Acceso a información sobre actividad, sanciones, presupuestos y planificación de la policía municipal de Logroño

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el 25 de junio de 2025 la persona reclamante solicitó al Ayuntamiento de Logroño la siguiente información: « 1. Datos sobre infracciones y sanciones. • Número de denuncias en aplicación de la Ordenanza municipal de fomento de la convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, precepto infringido, cuantía propuesta (o tipo de sanción o medida, si fuera distinta de la multa), y datos sociodemográficos de las personas infractoras que consten (años 2010 a 2025). • Número de sanciones firmes en aplicación de la Ordenanza municipal de fomento de la convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, cuantía recaudada por precepto, y número de sanciones firmes no recaudadas (años 2010 a 2025). • Número de denuncias realizada por la policía municipal en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (artículo 32.3), precepto infringido, cuantía propuesta (o tipo de sanción o medida, si fuera distinta de la multa), y datos sociodemográficos de las personas infractoras que consten (años 2010 a 2025). • Número de sanciones firmes impuestas por el Ayuntamiento en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana RA CTBG Número: 2026-0194 Fecha: 18/02/2026 Presidente Fecha Firma: 18/02/2026 HASH: d315d9d6a4a6cfd91a7fd23c0ab51032 (artículo 32.3), cuantía recaudada por precepto y número de sanciones firmes no recaudadas (años 2010 a 2025). • Número de sanciones impuestas por el Ayuntamiento en aplicación de la Ordenanza municipal de fomento de la convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Logroño o de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (artículo 32.3) que han sido sustituidas por medidas alternativas (trabajos en beneficio de la comunidad, sesiones formativas, actividades cívicas, etc.), por precepto infringido y tipo de medida alternativa, incluyendo datos sociodemográficos de las personas infractoras que consten (años 2010 a 2025). • Número de recursos administrativos o judiciales presentados contra sanciones impuestas por el Ayuntamiento en aplicación de la Ordenanza municipal de fomento de la convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Logroño o de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (artículo 32.3) (años 2010 a 2025). • Series anuales (años 2010 a 2025) de datos sobre infracciones penales en el municipio, por tipo de delito, incluyendo distribución por distritos o zonas del municipio y datos sociodemográficos de las personas infractoras que consten, y actuaciones de la policía municipal en materia penal; dentro de los delitos contra el orden público, desglose (años 2010 a 2025) de los datos sobre delitos de atentado, resistencia y desobediencia, incluyendo distribución por distritos o zonas del municipio y datos sociodemográficos de las personas infractoras que consten, así como actuaciones de la policía municipal en relación con esos delitos. 2. Datos sobre presupuestos y medios de la policía municipal. • Evolución de los presupuestos anuales de la policía municipal(años 2010 a 2025) • Evolución anual del volumen de personal de la policía municipal (años 2010 a 2025) 3. Documentos de regulación, planificación y evaluación en materia de seguridad y convivencia • Documentos de los expedientes de los proced imientos de elaboración normativa y de reforma de la Ordenanza municipal de fomento de la convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Logroño. En concreto: o Alegaciones presentadas en el curso del procedimiento, en el trámite de consulta pública o en otros momentos, y respuestas a las mismas. o Totalidad de los informes y dictámenes emitidos sobre los proyectos normativos. RA CTBG Número: 2026-0194 Fecha: 18/02/2026 • Contenido y resultados de la encuesta aplicada por el Ayuntamiento de Logroño en abril de 2024 para evaluar los servicios de policía local, bomberos y protección civil y emergencias. • Organigrama de la policía local con especificación de sus unidades especializadas. • Se solicitan igualmente, si los hubiere: o Documentos de planificación de las políticas de seguridad y convivencia, a nivel municipal o autonómico. o Instrumentos de coordinación entre cuerpos policiales que impliquen a la policía local (protocolos, medios de relación interadministrativa…). o Documentos de evaluación de las políticas municipales de seguridad y convivencia (evaluaciones de género, de impacto, etc.). o Documentos de impugnación por vía administrativa o judicial de la ordenanza de convivencia. Esta solicitud se formula en ejercicio del derecho reconocido en el art. 105.b) de la Constitución española, el art. 13.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de los arts. 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de los arts. 22 y siguientes de la Ordenanza reguladora de la Transparencia, de Acceso a la Información, Reutilización de Datos y Bueno Gobierno del Ayuntamiento de Logroño. La consulta tiene, exclusivamente, una finalidad de investigación académica en el marco de los objetivos de los proyectos de investigación citados en el encabezamiento. No se solicita el acceso a datos de carácter personal que, en caso de existir en la documentación solicitada, podrían ser objeto de disociación sin afectar a la finalidad de la solicitud. Cuando la información requerida se refiere al periodo 2010-2025, solicito que se me remitan los datos disponibles incluso si solo fuera posible recabar lapsos parciales o discontinuos» 2. Ante la falta de respuesta, el 8 de septiembre de 2025, la persona solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), registrada con número de expediente 2656/2025. 3. Con fecha 16 de diciembre de 2025, el Consejo trasladó la reclamación al Ayuntamiento reclamado solicitando la remisión de la copia completa del https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887 8 expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y un informe con las alegaciones que considerara pertinentes. A la fecha de adoptarse la presente resolución no se ha recibido respuesta al requerimiento efectuado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio. En aplicación de dicha previsión, han suscrito convenio con el Consejo las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, e Illes Balears, así como con las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla . 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2024-15944 Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. econ/convenios/conveniosCCAA.html naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información relativa cifras de actividad en materia de seguridad ciudadana. 5. En el presente caso, como se ha indicado en los antecedentes, la administración concernida no ha dado respuesta a la solicitud de acceso a la información ni al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle ni las razones por las que no se atendió la solicitud de acceso ni la valoración de las cuestiones planteadas por la reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. Como consecuencia de ello, este Consejo ignora si, en atención a su contenido, concurre alguna circunstancia que impida la puesta a disposición de la información solicitada. Sin embargo, el incumplimiento por parte de la administración de la obligación legal de dictar una resolución expresa sobre la solicitud de acceso dentro del plazo legal, así como la falta de respuesta al requerimiento de alegaciones de este Consejo, no pueden dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública. A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º)». En consecuencia, dado que los datos solicitados tiene la naturaleza de información pública cuyo acceso reviste un indudable interés público para conocer el funcionamiento de los servicios públicos de su competencia, y que la administración reclamada no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 , este Consejo debe estimar la reclamación presentada y reconocer del derecho al acceso a la información pública solicitada que obre en poder del ente reclamado. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Logroño (La Rioja). SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de Logroño a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite a la persona reclamante la información solicitada que obre en su poder. TERCERO: INSTAR al Ayuntamiento de Logroño a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada a la entidad reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, LTAIBG, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez