Solicitud de copia del registro de inscripción de la Isla de Ibiza y archivo de la reclamación por desistimiento del interesado

C Resolución 451/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 6 de octubre de 2022 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Que no encuentro la resolución de registro de inscripción de la isla de Ibiza en el Registro de Entidades Locales. Según el buscador de éste, tiene por número de inscripción el 03070060, con fecha 01/09/1986 (vean: He sido capaz de encontrar otras resoluciones para otros casos (vean, por ejemplo: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21649) pero no para el caso concreto de la denominación de la isla (no del municipio homónimo) de Ibiza. S/REF: 001-072733 N/REF: R/0952/2022; 100-007618 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Política Territorial Información solicitada: Copia del registro de inscripción de la Isla de Ibiza C SOLICITO: En virtud a los derechos que me otorga la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicito que se me remita una copia del registro de inscripción de la Isla de Ibiza. En el caso que la inscripción con fecha 01/09/1986 haya quedado derogada por una inscripción más reciente, solicito que también se me remita una copia de la versión más moderna.» No consta respuesta de la Administración. 2. Mediante escrito registrado el 8 de noviembre de 2022, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido: «El pasado 6 de octubre presenté una solicitud de acceso a información pública mediante el portal "sede.transparencia.gob.es", que adjunto, y a día de hoy, habiendo pasado más de un mes, no he recibido respuesta alguna.» 3. Con fecha 8 de noviembre de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas, sin que conste la presentación de escrito alguno. 4. En esa misma fecha, el 8 de noviembre de 2022 se recibió escrito del reclamante con el siguiente contenido: «Mediante este escrito les informo que hace unas horas he recibido la resolución de la solicitud de acceso a información pública con exp. 001-072733 (del Portal de Transparencia). Lamento las molestias que haya podido causar al haber presentado esta mañana la reclamación por falta de respuesta. Adjuntaré la resolución recibida al expediente de la sede electrónica del CTBG. Así pues, al estar conforme con la documentación recibida, solicito que se archive mi reclamación 100-007618.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso a una “copia del registro de inscripción de la Isla de Ibiza”, formulada en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. La Administración no respondió en el plazo máximo legalmente establecido por lo que la solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación ante este Consejo prevista en el artículo 24 LTAIBG. A lo anterior se suma que el Ministerio requerido tampoco ha efectuado alegaciones en el trámite ofrecido en este procedimiento, si bien, en la misma fecha en la que le remite el requerimiento para alegaciones, notifica al reclamante resolución de 3 de noviembre de 2022 en la que se acuerda conceder el acceso solicitado en los siguientes términos: « (…) cabe informar que, en el año 1986, fue inscrita en el Registro de Entidades Locales la Isla de Ibiza y Formentera. Como consecuencia de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Illes Balears por Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, que creó el Consell Insular de Formentera, se resolvió modificar la inscripción en el Registro de Entidades Locales de la Isla de Ibiza y Formentera, en lo relativo a su modificación, extensión superficial y población. » Notificada la mencionada resolución, el reclamante ha manifestado de forma expresa su voluntad de desistir de la presente reclamación. 4. Teniendo en cuenta lo expuesto en el fundamento jurídico anterior, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según cuyo tenor: «1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.» 5. En consecuencia, recibido en el Consejo de Transparencia el desistimiento expreso del reclamante y no habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados que insten su continuación, ni existir causas que permitan limitar sus efectos, debe darse por finalizado el actual procedimiento de reclamación, con el consiguiente archivo de actuaciones. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ARCHIVAR la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL. De acuerdo con el artículo 23. 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez