Reclamación por falta de respuesta en plazo del Ministerio de Hacienda sobre el IVA de las mascarillas, resuelta estimatoria por motivos formales

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 885/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE HACIENDA , al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 11 de noviembre de 2020, la siguiente información: Copia de los siguientes documentos: 1. Consulta del Ministerio de Hacienda a la Comisión Europea sobre si abrirá procedimiento de infracción contra España por incumplir la directiva reguladora del IVA en el caso de reducir el aplicable a las mascarillas, y a la que aludió la ministra de Hacienda en la sesión del Congreso de los Diputados de 11 de noviembre. S/REF: 001-049998 N/REF: R/0885/2020; 100-004588 Fecha: La de firma Dirección Administración/Organismo: Min isterio de Hacienda Información solicitada: IVA de las mascarillas Subdirección General de Reclamaciones 2. Confirmación de la Comisión Europea notificada la tarde del 10 de noviembre al Ministerio de Hacienda por la que comunica que no abrirá procedimiento de infracción contra España por incumplir la directiva reguladora del IVA en el caso de reducir el aplicable a las mascarillas, y a la que aludió la ministra de Hacienda en la sesión del Congreso de los Diputados de 11 de noviembre. No consta respuesta del Ministerio de Hacienda. 2. Ante la falta respuesta, mediante escrito de entrada el 16 de diciembre de 2020, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente cont enido: El 11 de noviembre de 2020 se registró solicitud de información pública interesando copia de documentación relativa a la comunicación entre el Ministerio de Hacienda y la Unión Europea sobre el IVA aplicable a las mascarillas. Pasado un mes desde la fecha de registro de la solicitud y sin haber sido comunicado el inicio de la tramitación, se debe entender vencido el plazo de un mes que la ley concede para la tramitación del procedimiento. Si bien la fecha de registro de la solicitud no tiene que coincidir con la del comienzo del cómputo del plazo para resolver (el art. 20 de la Ley 19/2013 indica que el inicio del cómputo se produce desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver), a falta de comunicación en otro sentido, la única fecha de la que dispone el interesado es la de la presentación de la solicitud (por todas, Resolución del CTBG 74/2019, de 16 de abril de 2019, FJ 4.º). No concurriendo razones para inadmitir la solicitud o limitar el acceso a la información y desestimada por silencio una vez vencido el plazo para resolver, procede reconocer el derecho de acceso e instar al órgano administrativo para que remita la documentación solicitada. 3. Con fecha 17 de diciembre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE HACIENDA, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada 18 de diciembre de 2021 el citado Departamento Ministerial realizó las siguientes alegaciones a la reclamación presentada: Con fecha 12 de noviembre de 2020 tuvo entrada en la Unidad de Información de la Transparencia del Ministerio de Hacienda la solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que quedó registrada con el número de expediente 001-049998. Con fecha 20 de noviembre de 2020 las citadas solicitudes se recibieron en la Unidad gestora del derecho de acceso a la información pública de la Secretaría de Estado de Hacienda, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes para su resolución, según lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 (el subrayado es de esta Secretaría de Estado de Hacienda): “1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. Por su parte, según el artículo 20.4 de esa misma ley: “Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. Adicionalmente, al no establecer ninguna particularidad la Ley 39/2015, el cómputo de los plazos se rige por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes”. Asimismo, según el apartado 5 de dicho artículo 30 de la Ley 39/2015: “Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente”. A la vista de los anteriores preceptos, no puede más que concluirse que el plazo de un mes para resolver comenzó el día 20 de noviembre de 2020 y se extendía hasta el día 21 de diciembre de 2020, dado que el día 20 de diciembre es domingo, inhábil. En consecuencia, dicha reclamación ha sido interpuesta con anterioridad a que haya expirado el plazo para formular alegaciones y, por ello, debe ser inadmitida. Sin perjuicio de lo anterior, debe informarse que el día 17 de diciembre se ha dictado y notificado la resolución de la solicitud presentada, siendo el sentido de la misma CONCEDER. Se adjunta la mencionada resolución. 4. Mediante la citada Resolución de 16 de diciembre de 2020, el MINISTERIO DE HACIENDA contestó al solicitante lo siguiente: Una vez estudiada su solicitud, se resuelve CONCEDER el acceso a la información a que se refiere la solicitud, adjuntando los documentos solicitados a la presente resolución. 5. El 22 de diciembre de 2020, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se dio audiencia al reclamante para que formulase las alegaciones que estimara pertinentes. Mediante escrito de entrada el mismo 22 de diciembre, el reclamante manifestó lo siguiente: La notificación de comienzo de tramitación se efectúa a través del Portal de Transparencia el 17 de diciembre de 2020 a las 12:40 horas, más de un mes después de efectuar la solicitud, casi un mes después de recibirla la unidad gestora y después de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno admitiese a trámite la reclamación por la mañana ese mismo día, por lo que todo apunta a que el órgano competente no ha actuado hasta que no ha recibido el requerimiento del Consejo ante la reclamación. Tanto es así que a las 15:50 horas de ese mismo 17 de diciembre ya se había subido al Portal de Transparencia la resolución del procedimiento. Como bien sabe el Consejo, no es habitual resolver en un plazo tan breve de tiempo -apenas unas horas- el procedimiento. El órgano administrativo incumplió su obligación de notificar el inicio de la tramitación y ante la inexistencia de otra fecha a tener en cuenta por este interesado, el CTBG ya ha dicho reiteradamente que ha de tomarse la de presentación de la solicitud en el registro de la Administración. He comparecido en el Portal de Transparencia para ser notificado en el día de hoy, después del requerimiento del CTBG. La información remitida es la solicitada. Por tanto, solicito la ESTIMACIÓN POR MOTIVOS FORMALES de la reclamación. La legislación de transparencia no busca dejar en manos de la Administración los plazos mediante artificios, como sistemáticamente hace la Administración General del Estado. La propia Administración señala en sus alegaciones que la solicitud se recibió en la unidad gestora competente el 20 de noviembre de 2020. Por tanto, está reconociendo que ha incumplido su obligación de notificar el comienzo de la tramitación del procedimiento, con total desprecio a este administrado, que sólo encuentra respuesta tras reclamar, y "casualmente" a las pocas horas de que el Consejo admitiese a trámite la reclamación. Se adjuntan capturas de mi correo electrónico a fin de demostrar la fecha y hora en la que la Secretaría de Estado de Hacienda subió a l Portal de Transparencia las comunicaciones II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, que con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13 " los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Por otra parte, el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha reflejado en los antecedentes de hecho, la solicitud de información se presentó por el solicitante, el 11 de noviembre de 2020, y según manifiesta el Ministerio tuvo entrada en la UIT el día 12 siguiente y en la Secretaría de Estado de Hacienda, órgano competente para resolver, el 20 de noviembre de 2020. Por lo que, entiende el Ministerio que la solicitud de información ha sido respondida dentro de plazo, dictada el 16 de diciembre y notificada el 17, dado que el plazo de un mes para resolver comenzó el día 20 de noviembre de 2020 y se extendía hasta el día 21 de diciembre de 2020, dado que el día 20 de diciembre es domingo, inhábil. Dicho esto, cabe recordar que el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. A este respecto, hay que señalar que, tal y como se ha recogido en los antecedentes, el Ministerio no ha indicado nada al respecto de la citada comunicación informando de la fecha de entrada en el órgano competente para resolver, y que el reclamante manifestó en su contestación al trámite de audiencia que la misma había sido notificada el mismo día 17 de diciembre, hora antes de la resolución sobre acceso. En consecuencia, no podemos concluir, como solicita el Ministerio, con la inadmisión de la reclamación por presentarse con anterioridad a que hubiera expirado el plazo para contestar. Dado que no está acreditado que el reclamante tuviera conocimiento de la fecha de entrada en el órgano competente para resolver -según manifiesta el Ministerio fue el 20 de noviembre- antes de interponer su reclamación el 16 de diciembre de 2020. Por lo que, como alega el interesado ante la inexistencia de otra fecha a tener en cuenta ha de tomarse la de presentación de la solicitud en el registro de la Administración, en el presente caso el 11 de noviembre de 2020. 4. En casos como éste, en que la respuesta a la solicitud, dando satisfacción a lo solicitado por el reclamante, se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por la LTAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hemos venido entendiendo que debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener la información solicitada, y, por otro, tener en cuenta el hecho de que la información se le ha facilitado si bien, como decimos, una vez presentada la reclamación prevista en el artículo 24 de la LTAIBG. Por lo tanto, la presente reclamación debe ser estimada pero únicamente por motivos formales, dado que la contestación del MINISTERIO DE HACIENDA se ha producido una vez transcurrido el plazo legal establecido y como consecuencia de la presentación de la reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sin que sea preciso realizar ulteriores trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por , con entrada el 16 de diciembre de 2020, frente al MINISTERIO DE HACIENDA, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez