Reclamación por denegación de acceso al número de traslados de migrantes desde Canarias autorizados por el Ministerio del Interior en 2020

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 035/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 19 de noviembre de 2020, la siguiente información: Número de migrantes llegados a Canarias en los que va de 2020 cuyo traslado a otros puntos del país ha autorizado el Ministerio del Interior ante la posibilidad de acogida brindada por Migraciones (Inclusión Social). 2. Mediante Resolución de 13 de enero de 2021, la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA contestó al solicitante lo siguiente: S/REF: 001-050346 N/REF: R/0035/2021; 100-004731 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Min isterio del Interior Información solicitada: Migrantes trasladados desde Canarias en 2020 Subdirección General de Reclamaciones El día 20 de noviembre de 2020 tuvo entrada en esta Dirección General una solicitud de información efectuada por don XXXX a través del Portal de la Transparencia, con número de expediente arriba referenciado, en la que solicitaba : (…) Una vez estudiada la solicitud, este Centro Directivo participa que la organización y gestión del traslado a la Península de los inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad que han llegado a Canarias corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 3. Ante la citada contestación, mediante escrito de entrada el 13 de enero de 2021, el solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente cont enido: Nuevamente me veo en la obligación de presentar reclamación ante la falta de información que ofrece el Ministerio del Interior a mis peticiones, lo que ha dejado ya de ser una novedad pese a los numerosos reveses que ha recibido de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En esta ocasión es a cuenta de la petición que formalicé el pasado 19 de noviembre para conocer cuántos migrantes llegados a Canarias había autorizado el Ministerio del Interior que pudieran trasladarse a otros puntos del país ante la opción de acogida brindada por el Ministerio de Inclusión. El director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, despacha la respuesta diciendo que la "organización y gestión del traslado a la península de los inmigrantes en situación de especialidad vulnerabilidad que han llegado a Canarias corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones". ¿Acaso era eso lo que se preguntaba? No. La información que se requería era el número de traslados que había autorizado Interior, trámite preceptivo para que Migraciones pueda acoger a aquellos migrantes con derecho a protección internacional. A ello se suma el hecho de que se ha vuelto a incumplir el plazo de respuesta. Por todo ello, ruego a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que admita a trámite esta reclamación y dicte resolución estimatoria, al entender que no se ha dado respuesta a la petición y que ésta está amparada por la Ley de Transparencia. 4. Con fecha 14 de enero de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada 28 de enero de 2021, el citado Ministerio realizó las siguientes alegaciones: Una vez analizada la reclamación, desde la Dirección General de la Policía se informa que: …“ Vista la reclamación presentada por el , este Centro Directivo se ratifica en el contenido de la resolución mencionada, añadiendo al respecto que el contenido de la misma fue explicado por el propio Director General de la Policía en la Comisión de Interior del pasado día 30 de diciembre de 2020 ante el Congreso de los Diputados.” Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el Ministerio del Interior ha cumplido con el mandato legal de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que su actuación ha de considerarse conforme a derecho. 5. El 8 de febrero de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se dio audiencia al reclamante para que formulase las alegaciones que estimara pertinentes. Mediante escrito de entrada el 22 de febrero, el reclamante realizó las siguientes alegaciones: Leída la expeditiva respuesta del Ministerio del Interior, yo también me ratifico en los motivos que sustentan esta reclamación al no haber ofrecido la Dirección General de la Policía respuesta a lo que se preguntaba, no existiendo causa alguna que justifique esa decisión. Una cosa es qué departamento ministerial organiza la acogida (Migraciones) y otra el que autoriza los traslados (Interior). Este segundo es el dato que se preguntaba exactamente y que la Administración ha eludido ofrecer en dos ocasiones. Por todo ello, ruego al CTBG que continúe adelante con la tramitación y dicte resolución estimatoria. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, que con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13 " los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Por otra parte, el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, conforme consta en los antecedentes, la Dirección General de la Policía ha confirmado que la solicitud de información tuvo entrada el 20 de noviembre de 2020, pero no respondió al solicitante hasta el 13 de enero de 2021, después del plazo del mes del que disponía para resolver y notificar, que finalizó el 21 de diciembre (siendo el 20 inhábil) de 2020. Por ello, cabe recordar que según lo señalado por el Preámbulo de la Ley en el sentido de que, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación 4. Respecto al fondo del asunto, hay que señalar que la solicitud de información, que recordemos se centraba en conocer el Número de migrantes llegados a Canarias en los que va de 2020 cuyo traslado a otros puntos del país ha autorizado el Ministerio del Interior ante la posibilidad de acogida brindada por Migraciones, ha sido denegada por la Dirección General de la Policía argumentando que la organización y gestión del traslado a la Península de los inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad que han llegado a Canarias corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, hay que señalar que este mismo argumento ha sido reiterado en las alegaciones a la reclamación presentada, en la que el solicitante manifestaba que la información que se requería era el número de traslados que había autorizado Interior, trámite preceptivo para que Migraciones pueda acoger a aquellos migrantes con derecho a protección internacional. En este sentido, cabe indicar que, aunque la Administración no se ha referido a una causa de inadmisión en concreto, del contenido de su argumentación entendemos que ha considerado de aplicación el artículo 18.1 d) de la LTAIBG que dispone que Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. Dado que, a pesar de que señala expresamente que, según entiende, corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no informa que haya remitido la solicitud de información al mismo en virtud de lo que establece el artículo 19.1 de la LTAIBG, que recordemos señala expresamente que Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. Y que a nuestro parecer es lo que debería haber realizado –al amparo del citado 19- sí, como indica, el competente en este caso es el mencionado Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 5. Dicho esto, sin embargo, hay que señalar que analizada la solicitud de información, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno entiende, tal y como advierte el solicitante, que los datos que se solicitan son el número de traslados autorizados por el Ministerio del Interior y no los datos relativos a la organización y traslado en sí, que es sobre lo que se pronuncia en su Resolución la Dirección General de la Policía, y que sería competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por lo tanto, entendemos que la respuesta facilitada no se corresponde con el objeto de la solicitud de información. En este sentido, podemos señalar, por ejemplo, la información que ofrecía al respecto la AGENCIA EFE que indicaba que El Ministerio del Interior no organiza ni gestiona traslados de inmigrantes desde Canarias a la Península, sino que solo autoriza reubicaciones puntuales de personas solicitantes de asilo o pertenecientes a colectivos vulnerables, como menores. (…) Fuentes de Interior explican a Efe que esos traslados no están organizados ni gestionados por este departamento, que tiene como misión, además de las devoluc iones y repatriaciones a países de origen, la "única función" de autorizar "muy puntualmente" reubicaciones de inmigrantes. Insisten a Efe que las autorizaciones son para perfiles de migrantes determinados, es decir, o con solicitud de protección internacional o porque son vulnerables, como pueden ser menores o mujeres embarazadas . A este respecto, debemos recordar que, al definir información pública y, por lo tanto, el objeto de una solicitud de información, el art. 13 de la LTAIBG señala que “Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, el hecho determinante para que una información pueda ser solicitada es que la misma se encuentre disponible para el organismo o entidad al que la solicitud haya sido dirigida debido a que la haya generado o la haya obtenido en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, la Sentencia 60/2016, de 18 de mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, razona que “El artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía”. Dicho esto, en el presente supuesto debemos partir del hecho de que (i) el Ministerio del Interior no ha negado la existencia de las autorizaciones por las que pregunta el reclamante, dado que ha respondido sobre la organización del traslado y el traslado en sí; y de que (ii) el peninsula/50001126-4414475 Ministerio del Interior ha reconocido, según los medios de comunicación, que hay una serie de traslados que sí autoriza. Asimismo, hay señalar que no solo se trata de información que obra en poder de la Administración, sino que la solicitud de acceso relativa a estos aspectos sirve a los objetivos de control de la actuación pública y de conocimiento de cómo se gastan los fondos públicos, por lo que, a juicio de éste Consejo, el acceso a la información solicitada, en este caso ante una cuestión de trascendencia como es la autorización del traslado de migrantes desde Canarias a la península, se corresponde con la finalidad de la LTAIBG, tal y como viene expresada en su Preámbulo “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimi ento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.” Sin olvidar que la Sentencia del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación 75/2017 , se ha pronunciado en los siguientes términos: "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. (…) Por último, se ha de señalar que, en el caso que nos ocupa, no han sido invocados ante este Consejo de Transparencia causa de inadmisión ni límite alguno. Restricciones al acceso que, por otro lado, y en atención a la información de la que se dispone, no resultarían aplicables, máxime teniendo en cuenta que, como hemos manifestado en reiteradas ocasiones y ha sido corroborado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los límites y las causas de inadmisión previstos en la LTAIBG son limitaciones de un derecho y, en cuanto tales, se han de interpretar restrictivamente y justificar razonadamente su aplicación. En consecuencia, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los apartados anteriores, la presente reclamación debe ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la Resolución de 13 de enero de 2021 de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA del MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la siguiente información: - Número de migrantes llegados a Canarias en los que va de 2020 cuyo traslado a otros puntos del país ha autorizado el Ministerio del Interior ante la posibilidad de acogida brindada por Migraciones (Inclusión Social). TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez