Solicitud de números de microchip de animales a un ayuntamiento y reclamación inadmitida por extemporánea

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante solicitó al Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia, en fecha 3 de septiembre de 2024, al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “(…) Los números de microchip de los animales que entraron y salieron de los registros de entrada y salida de animales del centro de protección animal contratado por el Ayuntamiento de Sant Josep durante el período comprendido entre el 01/01/2023 y el 30/06/2024”. 2. Mediante oficio de 27 de septiembre de 2024, el ayuntamiento le comunicó lo siguiente: “Les comunicamos que en fecha 28 de agosto 2024 con NRS 2024-S-RE-6949 notificamos la información completa solicitada, el registro de entrada y salida de los animales del centro desde enero del año 2023 hasta junio 2024, con indicación del motivo de entrada y salida, código del animal, especie, raza, fecha Organ ismo: Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia (Illes Balears). RA CTBG Número: 2025-0110 Fecha: 14/03/2025 de entrada y salida para cada uno de los animales que ha estado dentro de las instalaciones en un periodo de un año y medio. En relación a la información adicional objeto de la actual solicitud, consideramos que facilitar la información solicitada podría vulnerar la Ley de protección de datos, dado que el número del microchip está relacionado con datos personales. A tal efecto, solicitamos ante la DG de Transparencia que nos aclaren qué información se podía facilitar en relación a los datos que aparecen en los microchips de los animales gestionados. Debido a que la presente solicitud está asociada al expediente 1416/2024 de requerimiento de remisión de alegaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, quedamos a la espera de que se resuelva el expediente antes de poder facilitarle cualquier información relacionada.” 3. Ante la disconformidad con la respuesta a su solicitud el reclamante interpuso el 14 de noviembre de 2024 una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), registrada con número de expediente 2012-2024. En el formulario de reclamación consigna que la respuesta de la administración le fue notificada el 27 de septiembre de 2024. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, econ/convenios/conveniosCCAA.html RA CTBG Número: 2025-0110 Fecha: 14/03/2025 La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. Con carácter previo a conocer sobre el fondo del asunto planteado, resulta necesario detenerse en el análisis de una cuestión formal: el plazo establecido para formular la reclamación, puesto que, en caso de apreciar que existe extemporaneidad, debería inadmitirse la reclamación sin entrar en el fondo de ella. A estos efectos, cabe señalar que el artículo 24.2 de la LTAIBG dispone que “la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Asimismo, el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé que los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Añadiendo que, si en el mes de vencimiento, no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. En el presente procedimiento, se reclama contra un acto de la administración de 27 de septiembre de 2024, en el que se le indica que la información principal ya le fue proporcionada, y que la suplementaria puede estar protegida por el límite legal relativo a la protección de datos personales (artículo 15 de la LTAIBG). Por tanto, según los datos aportados por el reclamante, la administración concernida contestó de forma razonada dentro del plazo legal de un mes establecido en el artículo 20 de la LTAIBG. El reclamante interpuso la reclamación ante este Consejo el 14 de noviembre de 2024 cuando había transcurrido el plazo de un mes establecido en el artículo 24 de la citada LTAIBG, computado de fecha a fecha desde el día de notificación de la resolución de acceso. Por lo tanto, la reclamación debe ser inadmitida por extemporánea. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundament os jurídicos descritos, procede INADMISIÓN la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez