Solicitud de información sobre el importe de la deuda de una vivienda ejecutada en subasta y estimación de la reclamación

Resolución 455/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 21 de marzo de 2022, el reclamante solicitó a la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL la siguiente información: «Actuando como interesado en el expediente de subasta , en fecha 25 de noviembre del 2021, presenté postura de importe 35.120 euros en la misma. El día siguiente de la subasta, llamé por teléfono y me comentaron que pese haber sido la mejor postura no se me adjudicaba porque no superaba el importe de la deuda. Ante ello, actuando como interesado en el procedimiento, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, solicito me notifiquen administrativamente expresamente la falta de adjudicación y los motivos, así como que me informen del importe de la deuda. Ya que en este caso es de aplicación el artículo 120, apartado 5, letra a) del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la S/REF: N/REF: R/0444/2022; 100-006847 Fecha: La de firma Dirección Administración/Organismo: Tesorería General de la Seguridad Social Información solicitada: Importe de deuda de vivienda ejecutada. Seguridad Social que dispone: “Se aprobará el remate en favor de la mejor postura, cuando esta supere el 60 por ciento del tipo de la subasta o cuando, siendo inferior, cubra al menos el importe de la deuda, incluyendo recargos, intereses y costas causadas. En este último caso y tratándose de bienes inmuebles, no procederá su adjudicación cuando la mejor postura sea inferior al 25 por ciento del tipo de subasta”. Esto es, no se adjudicó porque presuntamente no se cubría el importe de la deuda». 2. Mediante resolución de fecha 28 de abril de 2022, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contestó al solicitante lo siguiente: «En la tramitación del expediente administrativo de apremio nº se dictó diligencia de embargo de la citada finca registral. Tras la realización de todos los trámites reglamentarios se procedió a la enajenación de la finca registral citada, celebrándose subasta pública el 1 de diciembre de 2021, en la que resultó adjudicatario provisional XXXX Y OTROS, por la cantidad de treinta y cinco mil ciento veinte euros (35.120€). El artículo 120.5.b del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, estab lece: “También podrá aprobarse el remate en favor de una mejor postura inferior al 60 por ciento y que no cubra el importe adeudado, siempre que supere al menos el 25 por ciento del tipo de subasta, mediante resolución motivada del Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social”. De la redacción del precepto citado se desprende que la decisión discrecional del Director Provincial de aceptar una oferta inferior al 60 por ciento del tipo de licitación para proceder a la adjudicación del inmueble se concibe como excepcional, debiendo ser motivada en cuanto a la apreciación de circunstancias singulares que condicionen una adjudicación en esos términos. El criterio general que procede en este caso es convocar una segunda licitación, en la que la posibilidad de concurrencia de nuevas ofertas permita una mejor defensa de los derechos del deudor, y de las expectativas de cobro de la Tesorería General de la Seguridad Social. En el presente caso la oferta presentada por XXXX Y OTROS, es inferior al 50 por ciento del tipo de enajenación». 3. Mediante escrito registrado el 16 de mayo de 2022, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido: «En fecha 21 de marzo del 2022, se solicitó expresamente como interesado en el procedimiento al concurrir a la subasta, que me informen del importe de la deuda de la vivienda ejecutada y no se me ha comunicado el mentado importe. Es relevante saber el importe de la deuda ya que presuntamente no me la adjudicaron a mi como mejor postor porque mi oferta no cubría el importe de la deuda». 4. Con fecha 19 de octubre de 2022, el CTBG remitió la reclamación a la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 21 de octubre de 2022 se recibió escrito con el siguiente contenido: «En relación con la reclamación 100-006847 formulada ante el CTBG, hacer constar que la condición del reclamante, como interesado en el procedimiento sobre el que solicita información, deja fuera del ámbito de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la petición que formula aquél. Los procedimientos de recaudación de los recursos de la Seguridad Social, incluido el acceso al correspondiente procedimiento se regula por normativa específica. Concretamente por el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como detalladamente por la normativa que desarrolla el anterior, el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social y la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento General de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, entre otras normas». 5. El 24 de octubre de 2022, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que conste su presentación en el plazo concedido al efecto. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce, en su artículo 12 , el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso consistente en la aportación de la notificación administrativa expresa de la resolución de adjudicación en un procedimiento de subasta (en particular, de su falta de adjudicación al reclamante), así como de los motivos y el importe de la total de la deuda. El organismo requerido dictó resolución explicativa del procedimiento de adjudicación de la vivienda embargada. En su reclamación ante este Consejo, el interesado acota su pretensión, dándose por satisfecho en relación con la respuesta relacionada con la adjudicación y sus motivos y limitándose a solicitar el importe de la deuda de la vivienda ejecutada. En fase de alegaciones en este procedimiento la entidad requerida razona, en primer lugar, que el reclamante es interesado en el procedimiento por lo que no resulta de aplicación la LTAIBG y, en segundo lugar, que los procedimientos de recaudación de los recursos de la Seguridad Social, incluido el acceso al correspondiente procedimiento, se regula por normativa específica (fundamentalmente el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y las normas reglamentarias que la desarrollan). 4. Centrado el debate en estos términos, y respecto de la alusión a la condición de interesado del reclamante en el procedimiento que implica, al entender del órgano requerido, el desplazamiento de la regulación prevista en la LTAIBG, resulta necesario realizar alguna precisión. Así, en primer lugar, la Disposición adicional primera LTAIBG (Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública) establece en su primer apartado que «[l]a normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo». Del tenor de la citada Disposición adicional se desprende con claridad que su aplicación, tal como ha interpretado este Consejo, exige de la concurrencia acumulativa de tres circunstancias: que exista un procedimiento administrativo concreto, que la persona solicitante del acceso tenga la condición de interesado en ese procedimiento en el que pide la información y que el mismo se encuentre en curso. El elemento relevante de esta previsión legislativa es, por tanto, que el procedimiento no haya finalizado. Así, mientras el procedimiento administrativo de que se trate se encuentre en curso —esto es, en tramitación—, el acceso a la información y documentación se regirá por lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación a tal procedimiento. Sobre qué deba entenderse por procedimiento en curso este Consejo, en la reciente R/446/2022, de 14 de noviembre, ha revisado y unificado la interpretación que, de la citada expresión, se había recogido en resoluciones anteriores circunscribiéndola a las actuaciones que se realizan desde la incoación del procedimiento administrativo hasta su terminación por resolución definitiva (ya sea expresa o presunta) —o bien por la concurrencia de las circunstancias contempladas en el artículo 84 LPAC—. Es, en efecto, la resolución definitiva (y no necesariamente firme), la que pone fin al procedimiento y a la que, una vez notificada a la persona interesada o publicada, se anuda la eficacia del acto —diferenciándose, así, de los actos de trámite— con independencia de la posibilidad de interposición de los recursos que procedan. En el caso que nos ocupa, de la documentación que obra en las actuaciones se desprende que el procedimiento al que se refiere la información solicitada había concluido, pues el inmueble objeto de subasta había sido licitado y adjudicado [si bien provisionalmente, para salvar el trámite de tres días hábiles del artículo 120.5.d) del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social] y precisamente lo que solicitaba el reclamante era la resolución expresa de finalización del procedimiento, los motivos y el importe de la deuda. En consecuencia, no puede entenderse que, en este caso, el procedimiento se encontrase en curso en el momento de realizarse la solicitud de información; circunstancia que, además, no fue puesta de manifiesto por el órgano requerido en su resolución de acceso, alegándola por primera vez en el trámite de alegaciones de esta reclamación circunscrita a la petición de la información relativa al importe de la deuda de la vivienda adjudicada. En conclusión, no procede la inadmisión o la falta de respuesta a la solicitud sobre el importe de la deuda con fundamento en la condición de interesado del reclamante, debiéndose poner de manifiesto que el acceso a tal información permite verificar el correcto funcionamiento y desarrollo del procedimiento de adjudicación de inmuebles por subasta. 5. En segundo lugar, y en lo que concierne a la existencia de un régimen jurídico específico de acceso a la información, debe ponerse de manifiesto que la TGSS se limita a afirmar dicha existencia sin concretar qué disposiciones contienen ese régimen específico regulador del acceso a la información y qué consecuencias se derivan de ello. Así, es en el trámite de alegaciones ante este Consejo —y no en su resolución inicial sobre el acceso— donde cita genéricamente el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social; el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social y la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, de desarrollo del citado reglamento. A falta de argumentación alguna en este sentido por parte de la TGSS más allá de la cita genérica de las normas indicadas, su análisis evidencia la inexistencia de un régimen específico de derecho de acceso a la información pues lo que, en su caso, se regula son los procedimientos de gestión de recaudación y, en particular, en lo que aquí interesa, de enajenación de bienes embargados (por ejemplo, artículo 120 del reglamento). Por tanto, teniendo en cuenta la jurisprudencia dictada en relación con la determinación del contenido y alcance de lo previsto en la Disposición adicional primera, apartado segundo, recapitulada en la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 10 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:871) —jurisprudencia que ha hecho suya este Consejo, por ejemplo, en las resoluciones R/111/2022, de 11 de julio o R/141/2022, de 19 de julio—, no se aprecia la concurrencia de las circunstancias que determinan la existencia de un régimen jurídico específico de acceso a la información (que, debe subrayarse, tampoco especifica el órgano requerido). En efecto, según la conclusión que se extrae de la jurisprudencia mencionada «cuando la disposición adicional primera apartado segundo de la Ley de Transparencia dispone que se regirán por su normativa específica las materias que tengan previsto un régimen jurídico propio de acceso a la información, la remisión no solo comprende los supuestos en los que se contenga un tratamiento global y sistemático del derecho sino también aquellas regulaciones sectoriales que afecten a aspectos relevantes de este derecho y que impliquen un régimen especial diferenciado del general. En estos casos, este régimen especial se aplica de forma preferente a las previsiones de la ley de transparencia, quedando esta última como regulación supletoria. Por ello, la preferente aplicación de unas disposiciones especiales no impide la aplicación supletoria de la Ley de Transparencia en los demás extremos no regulados por la norma sectorial, excepto, claro está, de aquellas previsiones que resulten incompatibles con las especialidades contempladas en la norma especial.» Por tanto, la LTAIBG únicamente queda desplazada en su aplicación como ley básica y general cuando existan en nuestro ordenamiento otras normas con rango de ley que cumplan una de las siguientes condiciones: (a) establezcan una regulación alternativa que contenga un tratamiento global y sistemático del derecho de acceso, o (b) contengan regulaciones sectoriales que afecten a aspectos relevantes del derecho e impliquen un régimen especial diferenciado del general; siendo en todo caso de aplicación subsidiaria en los extremos no regulados en las normas sectoriales. En este caso, la normativa que se invoca no constituye ni una regulación alternativa que contenga un tratamiento global y sistemático del derecho de acceso, ni se aprecian aspectos relevantes que impliquen un régimen diferenciado. En consecuencia, tampoco puede denegarse la información solicitada por este motivo. 6. En conclusión, con arreglo a lo razonado en los precedentes fundamentos jurídicos, no apreciándose la concurrencia de ningún límite legal al acceso solicitado que, conviene recordar, no se puso de manifiesto en la resolución inicial de acceso mencionándose únicamente en las alegaciones ante este Consejo, procede la estimación de la reclamación presentada a fin de que se aporte la información relativa al importe de la deuda de la vivienda adjudicada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución de la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, de fecha 28 de abril de 2022. SEGUNDO: INSTAR a la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x Importe de la deuda de la vivienda ejecutada. TERCERO: INSTAR a la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23. 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez