Reclamación sobre el acceso a la información de las retribuciones del personal directivo de RTVE

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 657/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a la Corporación RTVE, al amparo de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) y con fecha 29 de junio de 2020, la siguiente información: Solicito la siguiente información desglosada para todos y cada uno de los años entre el 2016 y 2020: - Retribuciones cobradas por el personal directivo y resto de altos cargos de RTVE (todos y cada uno de ellos, como son, entre muchos otros, la administradora única o director de RTVE, subdirectores y directores de TVE, RNE..., o directores y subdirectores de comunicación, de servicios informativos, generales corporativos, de programas de entretenimiento, etcétera). S/REF: 001-044194 N/REF: R/0657/2020; 100-004238 Fecha: La de la firma Reclamante Dirección Administración/Organismo: Corporación Radio Televisión Española Información solicitada: Retribuciones personal directivo CRTVE Subdirección General de Reclamaciones Solicito que se indique para cada año el nombre del miembro del personal directivo o alto cargo, el puesto exacto que ocupa en el organigrama de RTVE y cuánto ha cobrado ese año desglosado en los conceptos de cada remuneración (incluido sueldo, dietas y otro cualquier tipo de retribución) y en el mes o fecha que ha cobrado cada remuneración. Recuerdo que se trata de información pública tal y como ha considerado el Consejo de Transparencia y como ha confirmado el Tribunal Supremo tras el recurso de casación 7550/2018. No cabe, por lo tanto, ningún límite que aplicar que pueda menoscabar el derecho de acceso a esta información. 2. Mediante resolución firmada el 3 de septiembre de 2020, la Corporación RTVE contestó al solicitante lo siguiente: (…) III. Aplicación a la Corporación RTVE En la Corporación RTVE distinguimos entre alta dirección, directores y directores de área, como segundo y tercer nivel directivo. Pues bien, sólo la alta dirección equivaldría a los directivos en el sentido recogido en los Reales Decretos 1382/1985 y 451/2012, así como a quienes ejercen puesto de alto nivel a que hace referencia el CI/001/2015 y las R/0541/2016 y R/0423/2015 del propio CTBG. Lo anterior, por cuanto que son los únicos que, en dependencia del Presidente y del órgano de administración, y tan sólo limitados por las instrucciones y criterios de éstos: a) ejercitan funciones separadas con autonomía y responsabilidad; b) ostentan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativa a los objetivos generales de la misma y, e) participan en la toma de decisiones en actos fundamentales de gestión de la actividad empresarial. En cuanto al resto de directores y directores de área o de segundo y tercer nivel no ejercen funciones separadas con plena autonomía, ni participan en la gestión de la actividad empresarial, limitándose a seguir las directrices de la alta dirección en su concreta área de actividad, sin que puedan tomar decisiones estratégicas manteniendo una dependencia jerárquica y funcional claramente establecida. IV. Protección de datos personales. Establece el número 5 del artículo 15 de la LTBG que "La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso." Quiere esto decir que el solicitante de información no puede hacer tratamiento alguno de los datos personales contenidos en la resolución (lo que incluye la cesión de tales datos) sin el expreso consentimiento de los afectados o interesados; todo ello de conformidad a la legislación en la materia, y en concreto a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales (en adelante, LOPD) que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, recoge el principio del consentimiento. Así cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas, entendiendo por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Las multas impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por tratamiento inconsentido de datos pueden alcanzar los 20. 000. 000 de euros, tal y como previene el número 2, apartado 5 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Además de lo anterior, la Corporación RTVE como empresa pública debe asegurarse la escrupulosa salvaguarda del derecho fundamental a la intimidad regulado en el artículo 18 de la Constitución Española, de todos sus trabajadores. V. Retribución Administradora provisional única Respecto a la solicitud planteada, se informa que la retribución de la Administradora provisional única se rige por lo establecido en el artículo 15.4 de la Ley 17/2006, de 5 de junio , de la radio y la televisión de titularidad estatal (modificado por el apartado ocho del artículo 1 del Real Decreto-Ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE), conforme al cual "el Presidente del Consejo de Administración percibirá las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial y otras entidades" Este precepto, aunque referido a la figura del Presidente de la Corporación RTVE, es de aplicación para el cargo de la Administradora provisional, ya que como dice el Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente en el número 6 de su artículo único, "el administrador provisional único se encargará de la administración y representación de la Corporación hasta que se produzcan los nombramientos de los consejeros de acuerdo con la normativa a la que se refiere la disposición transitoria segunda de la Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. En el ejercicio de sus funciones, ostentará las competencias que la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, atribuye al Consejo de Administración y al Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo." En este sentido la retribución en cómputo anual fijada para la Administradora provisional de la Corporación RTVE es la dimanante del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, como consecuencia de la clasificación de la Corporación RTVE dentro de las entidades del grupo 1, y la misma consta publicada en la página web de RTVE, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II ("Publicidad Activa") del Título 1 de la Ley 19/2013, y concretamente en el siguiente enlace: A esta respuesta acompañaba anexo con las retribuciones anuales de la alta dirección de la Corporación. 3. Ante esta contestación, con fecha de entrada el 3 de octubre de 2020, el solicitante presentó al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la que indicaba lo siguiente: RTVE alega la protección de datos personales para no facilitarme el nombre de los altos cargos junto a sus retribuciones. De hecho, facilitan un anexo indicando el gasto en salario para cada año y cada puesto, pero no indican la persona que lo cobra. Hay años que un mismo puesto lo ocupan varias personas y, por lo tanto, no se puede conocer el desglose real de cuánto ha cobrado cada uno. Al tratarse de altos cargos el derecho de acceso prevalece sobre la protección de datos. Y deberían facilitarme la información tal y como la había solicitado indicando para cada año el nombre de cada persona, qué cargo ocupaba, y cuánto cobró de forma desglosada. De hecho, ha habido otras empresas públicas o ministerios que han facilitado la información de esta forma sobre sus asesores. Sobre los altos cargos de los ministerios esta información es directamente pública de forma activa y se puede encontrar incluso en el Portal de la Transparencia. Debería, por lo tanto, seguirse el mismo criterio con los altos cargos de RTVE. Incluso ya lo estimó así el Consejo de Transparencia en una reclamación anterior y la Justicia dio la razón al criterio del Consejo. Del mismo modo, el desglose que pedía era por lo menos mensual o que se incluyera en qué fecha cobraron cada vez. Pido, por lo tanto, que también se estime mi reclamación en este punto y deban facilitarme todo desglosado por lo menos de forma mensual. También pedía que se desglosara la remuneración en los diferentes conceptos como puede ser sueldo base, dietas, pluses o cualquier otro tipo de retribución. Solicito que se me detalle de esta forma y no en un global de remuneración percibida como han hecho. Si RTVE tiene esta información de forma agregada también la tiene desglosada en los distintos conceptos, ya que tenerla de esta manera es la única forma de poder agregarla y conocer la retribución total. Al fin y al cabo, se trata de rendir cuentas y dar a conocer el gasto de fondos públicos. Queda claro, por lo tanto, el carácter público de la información y desglose solicitados. En el caso de la administradora provisional única se refieren únicamente a un real decreto que regula su salario, pero no me facilitan cuál ha sido el sueldo real y definitivo para cada año y mes como yo pedía, incluyendo, además, cualquier tipo de retribución como pueden ser dietas o pluses. Por lo tanto, la existencia del real decreto no es óbice para entregarme la información del sueldo de la persona que ocupa ese cargo y en la forma y desglose que yo he solicitado. Del mismo modo, antes de la administradora hubo presidentes de RTVE, que, además, ejercieron en los años solicitados en mi petición. Por lo tanto, también me deberían desglosar sus sueldos tal y como solicité porque se trata de altos cargos de RTVE en el periodo que he solicitado. Esa información tampoco la han incluido en lo que me entregan y del mismo modo que el resto es información de carácter público que deben entregar para rendir cuentas sobre altos cargos de la administración y sobre el gasto de fondos públicos. 4. Con fecha 5 de octubre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la Corporación RTVE, a través de la Unidad de Información de Transparencia y al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. Mediante escrito de entrada el 28 de octubre de 2020, la CRTVE realizó las siguientes alegaciones: Tercera. - Debemos reiterar el criterio general interpretativo mantenido por el CTBG CI/001/2015, de 24 de junio de 2015, sobre las relaciones de puestos de trabajo y retribuciones en el sector público. Recordando, en este caso, el conflicto que se plantea entre derecho de acceso a la información solicitada por los ciudadanos, con el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de los afectados. Por ello, en cuanto a la identificación de los empleados públicos y las retribuciones asignadas a los mismos, el CI establece que al estar en juego datos personales, debe hacerse la ponderación prevista en el artículo 15.3 de la LTAIBG, debiendo tenerse en cuenta a los efectos de dicha ponderación, que sólo cuando el empleado público ocupe un puesto de trabajo de especial confianza, ''un puesto de alto nivel en la jerarquía del órgano, organismo o entidad': se entenderá que prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o la protección de datos de carácter personal. Para el resto de cargos directivos o no directivos, habrá que ponderar el grado de nivel jerárquico y de discrecionalidad en su provisión. Y dispone el artículo 1.2 del RD 1382/1985 de Alta Dirección “se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores que ejerzan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad'. El referido Real Decreto (art. l. Cuatro) resulta también de aplicación a los máximos responsables y personal directivo a que se refiere el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, sobre régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, que no estén vinculados por una relación mercantil. Según este último Real Decreto 451/2012, son directivos "quienes, formando parte del consejo de administración, de los órganos superiores de gobierno o administración, o actuando bajo su dependencia o la del máximo responsable, ejerzan fundones separadas con autonomía y responsabilidad, solo limitadas por los criterios e instrucciones emanadas del máximo responsable o de los citados órganos de las entidades previstas en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 2 de este real decreto'. Según lo anterior, el personal de alta dirección es el que ejercita poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, de lo que se deduce que se trata de una delegación de primer grado cuyo ámbito de acción es la empresa en su totalidad, sin que sea suficiente la mera asignación de un sector o departamento. Por ello, la alta dirección equivaldría a los directivos en el sentido recogido en los Reales Decretos 1382/1985 y 451/2012, así como a quienes ejercen puesto de alto nivel a que hace referencia el CI/001/2015 y las R/0541/2016 y R/0423/2015 del propio CTBG, tal como queda argumentado en la resolución previa de esta petición de información pública. En cuanto al resto de directivos de área o de segundo nivel no ejercen funciones separadas con plena autonomía, ni participan en la gestión de la actividad empresa rial, limitándose a seguir las directrices de la AD en su concreta área de actividad, sin que puedan tomar decisiones estratégicas manteniendo una dependencia jerárquica y funcional claramente establecida, sin que puedan definirse como "máximo responsables". Entendemos, en consecuencia, que no es posible dar información sobre las retribuciones del resto de personal directivo de conformidad a lo alegado en este escrito, al quedar amparados por el derecho a la protección de datos personales, artículo 15 de la LTAIBG. La Corporación RTVE como empresa pública debe asegurarse la salvaguarda del derecho fundamental a la intimidad regulado en el artículo 18 de la Constitución Española, de todos sus trabajadores, así como el cumplimiento de las obligaciones en materia de información pública y transparencia, que entendemos quedan perfectamente atendidas con la información facilitada. 5. El 30 de octubre de 2020, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , se concedió Audiencia del expediente al solicitante para que, a la vista del mismo y en el plazo de 10 días hábiles, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. El mismo día tuvo entrada la respuesta al trámite de audiencia y en la misma se indicaba lo siguiente: RTVE únicamente alega que hay directivos de segundo nivel sobre los que no deben entregar los datos. Debido a que son altos cargos de RTVE considero que prevalece el derecho de acceso, ya que la ciudadanía tiene derecho a conocer sus retribuciones. Es gasto de dinero y fondos públicos y, por lo tanto, prevalece la rendición de cuentas de la Administración. También alegan que no pueden dar información del presente año por no haber terminado, pero yo pedía el desglose mensual. Por lo tanto si pueden entregarlo hasta la actualidad como había solicitado. Por todo ello, me reitero en todo lo que ya había expresado en mi reclamación y solicito que siga adelante con ella, ya que hay datos que no me aportan como el nombre de los directivos y lo que han cobrado exactamente cada uno o el desglose mensual. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, y en atención a la solicitud de información planteada, debemos recordar que el acceso a la información solicitada ya ha sido analizado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones. Entre todas, destacamos la reciente R/0652/2020, en la que la CRTVE presentó los mismos argumentos que en el presente expediente para fundamentar el acceso parcial a la información solicitada y en el que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno razonó lo siguiente: 4. Respecto al fondo del asunto, se considera necesario señalar, como ya ha manifestado el Sindicato reclamante, que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha pronunciado anteriormente sobre esta misma cuestión - Retribución anual bruta percibida en 2014 y 2015 por el personal directivo de la Corporación CRTVE- en la reclamación R/541/2016 , en cuya resolución se concluía lo siguiente: 8. Por otro lado, y entrando ya en el fondo del asunto, esto es, la retribución anual bruta percibida en 2014 y 2015 por el personal directivo de la Corporación CRTVE debe tenerse en cuenta que este Consejo de Transparencia ya ha resuelto en expedientes ya tramitados con anterioridad acerca del acceso a información retributiva de cargos directivos de entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la LTAIBG. Todos los casos han sido analizados a la luz de lo dispuesto sobre esta cuestión en el Criterio Interpretativo CI/001/2015, aprobado por este Consejo de Transparencia – en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas en el artículo 38.2 a) de la LTAIBG- y la Agencia Española de Protección de Datos, el 24 de junio de 2015, que se pronuncia de la siguiente forma: A. “En principio y con carácter general, la información referida a la RPT, catálogo o plantilla orgánica, con o sin identificación de los empleados o funcionarios públicos ocupantes de los puestos, se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano de modo que, conforme al artículo 15, número 2, de la LTAIBG, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación, se concederá el acceso a la información B. Ello no obstante y en todo caso: a) La información –siempre en el supuesto de que resulte obligado facilitarla conforme a las reglas del anterior apartado A- no se facilitará cuando el acceso suponga un perjuicio para uno o varios de los bienes enumerados en el artículo 14.1 de la LTAIBG y la limitación sea justificada, proporcionada a su objeto y finalidad de protección y haya tenido en cuenta las circunstancias del caso concreto, especialmente la concurrencia en el mismo de un interés superior que justifique el acceso. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE.html b) Tampoco se facilitará cuando el acceso afecte a uno o varios empleados o funcionarios públicos que se encuentren en una situación de protección especial – p. ej. la de víctima de violencia de género o la de sujeto a una amenaza terrorista-, que pueda resultar agravada por la divulgación de la información relativa al puesto de trabajo que ocupan. En este último caso, si el órgano, organismo o entidad responsable de la información tuviera conocimiento o pudiera deducir razonablemente de la información de que dispusiese que alguno o algunos de los empleados concernidos por una solicitud de información pudiera hallarse en una situación de protección especial, deberá recabar del o los afectados la información nec esaria para dilucidar si efectivamente se da el supuesto y proceder en consecuencia con la respuesta. Información referida al puesto de trabajo desempeñado por uno o varios empleados o funcionarios públicos o a las retribuciones asignadas a uno o varios puestos de trabajo determinados. a) Con carácter general, cuando el empleado público ocupe un puesto de especial confianza, un puesto de alto nivel en la jerarquía del órgano, organismo o entidad o un puesto que se provea mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad, ha de entenderse que prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o la protección de datos de carácter personal. Y ello porque, en los tres casos, el interés de los ciudadanos por conocer las retribuciones de los empleados públicos que ocupan ese tipo de puestos conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el modo en que se emplean los recursos públicos y prima sobre el interés individual en la preservación de la intimidad o los datos de carácter personal. b) En este sentido -y sin perjuicio de lo que se ha dicho en los antecedentes de este escrito sobre el carácter flexible y genérico de los criterios interpretativos contenidos en el mismo y sobre la competencia exclusiva de las Unidades de Información para resolver y evaluar en cada caso concreto-, con el fin de contribuir a la más clara comprensión de las reglas establecidas en el precedente apartado a) y a título meramente ejemplificativo, puede decirse que el órgano, organismo o entidad responsable de la información concedería el acceso a la información sobre las retribuciones correspondientes a: -Personal eventual de asesoramiento y especial confianza –asesores en los Gabinetes de Ministros y Secretarios de Estado-, aunque sean funcionarios de carrera en situación especial. -Personal directivo, esto es: a) El personal expresamente identificado como tal en los Estatutos de las Agencias Estatales, los organismos y los entes públicos; b) Los Subdirectores Generales; c) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y c) Los cargos equivalentes en las fundaciones públicas y las sociedades mercantiles. -Personal no directivo de libre designación. En este caso, la prevalencia del interés público sobre los derechos individuales es decreciente en función del nivel jerárquico del empleado o funcionario público, considerándose que en los puestos de nivel 30 no Subdirectores Generales o asimilados, 29 y 28 –éstos últimos siempre que sean de libre designación- o equivalentes, podría prevalecer, con carácter general, el interés público en la divulgación de la información relativa a las retribuciones de los puestos provistos con un grado de discrecionalidad sobre el interés individual en la preservación de la intimidad y los datos de carácter personal y que en los puestos de niveles inferiores prevalecería, con carácter general, el interés individual en la protección de los derechos fundamentales citados. A. En todo caso, la información sobre las retribuciones se facilitará en cómputo anual y en términos íntegros, sin incluir deducciones ni desglose de conceptos retributivos. La razón es que el conocimiento de estos datos puede permitir el acceso a datos de carácter personal especialmente protegidos en los términos del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), esto es, datos reveladores de la ideología, la afiliación sindical, la religión y las creencias y datos referentes al origen racial, a la salud y a la vida sexual. Si la solicitud de información requiere expresamente el desglose de las retribuciones o su importe líquido habrán de aplicarse las normas del mencionado precepto de la LOPD. B. También en todo caso, y en el supuesto de que resulte obligado facilitar la información, se observará lo señalado en la regla B del precedente epígrafe 1 respecto a la aplicación del artículo 14.1 de la LTAIBG y a las situaciones especiales de los funcionarios o empleados públicos que desaconsejen el suministro de la información. Información referente a las retribuciones vinculadas a la productividad o al rendimiento, con identificación o no de sus perceptores, e información relativa al complemento de productividad o incentivo al rendimiento percibido por uno o varios funcionarios o empleados públicos determinados. Igualmente, con carácter general, los complementos o incentivos vinculados a la productividad o al rendimiento no tienen carácter permanente sino coyuntural pues están dirigidos a retribuir un rendimiento o productividad especial, que no tiene por qué producirse de forma continuada. Por ello, la información, caso de facilitarse, deberá incluir la expresa advertencia de que corresponde a un período determinado y que no tiene por qué percibirse en el futuro con la misma cuantía. Hechas estas salvedades, los criterios expuestos en los precedentes apartados A y B serían de aplicación al caso de las retribuciones ligadas al rendimiento o la productividad: cuando la información solicitada no incluya la identificación de los perceptores, con carácter general debe facilitarse la cuantía global correspondiente al órgano, centro u organismo de que se trate; cuando incluya la identificación de todos o alguno de sus perceptores, debe realizarse la ponderación de intereses y derechos prevista en el artículo 15.3 de la LTAIBG y resolverse de acuerdo a los criterios expuestos en los mencionados apartados. 9. Debe señalarse también que el asunto que ahora se plantea ya ha sido tratado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el expediente con número de referencia R/0423/2015, finalizado mediante resolución dictada el 21 de enero de 2016. En dicha resolución, que analizaba la solicitud de información de las retribuciones de la sociedad Ingeniería y Economía del Transporte S.A. (INECO) una sociedad mercantil estatal dependiente del Ministerio de Fomento a través de sus accionistas: ADIF, ADIF alta velocidad, RENFE y ENAIRE, se especificaba lo siguiente: Aplicados estos criterios al presente caso, en el que el Reclamante solicita información sobre las retribuciones del equipo directivo de INECO, en el entendido de que se trata de personal que, precisamente por su calificación de directivo, desempeña funciones de responsabilidad en la organización, debe concluirse que prevalece el interés general sobre el interés individual y que la protección de datos personales debe decaer frente a dicho interés general. Esto es así por cuanto el interés de los ciudadanos por conocer las retribuciones de los empleados de sociedades mercantiles,-y más como sería este caso en el que es participada en su totalidad por entidades públicas- que ocupan ese tipo de puestos conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el modo en que se emplean los recursos públicos. La mencionada resolución fue objeto de recurso contencioso-administrativo, resuelto mediante sentencia Nº 138/2016 dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid el 17 de octubre de 2016 en la que se concluía la desestimación del recurso planteado por INECO en atención a las siguientes consideraciones: “Resulta por lo tanto irrelevante a los efectos que nos ocupan que se trate de una persona jurídico-privada (sociedad anónima), que no pueda ser calificada como Administración Pública, que lleve a cabo su actividad social en un marco de mercado, compitiendo con otras sociedades del sector, que lo haga con ánimo de lucro como objetivo principal y asumiendo los riesgos derivados de su actividad e, incluso, la pretendida escasa relevancia de la eventual financiación pública, que se postula en la demanda afirmando que se nutre de sus propios resultados, afirmación esta última que no puede compartirse a la vista de los datos reflejados en su contabilidad, puesto que la inmensa mayoría de estos ingresos proceden del sector público, pero, en cualquier caso, ha de insistirse, lo definitivo es que todo su capital social pertenece íntegramente a las Entidades Públicas Empresariales relacionadas más arriba y por ello encaja en la descripción del sujeto pasivo contenida en el precepto igualmente referido. Se pretende establecer por lo tanto un derecho de acceso a la información en términos amplios que no resulta compatible con la pretensión de excluir de su ámbito una sociedad mercantil cuyo capital es íntegramente público, como también lo es la mayor parte de sus ingresos por actividad. (…) Sostiene a continuación la demandante que sólo el Presidente de INECO ha de ser considerado alto cargo, (…) y por ello sus retribuciones anuales son debidamente publicadas en el portal de transparencia, pero como el resto de las personas respecto de las cuales se solicita la información relativa a sus salarios no cumplen los requisitos necesarios para ser considerados ni altos cargos ni máximos responsables de INECO, incluso la mayoría de ellos ni tan siquiera tiene la condición de directivos, no existiría a juicio de INECO obligación de facilitar la información solicitada, puesto que el artículo 8.1. f) de la Ley de Transparencia establece: “Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa, con repercusión económica y presupuestaria que se indican a continuación:...f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título…”. No podemos compartir este criterio, que supone una limitación no establecida legalmente del derecho de acceso a la información. Tal y como afirma la demandada en su escrito de conclusiones los directores de INECO aparecen en el organigrama de la entidad, en su página web y en la memoria anual de la sociedad. Están publicados en la pestaña “transparencia” de la web institucional de INECO con un enlace vinculado a “directiva”. A través de la pestaña correspondiente a “Organigrama” se accede a la página donde se muestra al presidente y a los 13 directivos con acceso a sus perfiles, conteniendo una fotografía, el nombre y la denominación Director o Directora de cada una de las distintas áreas, bajo el título “conoce a nuestro equipo directivo”. De conformidad por lo tanto con la propia información corporativa publicada por INECO las personas respecto de cuyos salarios se solicita información estarían incluidas en el concepto de personal directivo, entendido como aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad. Son personal de alta dirección, en los términos del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, a las que también se extiende la obligación de información. Como quiera además que la Ley considera como información pública, en su artículo 13, los contenidos que obren en poder de alguno de los sujetos obligados que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, han de ser incluidas en dicho concepto las retribuciones del personal de alta dirección, siendo por tanto susceptibles del ejercicio del derecho de acceso por cualquier persona en los términos que establece la Ley en su artículo 12. Debemos distinguir, a la vista de la diferente regulación establecida en la Ley, entre la obligación de publicación de información que pesa sobre INECO, en tanto sujeto obligado por la Ley, en la que estaría incluida la publicación de la retribución del Presidente de INECO como directivo de la entidad (información activa), de la obligación de facilitar el acceso a la información que posean las entidades obligadas a quienes así lo soliciten, información entre la que se encuentra la relativa a las retribuciones percibidas por el equipo directivo en los términos de su artículo 13 (derecho de acceso a la información). La naturaleza de la vinculación del Presidente o del Personal Directivo con INECO, en concreto que la de aquél se articule a través de un contrato mercantil y la de éstos con contratos laborales, carece de trascendencia alguna para resolver la cuestión objeto de debate, puesto que lo relevante es que los salarios de ambos, Presidente y Directivos, constituyen la información a que se refiere el artículo 13 de la ley, que resulta relevante para que los ciudadanos, en concreto el solicitante, puedan conocer cómo se manejan los fondos públicos que configuran íntegramente el capital social de INECO, así como la parte más relevante de sus ingresos. (..) Además en la resolución se afirma que el Consejo de Transparencia tiene asentado un criterio respecto de la información referida a las retribuciones asignadas a uno o varios puestos de trabajo determinados y a su incidencia o no en la protección de datos personales, criterio (Cl/001/2015, de 24 de junio) que ha sido firmado conjuntamente con la Agencia Española de Protección de Datos. El criterio exige que se lleve a cabo la ponderación de intereses y derechos prevista en el artículo 15.3 de la Ley, a la que nos referimos más arriba, y continúa diciendo la resolución:”...lo que exige valorar el alcance del interés público en la divulgación de la información al que se refiere el precepto como favorecedor del acceso a la información pública. De este modo, con carácter general, habrá que entender que, en cuanto el acceso a la información contribuya a un mejor conocimiento de los criterios de organización y funcionamiento de las instituciones o a la asignación de los recursos, cabrá considerar la existencia de un interés público prevalente sobre los derechos a la protección de datos y a la intimidad en los términos y con las excepciones establecidas por la LTAIBG. Por el contrario, cuando la información no contribuya a un mayor conocimiento de la organización y funcionamiento de las instituciones o' de la asignación de los recursos públicos, prevalecerá el respeto a los derechos a la protección de datos o la intimidad...”. Esta exigencia se considera que se cumple cuando la información solicitada se refiere únicamente a las retribuciones del personal de alto nivel de responsabilidad y mayor autonomía en la toma de decisiones o a aquellos cuya provisión se realice con un cierto grado de discrecionalidad o se justifique en la existencia de una especial relación de confianza, supuestos en los que prevalecerá, como regla general el interés público sobre la protección de datos y la intimidad. A continuación se desarrolla en la resolución el criterio de una forma más pormenorizada y que es respetuosa con las normas establecidas en la Ley de Protección de Datos. Finalmente solicita INECO, con carácter subsidiario, que en caso de considerarse necesario facilitar la información solicitada, debería proporcionarse de manera agregada, como un conjunto de información que no permita la identificación inequívoca de los titulares de los datos, posibilidad recogida en el art. 15.4 de la Ley, pero dicho precepto opera cuando no sean de aplicación sus apartados anteriores, circunstancia que no se da en el supuesto de autos. 2. En definitiva, debe entenderse que el acceso a la información solicitada, relativa a las retribuciones de personal directivo de una sociedad mercantil con participación 100% pública y financiada con cargo a los presupuestos generales del Estado, como es el caso de la CRTVE ha sido avalado tanto por el criterio interpretativo aprobado conjuntamente por este Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de Datos como por los Tribunales de Justicia. Por ello, la presente reclamación debe ser estimada, por lo que la CRTVE debe proporcionar al solicitante la siguiente información: Retribución anual bruta percibida en 2014 y 2015 por el personal directivo de la Corporación CRTVE. En la información que se solicita se pide que se identifique claramente al perceptor, el literal del puesto del organigrama y su retribución realmente percibida en 2014 y 2015 para todo el personal que haya ocupado un puesto de dirección y subdirección en este periodo. 5. Asimismo, conforme ha puesto de manifiesto el sindicato reclamante, cabe señalar que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, mediante Sentencia núm. 852/2020 de 22 de junio de 2020, desestimó el recurso de casación 7550/2018 interpuesto por la representación de la CORPORACIÓN DE RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA SA (RTVE) contra la sentencia de 24 de septiembre de 2018, de la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso de Apelación 49/2018, interpuesto a su vez contra la sentencia de 6 de marzo de 2018 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6, dictada en el procedimiento Ordinario 17/2017. De la citada Sentencia de 6 de marzo de 2018 del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo nº 6, dictada en el procedimiento Ordinario 17/2017, podemos destacar lo siguiente: No es atendible este último razonamiento, porque, a tenor de lo que se ha razonado, el CTBG no ha infringido el procedimiento establecido para dictar su resolución. Además de lo cual las retribuciones que puedan percibir personas que ejerzan cargos públicos o sean personal directivo de una entidad incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 19/2013, no constituyen datos de carácter personal especialmente protegidos ni afectan al derecho de intimidad de tales cargos, pues no resultan incluidos en el ámbito del art 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en tanto que no se refieren a ideología, afiliación sindical, religión y creencias, ni tampoco al origen racial o étnico, o vida sexual. Por ello no resulta aplicable la especial ponderación a que se refiere el art. 15.3 de la Ley de Transparencia. Tampoco resulta exigible la sustanciación de un trámite previo de alegaciones con los directivos cuyas retribuciones anuales se reclama conocer ex art. 19.3 de la ley citada, por cuanto no se justifica que la información solicitada pueda afectar a sus derechos o intereses, sin que tampoco resulte tal afectación del mero hecho del suministro del dato retributivo, o del puesto del organigrama que desempeña con la identificación de su perceptor. De la sentencia de 24 de septiembre de 2018, de la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso de Apelación 49/2018, podemos destacar lo siguiente: CUARTO: Y en cuanto al contenido de la solicitud de información referida a la retribución anual bruta percibida en 2014 y 2015 por el personal directivo de la CRTVE es una información que no se incardina dentro del art. 7 de la LOPD y son datos que son susceptibles de información. Y al objeto de alcanzar un sistema que garantice la transparencia y la objetividad en el ámbito público, procede dar a conocer esas retribuciones anuales que se solicitan. Y, de la citada Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, podemos destacar que concluye que: Esta ponderación de intereses y la primacía del interés público no es desvirtuada por las alegaciones de la Corporación recurrente, que no esgrime ningún alegato válido sobre la incorrección del juicio valorativo realizado por el Consejo, asumido por la Audiencia Nacional, y como hemos constatado la proporcionalidad del examen lleva a la desestimación del recurso en este extremo. Así como que: Con arreglo a lo anteriormente expuesto, procede desestimar el recurso de casación promovido por la Corporación de Radio Televisión Española SA (RTVE) y declarar que resulta aplicable la ponderación del artículo 15.3 de la ley de Transparencia en los términos razonados. En consecuencia, teniendo en cuenta la identidad en el objeto de la solicitud y en la argumentación esgrimida por la CRTVE, así como lo resuelto por este Consejo de Transparencia y los citados pronunciamientos judiciales, la presente reclamación debe ser estimada. En la parte resolutiva se acordaba estimar la reclamación e instar a que se proporcionara la información sobre la retribución anual bruta percibida por el personal directivo de la Corporación RTVE, con identificación del perceptor, el literal del puesto del organigrama y su retribución realmente percibida para todo el personal que haya ocupado un puesto de dirección y subdirección en este período. Asimismo, se señalaba que, según el criterio interpretativo 1/2015, dicha información debía ser proporcionada en cómputo anual y en términos íntegros, sin incluir deducciones ni desglose de conceptos retributivos. A la vista de la identidad, tanto en la información solicitada como en los argumentos proporcionados por la CRTVE, del caso presente con el objeto de la Resolución R/0652/2020 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, procede estimar la reclamación presentada con apoyo en los mismos fundamentos que aquí se reproducen. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la Reclamación presentada por , con entrada el 3 de octubre de 2020, contra la Resolución de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN DE RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E. (CRTVE), de fecha 3 de septiembre de 2020. SEGUNDO: INSTAR a la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN DE RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E. (CRTVE) a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, proporcione la siguiente información a la entidad solicitante: Respecto del período 2016 a la actualidad Retribución anual bruta percibida por el personal directivo de la Corporación RTVE. Con identificación del perceptor, el literal del puesto del organigrama y su retribución realmente percibida para todo el personal que haya ocupado un puesto de dirección y subdirección en este período. Según el criterio interpretativo 1/2015, dicha información será proporcionada en cómputo anual y en términos íntegros, sin incluir deducciones ni desglose de conceptos retributivos. TERCERO: INSTAR a la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN DE RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E. (CRTVE) a que, en el mismo plazo máximo de 10 días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información facilitada. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez