Acceso a informes y documentos relacionados con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y las alegaciones presentadas

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 7 de marzo de 2024 la sociedad ahora reclamante formuló una solicitud de información pública, al Ayuntamiento de Torrelavega, en demanda de la siguiente información, en relación con la resolución denegatoria de la alegación 33 presentada por la propia empresa acerca de la revisión del PGOU: “• Informe propuesta remitido con fecha 18 de noviembre de 2022 por el Equipo Redactor de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana sobre las alegaciones formuladas. • Informe del Arquitecto Municipal, de fecha 27 de julio de 2023, sobre las alegaciones presentadas y en el que, entre otras consideraciones, se propone que se revisen por el equipo redactor una serie de alegaciones y se proponen tres propuestas de ordenación. • Documento de Toma en Consideración de la Revisión del PGOU con fecha 21 de noviembre de 2023 presentado por el Equipo Redactor de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, documento en el que se recogen las indicaciones de los informes sectoriales emitidos, y las derivadas de las alegaciones formuladas. Administración/Organismo: Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria). Plazo de ejecución: Urbanismo; informes del PGOU; arts. 12 y 13 LTAIBG. RA CTBG Número: 2025-0069 Fecha: 18/02/2025 • Informe de la Adjunto al Jefe del Servicio de Urbanismo, conformado por la Vicesecretaria, de fecha 7 de diciembre de 2023”. 2. Ante la ausencia de respuesta, el 11 de septiembre de 2024 interpuso una reclamación ante este Consejo, al amparo de la Ley 19/20131, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), registrada con número de expediente 1604-2024. 3. El 12 de septiembre de 2024 el Consejo remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Torrelavega, requiriendo la remisión de una copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y las alegaciones que se consideren pertinentes. 4. En la fecha en que se dicta esta resolución no se ha recibido contestación. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en econ/convenios/conveniosCCAA.html RA CTBG Número: 2025-0069 Fecha: 18/02/2025 poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide información sobre varios documentos que han servido para la toma en consideración de una decisión administrativa de desestimación de unas alegaciones en la fase de información pública de un procedimiento administrativo reglado, de tipo urbanístico. Como señala el reclamante, la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública dispone en su art. 13 que el plazo máximo para resolver las reclamaciones de transparencia es de 1 mes. El art. 31 de la citada norma dispone por su parte las obligaciones en materia urbanística: “Transparencia en la ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente. Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria deberán publicar: 1. Instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, y demás expedientes que, según la legislación sectorial vigente, deban estar sometidos a un período de información pública durante su tramitación, así como las memorias, informes y alegaciones que conformen tales expedientes. La publicación de la información a la que se refiere este apartado se llevará a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que pudieran incluirse en la misma, de forma que de esa información no pueda derivarse el acceso a datos relacionados con personas físicas identificadas o identificables.” 5. En presente caso, como se ha reflejado en los antecedentes, la administración no ha dictado resolución en el expediente de acceso a información pública ni ha contestado al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle ni las razones por las que no se atendió la solicitud de acceso ni la valoración de las cuestiones planteadas por el reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. Como consecuencia de ello, este Consejo ignora si, en atención a su contenido, concurre alguna circunstancia que impida la puesta a disposición de la información solicitada. Sin embargo, el incumplimiento por parte de la administración de la obligación legal de dictar una resolución expresa sobre la solicitud de acceso dentro del plazo legal, así como la falta de respuesta al requerimiento de alegaciones de este Consejo, no pueden dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública. A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º).» A la vista que cuanto antecede, dado que lo solicitado tiene la consideración de información pública, que la administración reclamada no ha justificado de forma adecuada y suficiente la concurrencia de alguna causa de inadmisión del artículo LTAIBG, ni la aplicación de alguno de los límites previstos en sus artículos 14 y LTAIBG, este Consejo debe estimar la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Torrelavega. SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de Torrelavega a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite al reclamante la siguiente información: z Informe propuesta remitido con fecha 18 de noviembre de 2022 por el Equipo Redactor de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana sobre las alegaciones formuladas. - Informe del Arquitecto Municipal, de fecha 27 de julio de 2023, sobre las alegaciones presentadas y en el que, entre otras consideraciones, se propone que se revisen por el equipo redactor una serie de alegaciones y se proponen tres propuestas de ordenación. - Documento de Toma en Consideración de la Revisión del PGOU con fecha 21 de noviembre de 2023 presentado por el Equipo Redactor de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, documento en el que se recogen las indicaciones de los informes sectoriales emitidos, y las derivadas de las alegaciones formuladas. - Informe de la Adjunto al Jefe del Servicio de Urbanismo, conformado por la Vicesecretaria, de fecha 7 de diciembre de 2023. TERCERO: INSTAR a Ayuntamiento de Torrelavega a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo copia de la información enviada a la sociedad reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez