Reclamación de acceso a informe de la Sección de Oficiales de DIENA y escrito de titulación académica con resultado parcialmente estimatorio

Resolución 446/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 31 de marzo de 2022 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE DEFENSA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «1.- Se solicita acceso al Informe de fecha 21 de enero de 2022, firmado por el Jefe de la Sección de Oficiales de DIENA (CN D. XXXX), referenciado en cuarto punto de los ANTECEDENTES del Informe Jurídico Ref.26 AG-0098-22 de la Asesoría Jurídica de la Armada, de 31 de enero de 2022. 2.- Se solicita igualmente aportar, según lo descrito en el FUNDAMENTO DE DERECHO núm II del Informe Jurídico Ref.26 AG-0098-22 de la Asesoría Jurídica de la Armada firmado el 31 de enero de 2022, el texto íntegro del escrito, instancia o email en el que D. XXX haya facilitado (sic) el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos al supracitado Jefe de la Sección de S/REF: 001-067545 N/REF: R/0379/2022; 100-006751 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Defen sa Información solicitada: Informe de la Sección de Oficiales de DIENA Oficiales de DIENA, y su consentimiento a tratar dicha información para cualquier fin administrativo a dicha Sección.» 2. Mediante resolución de fecha 18 de abril de 2022, el MINISTERIO DE DEFENSA contestó al solicitante lo siguiente: «El requirente ostenta la categoría de interesado en el expediente administrativo del que forman parte los documentos que solicita, pudiendo acceder a ellos conforme determina la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por lo expuesto, y existiendo una norma que prevé una regulación propia del acceso a la información, se estima que concurre la causa de inadmisión que establece la Disposición Adicional primera, párrafo 2, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.» 3. Mediante escrito registrado el 26 de abril de 2022, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido resumido: «(…)DENIEGAN ACCESO A TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA. Motivo: Disposición Adicional primera de la LTAIBG Ley 19/2013 y Ley 39/2015. Esta última establece en su artículo 13.d) el derecho a acceder a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. II.C. MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN: En virtud del artículo 24 de la Ley 19/2013 de 09 de diciembre (Ley LTAIBG) se presenta reclamación tras desestimación (notificada en fecha 21ABR2021) de acceso a información pública (según definición contenida en Artículo 13 de la Ley LTAIBG 19/2013). El Nº de Expediente, de la solicitud de acceso a Información Pública es: 001 - 067545, realizado en fecha 31MAR2022. Para la desestimación, la Armada se basa en la "Disposición adicional primera" de la Ley 19/2013 (Ley LTAIBG) que establece las "Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública", definiendo en ella que "La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo EN CURSO a los documentos que se integren en el mismo". A esto hay que destacar que la información a la que se solicita acceso no es objeto de un procedimiento administrativo y que no está EN CURSO. Y tampoco está en elaboración, puesto que la firma del documento que se solicita es del 21ENE2022. La información requerida en el supra citado exp. de acceso a Información pública hace referencia a Anexos sobre los que se fundamentó un procedimiento de recurso de aIzada que fue resuelto por la Armada mediante escrito del Almirante de Personal con fecha 11FEB2022 y con referencia 19/22 (D- FN-AF-63004000-S-22-004780), que PUSO FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA, y por lo tanto, no está en curso administrativo. Además, la ley 39/2015 de 01 de octubre (Ley PACAP, citada en la desestimación), en su artículo 13 establece los Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Definiendo entre ellos, en el apartado d) el de acceder a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. El interesado se encuentra en total indefensión para acceder a esta información que obra en poder del Ministerio de Defensa, relativa a un procedimiento al que ha puesto fin por vía administrativa, y que la Armada no quiere notificar al interesado (aun habiéndose firmado y terminado el informe en su elaboración el 21ENE2022), ni notificó junto al escrito D-FN-AF- 63004000-S-22-004780 de 11FEB2022. Igualmente, no existe normativa específica para acceder a la información a la que se solicita acceso (informes), al no estar catalogadas ni clasificadas de forma especial respecto al resto que ostenta en poder de las AAPP, no habiéndose definido un régimen jurídico específico para ellas.» 4. Con fecha 28 de abril de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE DEFENSA al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 18 de mayo de 2022 se recibió escrito en el que se pone de manifiesto lo siguiente: «(…) I.- Analizada la reclamación interpuesta por el solicitante, esta autoridad reitera los argumentos formulados en la Resolución de 18 de abril de 2022, indicando así que “El requirente ostenta la categoría de interesado en el expediente administrativo del que forman parte los documentos que solicita, pudiendo acceder a ellos conforme determina la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. II.- En concreto se manifiesta que el derecho aducido se encuentra regulado en el artículo 53 de la citada norma, que previene que “los interesados, […] tienen los siguientes derechos: a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos […] y a obtener copia de los documentos…” III.- Por lo expuesto, reiterando que existe una norma que prevé una regulación propia del derecho de acceso a la información que se solicita, se considera que debería desestimarse la presente reclamación, en base a lo que establece la Disposición Adicional primera, párrafo 2, de la LTAIBG.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso, en los términos descritos en los antecedentes de esta resolución, en la que se solicita el acceso a un determinado informe jurídico y a un escrito de aportación de determinada titulación académica. La Administración dictó resolución en la que deniega el acceso alegando que el solicitante tiene condición de interesado en el procedimiento y que, por tanto, existe un régimen jurídico específico de acceso a la información previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; por lo que, entiende, resulta de aplicación la Disposición adicional primera, párrafo 2, LTAIBG. Razonamientos, los descritos, que reitera en fase de alegaciones en este procedimiento. 4. Teniendo en cuenta lo anterior cabe recordar que la Disposición adicional primera de la LTAIBG dispone en su apartado primero que, «la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo». Según la mencionada previsión, mientras el procedimiento administrativo de que se trate se encuentre en curso —esto es, en tramitación—, el acceso a la información y documentación se regirá por lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación a tal procedimiento —en este caso, la regulación general de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC), en particular, su artículo 53—. Desde la mencionada perspectiva, este Consejo ha señalado que, para que la previsión contenida en el primer apartado de la Disposición adicional primera desplace la aplicación de la LTAIBG deben concurrir, cumulativamente, tres circunstancias: que el solicitante tenga la condición de interesado, que la solicitud de acceso se formule en relación con información perteneciente a un procedimiento administrativo y que tal procedimiento se halle en curso. En este caso, como ya se ha expuesto, la resolución inicial de la que trae causa esta reclamación deniega el acceso al informe y escrito solicitados basándose, precisamente, en la condición de interesado del solicitante en un procedimiento administrativo y remitiendo, en consecuencia, a la aplicación de la Ley 39/2015. En su reclamación ante este Consejo, sin embargo, el peticionario subraya que ni la información solicitada se inscribe en el seno de un procedimiento, ni este se encontraría en curso, por lo que, entiende, no se puede inadmitir su solicitud con fundamento en la mencionada disposición adicional. 5. Este Consejo considera, se adelanta ya, que asiste la razón al reclamante en lo que respecta a la no existencia de un procedimiento en curso en el momento de formularse la solicitud. A esta conclusión se llega tras revisar y unificar la interpretación recogida en resoluciones anteriores de la expresión procedimiento en curso para circunscribirla a las actuaciones que se realizan desde la incoación del procedimiento administrativo hasta su terminación por resolución definitiva (ya sea expresa o presunta), o bien por la concurrencia de alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 84 LPAC. Es, en efecto, la resolución definitiva (y no necesariamente firme) la que pone fin al procedimiento y a la que, una vez notificada a la persona interesada o publicada, se anuda la eficacia del acto —diferenciándose, así, de los actos de trámite— con independencia de la posibilidad de interposición de los recursos que procedan. En el caso que nos ocupa, de la documentación que obra en las actuaciones se desprende que el procedimiento al que se refiere la información solicitada había concluido. Así, no solo consta que se dictó resolución del Almirante Director de Enseñanza Naval, de 30 de noviembre (BOD 238, 9 de diciembre de 2021), en la que se reconoce al interesado la especialidad complementaria de Ingeniería de Infraestructuras del Cuerpo de Ingenieros de la Armada —lo que, con arreglo al artículo 84.1 LPAC, pone fin al procedimiento—; sino que, interpuesto recurso de alzada frente a la citada resolución (por considerar el reclamante que se lesionaban los principios de igualdad, mérito y capacidad) este recurso ha sido desestimado en resolución de fecha 11 de febrero de 2022. Preci samente en la resolución por la que se desestima el recurso de alzada se argumenta que «En relación a este proceso, el informe de la Sección de Oficiales de la DIENA dice que “…con la documentación que dispone esta Sección de Oficiales, facilitada por el interesado, la titulación que permitió su acceso al CIA es la de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Esta titulación permite el reconocimiento de la ECOM de Ingeniería de Infraestructuras (…), sin que por parte del interesado se hayan aportado elementos de juicio que permitan deducir la existencia de un error por parte del órgano técnico.», siendo este informe (el emitido por la Sección de Oficiales de la DIENA) el que ahora se solicita. Habiendo finalizado el procedimiento de reconocimiento de especialidad por resolución de 9 de diciembre de 2021 y habiéndose resuelto, incluso, el recurso de alzada interpuesto frente a la misma, no cabe entender que el procedimiento se encuentre en curso —que es el elemento relevante de la previsión contenida en la Disposición adicional primera, primer apartado— y, por esta razón, ni resulta de aplicación la mencionada Disposición adicional ni cabe denegar el acceso a la información por este motivo. En definitiva, con arreglo a lo expuesto, no apreciándose la concurrencia de ningún límite legal al acceso solicitado, procede la estimación de la reclamación presentada en relación con el primer punto de la solicitud de información. 6. Distinta conclusión ha de alcanzarse, sin embargo, en lo relativo al segundo punto de la solicitud de acceso, referente al acceso «al texto íntegro del escrito, instancia o email en el que [el propio solicitante] haya facilitado (sic) el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos al Jefe de la Sección de Oficiales de DIENA, y su consentimiento a tratar dicha información», pues se trata de información que, de existir, debe obrar en p oder del reclamante en la medida en que se refiere a un escrito presentado por él mismo. Por tanto la reclamación presentada debe ser desestimada en este apartado. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE DEFENSA, de fecha 18 de abril de 2022. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE DEFENSA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x Informe de fecha 21 de enero de 2022, firmado por el Jefe de la Sección de Oficiales de DIENA (CN D. XXXX), referenciado en cuarto punto de los ANTECEDENTES del Informe Jurídico Ref.26 AG-0098-22, de la Asesoría Jurídica de la Armada, de 31 de enero de 2022. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE DEFENSA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23. 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez