Solicitud de información sobre objetos permitidos por paquetería en centros penitenciarios y desestimación de la reclamación

Resolución 480/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 2 de mayo de 2022, la reclamante solicitó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Conocer qué objetos de los establecidos en esta lista, están permitidos a través de paquetería en C.P. -Copia en papel del Boletín oficial del Estado. -Copia de documentos del propio interno que son necesarios para informar a la junta de tratamiento. (Originales y/o copias). -Copia de material para estudiar obtenido a través de internet cuando el C.P. no disponga de ello (exámenes, trabajos de fin de carrera, ejercicios, etc) S/REF: 001-068369 N/REF: R/0555/2022; 100-007002 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio del Interior Información solicitada: Objetos que pueden introducirse por paquetería en un centro penitenciario -Fotografías familiares del interno Conocer el motivo por el cual se deniega su entrada a través de paquetería, cuando sin embargo, se permite su envío a través de correo». 2. Mediante resolución de 13 de mayo de 2022 del Secretario General de Instituciones Penitenciarias del MINISTERIO DEL INTERIOR, notificada el 19 de mayo, se responde lo siguiente a la interesada: «Conforme a lo dispuesto en el artículo 128.2 del Reglamento Penitenciario “no se autoriza la tenencia en el interior de los Establecimientos, de publicaciones que carezcan de depósito legal o pie de imprenta, con excepción de las editadas en el propio Centro penitenciario, así como las que atenten contra la seguridad y buen orden del Establecimiento”. En base a lo anteriormente expuesto, no se autoriza la introducción, a través del departamento de paquetes, de copias de publicaciones, libros, textos impresos o textos manuscritos, que carezcan de depósito legal o pie de imprenta, y/o que puedan vulnerar el derecho a la propiedad intelectual. Por otro lado, todo el material formativo necesario para que las personas que se encuentran privadas de libertar puedan cursar sus estudios, es facilitado por las unidades docentes a través del centro penitenciario. Asimismo, la Instrucción 3/2010 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, recoge un catálogo de objetos prohibidos, entre los que se encuentran las fotografías personales tamaño carné o que manipuladas puedan ser utilizadas para confeccionarlo». 3. Mediante escrito registrado el 17 de junio de 2022, la solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con el siguiente contenido: «He solicitado expresamente que me clarifiquen qué objetos de una lista determinada están permitidos y me han contestado con información generalizada no diciendo expresamente si están o no permitidos. El motivo de esa consulta se hace porque en un centro se ha denegado la entrada de material de estudio que no se ofrece dentro del centro, porque los estudios que ofrecen son muy limitados, así como una copia del Boletín Oficial del Estado, con pie de imprenta, porque allí “dicen” que no tienen derecho de acceso al BOE; así como fotos familiares no susceptibles de ser manipuladas pues son fotos de la familia en formato muy superior al carnet y por otro lado, tampoco se informa del motivo por el cual no se deja dar por paquetería copia u originales de documentación del propio interno para que pueda facilitar a la Junta de tratamiento, por lo que considero incompleta y genérica la información, lo cual, genera conflicto en el servicio de comunicaciones a la hora de entregar un paquete al interno, provocando malestar entre los familiares y los trabajadores». 4. Con fecha 21 de junio de 2022, el CTBG remitió la reclamación al MINISTERIO DEL INTERIOR al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 30 de junio de 2022 se recibió escrito, con el siguiente contenido: «Una vez realizadas las indagaciones oportunas se concluye que, el día 16/04/2022, Dª … entregó un paquete dirigido a un interno destinado en el centro penitenciario de Madrid VI, sin que exista constancia de que la citada haya interpuesto reclamación alguna en el citado establecimiento sobre la denegación de la recepción de los objetos a los que hace alusión. Se requiere al centro penitenciario sobre la admisión o no de los objetos relacionados por la reclamante, informando lo siguiente: o Toda la documentación procedente del BOE, ya sea impresa, publicada o en copia, está permitida su entrada. o La documentación que sea necesaria para informar a la Junta de Tratamiento se tramita a través de los trabajadores/as Sociales, y son estos mismos los que gestionan la misma. o El material de estudio está permitido siempre que no se vulneren los derechos de autor, quedando expresamente prohibidas las publicaciones que carezcan de depósito legal o pie de imprenta. o Las fotografías están permitidas, salvo que, por su tamaño, formato o cualquier otra circunstancia similar pudiera ser utilizada para la expedición de carnets. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el Ministerio del Interior ha cumplido con el mandato de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que su actuación ha de considerarse conforme a derecho». 5. El 1 de julio de 2022, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, compareciendo al trámite el 4 de julio, sin realizar consideración alguna. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce, en su artículo 12 , el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso en la que se solicitaba conocer qué objetos, de los relacionados expresamente en una lista, pueden ser introducidos, mediante paquetería, en un centro penitenciario. En concreto, se aludía a los siguientes: x Copia en papel del Boletín Oficial del Estado. x Copia de documentos del propio interno, necesarios para informar a la junta de tratamiento. x Copia de material para estudiar obtenido a través de internet. x Fotografías familiares del interno. El Ministerio requerido, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dictó resolución en la que señala —con arreglo a la normativa aplicable (Reglamento Penitenciario e Instrucción de la propia Secretaría General)— las publicaciones cuya entrada no está permitida en el centro penitenciario (las que carezcan de depósito legal o pie de imprenta, y las que puedan vulnerar derechos de propiedad intelectual) y las fotografías prohibidas (de tamaño carnet o que puedan ser manipuladas para carnets); añadiendo, por lo que respecta al material formativo de los internos, que este se proporciona por las unidades docentes del centro penitenciario correspondiente. 4. Interpuesta reclamación fundamentada en que se trata de una respuesta incompleta y genérica —al haber solicitado qué objetos de una lista determinada están permitidos—, el Ministerio, en fase de alegaciones en este procedimiento, aclara la respuesta anterior respondiendo qué material puede introducirse en el centro penitenciaras a partir del listado confeccionado por la reclamante. Otorgado trámite de audiencia a la reclamante, no se ha presentado escrito alguno. Centrada la cuestión en estos términos, se trata de dilucidar si la información que fue proporcionada a la reclamante en respuesta a su solicitud, lo ha sido de forma completa y concreta. La respuesta, se adelanta ya, debe ser afirmativa por cuanto la resolución se refería a los cuatro puntos de la solicitud especificando los materiales y objetos cuya entrada en el centro penitenciario está prohibida según la normativa aplicable. Así, de la lectura de la resolución se desprendía con claridad, sensu contrario, la posibilidad de introducir ejemplares del BOE en papel, la de cualquier material de estudio y la de aquellas fotografías que no incurriesen en las prohibiciones señaladas. En cuanto a la documentación identificativa del interno, se entiende que no está permitida, lo cual no es obstáculo para que la Junta de Tratamiento pueda disponer de ella. Por tanto, aun fundamentándose la presente reclamación en el pretendido carácter incompleto y genérico de la información proporcionada, lo cierto es que lo que subyace a dicha alegación es una queja sobre la forma en que se le ha sido facilitada, argumentando que no se ha dicho expresamente si están o no permitidos los objetos que mencionaba en su listado. Sin embargo, se reitera, la resolución daba respuesta a estos interrogantes a través de la referencia a los objetos cuya entrada en el centro penitenciario prohíbe la normativa, de lo que se infiere que todo aquello no incluido en las prohibiciones señaladas, tiene permitida la entrada. En definitiva, tomando en consideración el contenido de la solicitud inicial y la respuesta ofrecida por el Ministerio requerido, entiende este Consejo que se proporcionó la información solicitada de forma completa; información que, además, ha sido objeto de aclaración en los términos solicitados por la reclamante a fin de facilitar su comprensión (esto es, contestando de forma expresa y en sentido afirmativo los materiales que puede tener entrada en el centro penitenciario a través del departamento de paquetería y recordando que la documentación referente al interno se proporciona directamente por los trabajadores sociales a la Junta de Tratamiento). En conclusión, con arreglo a lo hasta ahora expuesto, y teniendo en cuenta que la reclamante no ha manifestado objeción alguna en el trámite de audiencia que le ha sido concedido, procede la desestimación de esta reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23. 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez