Solicitud de información sobre la jubilación y prolongación de servicio de un funcionario y retroacción de actuaciones por no dar audiencia al afectado

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante solicitó a la Conselleria d’Educació i Universitats de Illes Balears la siguiente información, mediante instancia electrónica, presentada el 4 de noviembre de 2024: “SOLLICITA: - Que s’informi al sindicat , entorn del Sr. (…), de: 1. La data en què va tenir efectes la seva jubilació. 2. La data en què ell va informar la Conselleria d’Educació i Universitats del dia, mes i any en què es faria efectiva la seva jubilació, així com el canal de comunicació emprat. 3. La data o dates, si van tenir lloc, en què ell va sollicitar la prolongació de la permanència en el servei actiu, així com el canal de comunicació emprat. 4. La data o dates de la resolució o les resolucions, si van tenir lloc, en què l’Administració Pública competent va resoldre de forma motivada l’acceptació o denegació de la prolongació en el servei actiu. - Que l’Administració Pública entregui còpia justificativa al sindicat SIAU, entorn del Sr. (…), si van tenir lloc, de: 1. La sollicitud d’ell de jubilació. 2. La sollicitud o sollicituds d’ell de prolongació de la permanència en el servei actiu dins la Conselleria d’Educació i Universitats. Número de expediente : 2125-2024 RA CTBG Número: 2025-0085 Fecha: 25/02/2025 3. La resolució o resolucions de l’Administració Pública competent en què va resoldre de forma motivada l’acceptació o denegació de la prolongació en el servei actiu de l’inspector en qüestió (…)”. 2. Ante la ausencia de respuesta, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), el 5 de diciembre de 2024, en nombre de la asociación a la que representa, registrada con número de expediente 2125-2024. 3. El 9 de diciembre de 2024 el Consejo remitió la reclamación a la Secretaría General de la Conselleria d‘Educació i Universitats, requiriendo la remisión del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y las alegaciones que se consideren pertinentes. Dichas alegaciones se recibieron el 27 de enero de 2025, y en ellas comunican que han remitido la información solicitada al reclamante con fecha 22 de enero de 2025 en ejecución de la resolución estimatoria dictada el 21 de enero de 2025 por Secretaria General de la Conselleria d‘Educació i Universitats, facilitando la documentación relacionada aportada por la Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats, algo que no consta acreditado en el expediente remitido. En alegaciones del reclamante en el trámite de audiencia de 10 de febrero de 2025 tras detallar la información omitida, -un total de 18 documentos fechados entre el 4-11-2021 y el 12 de diciembre de 2023 relacionados con la jubilación de un funcionario en concreto-, solicita que se facilite la información que falta, y que también se le facilite los documentos de la jubilación definitiva real y efectiva del funcionario aludido, que entiende deben ser posteriores al 26-1-2024. Así mismo solicita expresamente que se le informe de la fecha y la persona que suscribe el informe titulado con el nombre del funcionario jubilado objeto del expediente. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las RA CTBG Número: 2025-0085 Fecha: 25/02/2025 reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso la información pública relacionaba con la jubilación y prolongación de actividad de un funcionario concreto. La Administración, el 21 de enero de 2025, estimado la solitud, dice haber facilitado mediante un enlace electrónico el acceso a la información solicitada, que se refería a datos y documentos concretos del expediente administrativo relacionado, que no obstante el reclamante, en el trámite de audiencia concedido, considera insatisfactorios. econ/convenios/conveniosCCAA.html 5. De los antecedentes antes expuestos y de las alegaciones de la administración se desprende que el objeto de la solicitud es acceder al expediente de jubilación y prolongación de actividad de un funcionario de la administración docente, identificado con nombre y apellidos por lo que resulta procedente dar al mismo la oportunidad de conocer la solicitud de acceso a una información que directamente le afecta y realizar las alegaciones que en su derecho considere. A este respecto se debe recordar que el artículo 19 de la LTAIBG dispone que “3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. Por lo tanto, a juicio de este Consejo, la administración reclamada, antes de pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud de información, debería haber remitido la solicitud de acceso a la persona mencionada en la solicitud para que formule alegaciones si lo estima oportuno. Tomando en consideración que el artículo 119 de la Ley 39/20156, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé en su apartado 2 que “Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido […]”, y de acuerdo con el criterio contenido en la STS de 8 de marzo de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:890), procede retrotraer las actuaciones al momento en que, en función del artículo 19.3 de la LTAIBG, la administración educativa debía haber remitido la solicitud de acceso a la persona física afectada. Una vez sustanciado el trámite, el organismo reclamado deberá resolver la solicitud de acceso de conformidad con lo establecido en LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente a la Conselleria d’Educació i Universitats de Illes Balears. SEGUNDO: ORDENAR la retroacción de actuaciones e INSTAR a la Conselleria d’Educació i Universitats de Illes Balears, a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, en cumplimiento del artículo 19.3 de la LTAIBG, remita la solicitud de acceso a los terceros afectados por la información solicitada, para alegaciones, y tras la consideración de las mismas dicte resolución conforme a derecho. TERCERO: INSTAR a la Conselleria d’Educació i Universitats de Illes Balears a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo copia de las actuaciones llevadas a cabo. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez