Reclamación por acceso a información sobre el proyecto de capacidad hidráulica del Campo de Cartagena, desestimada por cumplimiento de plazos y aplicación de normativa ambiental

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 141/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (MINISTERIO PARA LA TRANS ICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO), al amparo de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 2020, la siguiente información: Solicita: Que se tenga por admitido el presente escrito, y previos los trámites oportunos, se proceda a facilitarme de forma telemática a través de email o por notificación electrónica, se facilite COPIA DEL ACUERDO O RESOLUCIÓN DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2020 DE APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE S/REF: N/REF: R/0141/2021; 100-004889 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura/Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Información solicitada: Acuerdo proyecto aumento capacidad hidráulica del campo de Cartagena Subdirección General de Reclamaciones AGRÍCOLA D7 DEL CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M LOS ALCÁZARES (MURCIA). 2. Mediante escrito de entrada el 17 de febrero de 2021 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), el solicitante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente contenido: 1. Que por escrito presentado el 30/12/2020 dirigido a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (que se adjunta como Documento Nº 1) solicité copia de los siguientes documentos: (…) 2. Que dicha solicitud no ha sido respondida en el plazo de un mes contemplado por el art. 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 3. Que el art. 24 de la citada Ley recoge la posibilidad de interponer reclamación frente a las resoluciones expresas o presuntas dictadas en materia de acceso a la información pública ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, el cual debe interponerse en los plazos establecidos en dicho art. 24, esto es, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Solicita: Que, teniendo por presentado este escrito, SE TENGAN FORMULADAS LAS ALEGACIONES PRECEDENTES Y, TOMANDO LAS MISMAS EN LA DEBIDA CONSIDERACIÓN, SE DICTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTIME ESTA RECLAMACIÓN Y SEA RECONOCIDO SU DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN en los términos expuestos en la solicitud inicialmente presentada. 3. Con fecha 18 de febrero de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada el 26 de marzo de 2021, el citado Ministerio realizó las siguientes alegaciones: 1.- Don XXXXXXXX, presentó el 30 de diciembre de 2020 en el Registro Electrónico Común de la AGE un escrito, que tuvo entrada en el Registro de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., el 4 de enero de 2021, (…) 3.- Se dicta Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., el día 29 de enero de 2021, en la que se informa: “que será contestada de acuerdo con lo el régimen jurídico que corresponde aplicar a esta petición es el previsto en el procedimiento administrativo especial del derecho de acceso a la información ambiental, contemplado en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por lo que esta Presidencia resuelve remitir la solicitud, a la Unidad responsable de Información Ambiental de la Confederación Hidrográfica del Segura e inadmitirla por la vía de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” (DOC.2) 4.- La citada Resolución se pone en conocimiento del ciudadano a través del portal GESAT, el 1 de febrero de 2021 y se notifica que se da por finalizada la tramitación (DOC.3). Desde esa fecha está a disposición del Sr. XXXXXXX la antes mencionada Resolución según le ha comunicado el portal GESAT al correo que figura en su solicitud de información de 30 de diciembre de 2020: Comprobada la base de datos del citado portal GESAT se aprecia la anotación de “no comparecido” (DOC.4) 5.- Con fecha 18 de febrero de 2020, se dicta nueva Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., de acuerdo con lo establecido en Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, desarrollada por la Orden AAA/1601/2012, de 26 de junio, por la que se remite la información solicitada, respecto a “COPIA DEL ACUERDO O RESOLUCIÓN DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2020 DE APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DRENAJE AGRÍCOLA D7 DEL CAMPO DE CARTAGENA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M LOS ALCÁZARES (MURCIA).” (DOC.5) Dicha Resolución se ha entregado con fecha 26 de febrero en el domicilio del Sr.XXXX mediante correo certificado según consta en el acuse de recibo que se adjunta (DOC.6) En consecuencia, se solicita la desestimación de la reclamación interpuesta ante ese CTBG por Don XXXXX. 4. En la citada resolución de 29 de enero de 2021, la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA respondió al solicitante lo siguiente: La disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información, señalando concretamente el supuesto del acceso a la información ambiental. La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente recoge en el artículo 1. 1. a) el derecho a acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas, estableciendo en su artículo 2.3 que, a los efectos de dicha ley, se considerará información ambiental toda información que verse sobre: a) el estado de los elementos del medio ambiente, como el aire, y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales entre otros; b) los factores tales como sustancias, residuos, vertidos etc. en el medio ambiente que afecten o puedan afectar a los elementos antes citados; c) las medidas administrativas, políticas o actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos; d) los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental; e) los análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c); f) el estado de la salud y seguridad de las personas. Analizada la solicitud indicada, se comprueba que la misma pertenece al ámbito jurídico propio de la información ambiental, dado que el acceso al conoc imiento de toda clase de datos y de documentación en materia de aguas, se encuadra en la información relativa a medidas o actividades que afectan o pueden afectar a los elementos y factores del medio ambiente o que están destinadas a su protección, y en su caso en la relativa a medidas de carácter económico adoptadas en el marco de tales medidas o actividades. A mayor abundamiento, la legislación básica de carácter sectorial a la que hay que remitirse este caso está también constituida por normas de especial naturaleza y contenido ambiental, entre las que hay que mencionar el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y que desarrolla la anterior. De acuerdo con lo expuesto, el régimen jurídico que corresponde aplicar a esta petición es el previsto en el procedimiento administrativo especial del derecho de acceso a la información ambiental, contemplado en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por lo que esta Presidencia resuelve remitir la solicitud, a la Unidad responsable de Información Ambiental de la Confederación Hidrográfica del Segura e inadmitirla por la vía de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 5. Mediante resolución de 18 de febrero de 2021, la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA acordó lo siguiente: - Primero: Con fecha de registro de entrada 29/01/2021 se ha presentado la citada solicitud, de acuerdo con la Resolución del Presidente de la confederación Hidrográfica del Segura, O.A., por el que se daba respuesta a la solicitud de información 001-052534, de la Ley de Transparencia. - Segundo: La Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. es competente para facilitar la información solicitada en relación con las aguas comprendidas en su cuenca hidrográfica (artículos 16, 21, 23 y 24 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en adelante TRLA). - Tercero: La información solicitada se considera información medioambiental en base al apartado a) del artículo 2.3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, desarrollada por la Orden AAA/1601/2012, de 26 de junio, por la que se dictan instrucciones sobre la aplicación en el Departamento de la referida Ley. Asimismo, en la forma o formato para el suministro de información medioambiental se atenderá a lo previsto en el artículo 11 de la referida Ley 27/2006, de 18 de julio. La VALORACIÓN JURÍDICA de los hechos expuestos es la siguiente: - Los Organismos de cuenca realizarán el proyecto, construcción y explotación de obras de conformidad con el apartado d) del artículo 23 y d) del artículo 24 del TRLA. - Los datos de carácter personal sólo podrán comunicarse a un tercero en los términos establecidos en del Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales La PRESIDENCIA de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A., de acuerdo con lo anterior, en virtud de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, HA RESUELTO remitir la información solicitada, que se adjunta. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Consejo es competente para resolver las reclamaciones que, que con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Por su parte, el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el presente caso, conforme consta en el expediente y se ha recogido en los antecedentes, según manifiesta la Administración, (i) la solicitud de información tuvo entrada en el Registro de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., órgano competente para resolver, el 4 de enero de 2021; y según se acredita en el expediente (ii) con fecha 1 de febrero de 2021 se pone en conocimiento del ciudadano a través del portal GESAT, al correo electrónico que figura en su solicitud de información de 30 de diciembre de 2020. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la resolución sobre acceso ha sido dictada y puesta a disposición del interesado dentro del plazo establecido en el citado artículo 20 de la LTAIBG, dado que la Confederación disponía hasta el 4 de febrero de 2021. Y, además, de manera correcta, dado que según consta en el expediente el reclamante indicó que las notificaciones se realizaran por medios electrónicos y se puso a su disposición en GESAT según se comunicó a la dirección de correo que señala la Administración y figura en el expediente. En este sentido, se considera necesario recordar que el artículo 43.3 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única. Circunstancia acreditada en el presente supuesto. Por otra parte, hay que señalar que este mismo artículo 43 en su apartado 2 establece que Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Teniendo en cuenta lo anterior, hay que señalar que según se recoge en los antecedentes y ha acreditado la Administración no consta que el interesado compareciera a la notificación efectuada. Motivo por el que entendemos presentó reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por desestimación por silencio. 4. Respecto al fondo del asunto, cabe recordar que (i) el objeto de la solicitud de información se centraba en obtener copia del ACUERDO O RESOLUCIÓN DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2020 DE DRENAJE TRANSVERSAL BAJO LA CARRETERA RM F30. T.M LOS ALCÁZARES (MURCIA); y, que (ii) ha sido inadmitida por la Confederación Hidrográfica del Segura por aplicación de la Disposición Adicional Primera apartado 2 de la LTAIBG, dado que a la citada solicitud debe aplicarse su régimen específico de acceso, que en el presente supuesto es la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente define la información ambiental. En este sentido, debemos recordar, como alega la Administración, que, según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG, se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. Que, continúa indicando en el apartado 3 que: En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización. Es decir, la LTAIBG reconoce expresamente su carácter supletorio respecto de las materias amparadas por la regulación específica de aplicación al acceso a la información ambiental. 