Reclamación de acceso a expediente administrativo sobre la adquisición y montaje de una escultura. El Consejo estima la reclamación por motivos formales al no haberse facilitado la información en plazo, aunque considera que la documentación aportada cumple con el objeto de la solicitud

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG /X EdEd^ 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el 16 de octubre de 2024 la asociación ahora reclamante presentó una reiteración de solicitud de información pública al Ayuntamiento de Petra, en referencia a la respuesta inconcreta a una solicitud anterior de 6 de septiembre de 2024: “QUE, Al Boib núm. 97, de día 23 de Juliol de 2024 es publicà la Concessió de subvencions plurianuals 2024-2025 del CIM amb el detall del nombre i el nom dels projectes presentats, el pressupost de cada un dels projectes i l’import subvencionat. QUE, L’Ajuntament de Petra per el projecte: Adquisició i muntatge d’una escultura a la Plaça de la Constitució (Projecte Dona) rebé una subvenció per aquesta actuació de 112.868,06 €. SOL·LICITEM 1. Cópia íntegra de tot l’expedient administratiu “Adquisició i muntatge d’una escultura a la Plaça de la Constitució (Projecte Dona) amb tota la documentació legal corresponent del Secretari-Interventor. 2. Cópia de l’ estudi econòmic: cost de manteniment del conjunt i dels diferents materials (vidre, acer inoxidable, coure, ferro, fibre de vidre, etc.) que ho componen i cost de les mesures preventives de protecció contra actes de vandalisme i/o robatori que una obra d’aquest alt preu i exposada a la via pública pot sufrir, en cas que l’Ajuntament ho hagui previst.” Admi nistración/Organismo: Ayuntamiento de Petra (Illes Balears). RA CTBG Número: 2025-0127 Fecha: 27/03/2025 2. Disconforme con las respuestas recibidas, el 21 de agosto de 2024, interpuso una reclamación ante este Consejo al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), registrada con el número 1984-2024, en la que se reclama el acceso al punto 1 de la solicitud, es decir el expediente de contratación; pero no se menciona el punto 2, el estudio económico sobre el coste de los materiales. 3. El 22 de noviembre de 2024 el Consejo remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Petra, requiriendo la remisión en el plazo de 15 días de una copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y las alegaciones que se consideren pertinentes. Se ha recibido respuesta de 28 de noviembre de 2024 con el siguiente contenido: “Que, dando cumplimiento a su escrito de día 22.11.2024, Expediente 1984/2024, (RGE 2024-E-RC-2328) de 25.11.2024 , adjunto la única documentación existente hasta el día de hoy referente al expediente de “Adquisición y montaje de una escultura en la plaza de la Constitució” y que es la siguiente: Copia de la Memoria presentada para la solicitud de subvención.” 4. El 3 de diciembre de 2024 se ha concedido trámite de audiencia a la parte reclamante, trasladándole la memoria y el oficio recibidos, quien ha formulado alegaciones referidas a la vulneración de la normativa sobre contratación pública. //X &hEDEdK^:hZ1/K^ 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las RA CTBG Número: 2025-0127 Fecha: 27/03/2025 reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. En el presente caso, la reclamación se presenta sobre una parte de la solicitud, la del primer punto, sobre la cual se formuló la interpelación en que consiste la presente reclamación. 5. El 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». Como se ha indicado, en este caso, el órgano competente respondió al solicitante en plazo, si bien no facilitó toda la información solicitada, lo que motivó la presente reclamación. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho econ/convenios/conveniosCCAA.html constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». No obstante, no cabe desconocer que en la “memoria” apor tada en fase de alegaciones que, según asevera la administración, constituye el único documento existente, se incluye un apartado exclusivo acerca de su presupuesto, con detalle de partidas. En atención a ello, debe considerarse cumplimentado el objeto de la reclamación, sin que proceda entrar a conocer sobre el punto segundo de la solicitud relativo al estudio económico sobre el coste de los materiales. -no incluido en la reclamación-, y tampoco sobre los aspectos añadidos en el trámite de audiencia referidos al cumplimiento de la normativa sobre contratos, por exceder el ámbito objetivo del derecho de acceso a información pública y, consecuentemente, del del procedimiento revisor del artículo 24 de la LTAIBG. En consecuencia, procede estimar la reclamación por razones formales, al no haberse respetado el derecho del solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido y haber sido necesaria la interposición de un recurso ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. ///X Z^K>h/ME En atención a los antecedentes y fundament os jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Petra. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez