 2023/2024. Igualmente, solicito que se me entregue la información desglosada para cada uno de los centros (públicos, privados y concertados) en cada uno de los años. - Número de profesores en cada uno de los centros educativos de la comunidad autónoma para cada una de las religiones impartidas en cada uno de los años (Gobierno de Cantabria). LTAIBG. RA CTBG Número: 2025-0142 Fecha: 10/04/2025 desde que se tengan registros y hasta el curso 2023/2024. Solicito además que se me entregue desglosado por género”. 2. Ante la ausencia de respuesta, el 16 de enero de 2025 interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), al amparo de la Ley 19/20131, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), registrada con número de expediente 153-2025. 3. El 21 de enero de 2025 el Consejo remitió la reclamación a la Secretaría General de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas, y aportaran copia del expediente de información pública tramitado, en el plazo de 15 días. El 20 de febrero de 2025 se han recibido las alegaciones y el expediente solicitado ante la administración, 4. En fecha 20 de febrero de 2025 se concedió trámite de audiencia a la reclamante que, habiendo comparecido, no ha manifestado objeciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, econ/convenios/conveniosCCAA.html RA CTBG Número: 2025-0142 Fecha: 10/04/2025 La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide diversa información sobre la impartición de religión en distintos centros educativos. 5. El artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». Como se ha indicado, en este caso, el órgano competente no respondió de forma completa al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». Como se desprende de los antecedentes expuestos, la Administración concernida proporciona la información que le ha sido requerida, con el nivel de detalle especificado disponible, haciéndolo así constar, en fase de alegaciones ante este Consejo, una vez interpuesta la correspondiente reclamación. En el trámite de audiencia concedido al efecto, la reclamante no ha formulado objeciones, de lo que queda constancia en el expediente. En consecuencia, en los casos en que la información pertinente en su totalidad se proporciona, como en este caso, una vez interpuesta la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG, procede la estimación por razones formales al no haberse respetado el derecho de la solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la interposición de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada frente a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades (Gobierno de Cantabria). De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez