Solicitud de información sobre modificación catastral de finca y resultado de inadmisión

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 472/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó a la DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO (MINISTERIO DE HACIENDA), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 20 de ABRIL de 2019 la siguiente información: 1. Que he sido notificada por las Agencia Administración Tributaria Estatal la recibir mis datos fiscales que se ha producido una modificación en la finca sita en calle Salas de los Infantes referencia 2. Que consultada la Sede Electrónica del Catastro se ha producido una alteración de la finca, de la que soy copropietaria, en virtud de un expediente de rectificación de errores materiales e instado por , sin que haya sido notificado ni se me haya dado audiencia. S/REF: N/REF: R/0472/2019; 100-002706 Fecha: 22 de julio de 2019 Dirección: Admin istración/Organismo: Ministerio de Hacienda/Dirección General del Catastro Información solicitada: Modificación catastral de finca Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones 3. Que como consecuencia de ello se produce una segregación de mi finca, se modifica la base imponible del IBI y la cuota, y todo ello en base a un error material. 4. Que es constante y pacífico el concepto de error material o de hecho tiene un ámbito de actuación muy estricto y se caracteriza por ser ostensible, manifiesto y que se exterioriza sin razonamientos por su mera contemplación, sin necesidad de calificación jurídica y que no padezca o altere la subsistencia de un acto administrativo previo, es decir que no lo anule, modifique o revoque, o cree un nuevo derecho subjetivo nuevo sin que pueda el Catastro bajo pretexto de una rectificación encubrir una autentica revocación. 5. Por ello y en base a Ley 58/2003 que en su artículo 34 consagra el derecho a ser informado; del 5.b) y e) de la Ley 39/2015, del art 13,d) de dicha Ley en relación al derecho de información pública a dicho expediente, de conformidad con la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública. Solicito que se me informe y se detalle los términos de dicha alteración por cuanto pudiera suponer una afectación de mis derechos de propiedad. No consta respuesta de la Administración. 2. Ante esta falta de contestación, la reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 5 de julio de 2019, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: Conocí por la información fiscal para la renta que el Catastro en una supuesta rectificación de errores había modificado los linderos, y superficie de la finca sita en Madrid ref , y por tanto aunque interesado no fui parte del procedimiento. Por ello solicité al Catastro con fecha de 20/04/2019, en la Sede electrónica información que no he recibido, sin embargo mi solicitud fue cerrada sin darme la información correspondiente y sin notificarme, circunstancia que pude obtener de la propia Sede, en que consta mi solicitud y el cierre. Por ello solicito que se me informe de las alteraciones realizadas y los motivos para no informar. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como " los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Con objeto de resolver la cuestión planteada en la presente Reclamación, este Consejo de Transparencia considera necesario clarificar algunas cuestiones relativas a su competencia para conocer la presente Reclamación. Así, debe señalarse lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera, apartado 2, de la LTAIBG, que señala que Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. Con fecha 12 de noviembre de 2015, en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas por el art. 38.2 a) de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno aprobó su Criterio Interpretativo nº CI/008/2015 , relativo al concepto de normativa específica al que hace referencia la Disposición Adicional Primera, indicando en su apartado dos lo siguiente: (...) Sólo en el caso de que una norma concreta establezca un régimen específico de acceso a la información pública en una determinada materia o área de actuación administrativa, puede entenderse que las normas de la LTAIBG no son de aplicación directa y operan como normas supletorias. En opinión del Consejo, la mencionada Disposición Adicional tiene como objetivo la preservación de otros regímenes de acceso a la información que hayan sido o puedan ser https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html aprobados y que tengan en cuenta las características de la información que se solicita, delimite los legitimados a acceder a la misma, prevea condiciones de acceso etc. Por ello, sólo cuando la norma en cuestión contenga una regulación específica del acceso a la información, por más que regule exhaustivamente otros trámites o aspectos del procedimiento, podrá considerarse a la LTAIBG como supletoria en todo lo relacionado con dicho acceso. La interpretación contraria conduciría, adicionalmente, al absurdo de que sectores enteros de la actividad pública o determinados órganos territoriales quedaran exceptuados de la aplicación del régimen de acceso previsto en la LTAIBG, siendo ésta, como es, una ley básica y de general aplicación. En definitiva, solamente aquellos sectores u órganos que cuenten con una normativa que prevea un régimen específico de acceso a la información que los redactores de la LTAIBG han entendido necesario preservar, aplicarán directamente dicho régimen y siempre con ésta última como norma supletoria. Teniendo en cuenta este Criterio, procede analizar a continuación si la normativa catastral regula una normativa específica en materia de acceso a la información. A este respecto, debe tenerse especialmente en cuenta que el Título VI del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario titulado, precisamente, Del acceso a la información catastral. Entre las disposiciones de dicho Título están, efectivamente, una definición de los datos que pueden proporcionarse (entendiendo a sensu contrario el artículo 51, relativo a los datos protegidos), los titulares del derecho (artículo 52: todos podrán acceder a la información de los inmuebles de su titularidad y a la información de datos no protegidos contenidos en el Catastro Inmobiliario), el régimen de acceso para los datos calificados como protegidos (artículo 53) y las vías de recurso a disposición de los solicitantes de información catastral. Todas estas disposiciones conforman, a juicio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, una normativa específica en materia de acceso. 4. Teniendo en cuenta lo anterior, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la información objeto de solicitud, relativa a la modificación en la finca sita en calle Salas de los Infantes referencia , y que según la reclamante como consecuencia de ello se produce una segregación de mi finca, se modifica la base imponible del IBI, se enmarca claramente dentro de la normativa que regula la información catastral, incluidas las vías de impugnación previstas. Por lo tanto, de acuerdo con los argumentos expuestos anteriormente, y tal y como viene manteniendo reiteradamente este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (por ejemplo, en los expedientes de reclamación R/0391 , 0489 y 0556 , todos de 2017), se considera que, a la información solicitada le es de aplicación un régimen específico de acceso (incluidas las vías de impugnación) y que, en consecuencia y derivado de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG antes mencionada, no es de aplicación esta norma. Por lo expuesto, debemos concluir que la presente Reclamación debe ser inadmitida. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR a trámite la Reclamación presentada por la , con entrada el 5 de julio de 2019, contra la DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO (MINISTERIO DE HACIENDA), sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2017/09.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2017/11.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/01.html