4. En efecto, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente define la información ambiental , en su artículo 2.3, como toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones: a. El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos. b. Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a. c. Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a y b, así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos. d. Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental. e. Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c, y f. f. El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b y c”. De la amplitud del concepto de información ambiental contenido en la Ley 27/2006, y en las Directivas Europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE, de las que dicha Ley trae causa, dan buena cuenta diversas Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE) como la STJCE de 17 de junio de 1998 (asunto 321/96, Mecklenburg), cuando el Tribunal afirmó: «debe recordarse que en el concepto de ‘información sobre medio ambiente’ la letra a) del art. 2 de la Directiva engloba cualquier información relativa al estado de los distintos elementos del medio ambiente que allí se mencionan, así como las actividades o medidas que puedan afectar o proteger el estado de dichos elementos, ‘incluidas las medidas administrativas y los programas de gestión del medio ambiente’. Del tenor literal de esta disposición se deriva que el legislador comunitario pretendió d ar a dicho concepto un sentido amplio que abarcara tanto los datos como las actividades referentes al estado de dichos elementos». Pero tal pronunciamiento del Tribunal no quedó ahí, ya que fue cuestionado acerca de si la letra a) del art. 2 de la Directiva debía ser interpretada en el sentido de si debía ser aplicada a un Informe emitido por una autoridad competente en materia de ordenación paisajística, en el marco de su participación en un procedimiento de aprobación de un plan de construcción. A este respecto, el TJCE afirmó: «De la utilización que se hace en la letra a) del art. 2 de la Directiva del término ‘incluidas’ resulta que el concepto de ‘medidas administrativas’ no es más que un ejemplo de las ‘actividades’ o de las ‘medidas’ a las que se refiere la Directiva (...), el legislador comunitario se abstuvo de dar al concepto de ‘información sobre medio ambiente’ una definición que pudiera excluir alguna de las actividades que desarrolla la autoridad pública, sirviendo el término ‘medidas’ tan sólo para precisar que entre los actos contemplados por la Directiva deben incluirse todas las formas de ejercicio de actividad administrativa». De este modo, el Tribunal mantuvo que «para ser una ‘información sobre medio ambiente’ a efectos de la Directiva bastaba que un informe de la Administración, como el controvertido en el asunto principal, constituyese un acto que pudiese afectar o proteger el estado de alguno de los sectores del medio ambiente a los que se refería la Directiva. Tal es el caso si, como señala el órgano jurisdiccional remitente, dicho informe, en lo que atañe a los intereses de la protección del medio ambiente, puede influir en la decisión de aprobación de un plan de construcción». 5. Teniendo en cuenta lo anterior, hay que señalar que a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la información solicitada versa claramente sobre varias de las cuestiones recogidas en el mencionado artículo 2.3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, que recordemos han de ser interpretadas en un sentido amplio conforme a las Directivas Europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE, de las que dicha Ley trae causa y las Sentencias del TJUE antes citadas. Tal y como concluye la Confederación Hidrográfica del Segura – criterio que comparte este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno- Analizada la solicitud indicada, se comprueba que la misma pertenece al ámbito jurídico propio de la información ambiental, dado que el acceso al conocimiento de toda clase de datos y de documentación en materia de aguas, se encuadra en la información relativa a medidas o actividades que afectan o pueden afectar a los elementos y factores del medio ambiente o que están destinadas a su protección, y en su caso en la relativa a medidas de carácter económico adoptadas en el marco de tales medidas o actividades. En consecuencia, aunque la solicitud de información se ha efectuado al amparo de la LTAIBG, en aplicación de lo establecido en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG y atendiendo a su objeto entendemos debía ser tramitada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, antes indicada, que, tal y como se ha reflejado en los antecedentes, ya se ha resuelto por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, que con fecha 18 de febrero de 2021 ha dictado resolución al amparo de la mencionada Ley 27/2006 y ha remitido la información solicitada, que según consta también en el expediente y en los antecedentes, se notificó el 26 de febrero de 2021, aportando la Confederación Hidrográfica el acuse de recibo de la notificación efectuada.. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por con entrada el 17 de febrero de 2021, frente a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO). De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez