Solicitud de normativa sancionadora, protocolos de prevención y estadísticas de expedientes disciplinarios de estudiantes de la UNED

Resolución 440/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 18 de abril de 2022, el reclamante solicitó a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “PRIMERA: Normativa sancionadora propia sobre sus estudiantes: La norma sancionadora que resulta de aplicación a los estudiantes de las universidades públicas españolas es la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria, sin perjuicio de aquellas otras que hayan aprobados las Comunidades Autónomas o las universidades e n el marco de su autonomía. 1. ¿Tiene la universidad normativa sancionadora propia sobre sus estudiantes? En caso afirmativo, solicito que la aporten junto con la resolución de esta solicitud o, en su defecto, que indiquen dónde puedo acceder a la misma. S/REF: 008-045472 N/REF: R/0494/2022; 100-006929 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Información solicitada: Norma sancionadora de aplicación a los estudiantes de la UNED: prevención del bullying o del mobbing, exámenes y expedientes disciplinarios 2. ¿Tiene alguno de los centros de la universidad normativa sancionadora propia sobre sus estudiantes (institutos de investigación, residencias universitarias, etc.)? En caso afirmativo, solicito que la aporten junto con la resolución de esta solicitud o, en su defecto, que indiquen dónde puedo acceder a las mismas. SEGUNDA: Mecanismos de prevención: 3. ¿Tiene la universidad o alguno de sus centros algún tipo de normativa, circulares, protocolos de actuación o planes de prevención del bullying o del mobbing, del plagio, de la violencia de género en el ámbito universitario? En caso afirmativo, solicito que los aporten junto con la resolución de esta solicitud o, en su defecto, que indiquen dónde puedo acceder a los mismos. En caso negativo, solicito que indiquen si están en proceso de elaboración. TERCERA: Realización de exámenes: 4. ¿Cuenta la universidad o alguno de sus centros con normas o protocolos específicos para controlar el fraude en la realización de pruebas de evaluación del rendimiento académico? Esto es, indicaciones de cómo deben colocarse los alumnos, qué material pueden llevar y que no, si pudieren salir durante la prueba, si cierran la comunicación mediante inhibidores, etc. En caso afirmativo, solicito que los aporten junto con la resolución de esta solicitud o, en su defecto, que indiquen dónde puedo acceder a los mismos. En caso negativo, solicito que indiquen si están en proceso de elaboración. 5. ¿De alguna manera advierten a los alumnos de las consecuencias que tiene el fraude en la realización de pruebas de evaluación del rendimiento académico? En caso afirmativo, solicito que aporten el documento donde se recojan estas advertencias junto con la resolución de esta solicitud o, en su defecto, que indiquen dónde puedo acceder al mismo. En caso negativo, solicito que indiquen si está en proceso de elaboración. 6. ¿Cuenta la universidad o alguno de sus centros con normas reguladoras de las medidas que hay que adoptar en caso de advertir conductas fraudulentas durante la realización de pruebas de evaluación del rendimiento académico? En caso afirmativo, solicito que las aporten junto con la resolución de esta solicitud o, en su defecto, que indiquen dónde puedo acceder a las mismas. En caso negativo, solicito que indiquen si están en proceso de elaboración. 7. ¿Qué consecuencias tiene en el hecho de que un alumno sea sorprendido cometiendo fraude en la realización de pruebas de evaluación del rendimiento académico? 8. ¿Se le considera automáticamente suspendido o se le da la posibilidad de repetir la prueba? 9. ¿Se le apertura procedimiento disciplinario? CUARTA: Número de expedientes disciplinarios incoados: 10. Solicito el número de expedientes disciplinarios incoados sobre sus estudiantes entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2021. 11. Solicito el número de estudiantes a los que se les ha incoado un procedimiento disciplinario entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2021. QUINTA: Medidas provisionales: 12. ¿Imponen medidas provisionales junto a la incoación del procedimiento o una vez incoado éste? En caso afirmativo, solicito que indiquen en qué consisten estas medidas. SEXTA: Número de procedimientos resueltos: 13. Solicito el número de expedientes disciplinarios sobre sus estudiantes que ha resuelto la universidad a la que me dirijo entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2021. De entre ellos, solicito: 14. El número de expedientes disciplinarios sobre sus estudiantes en que el estudiante ha sido sancionado. 15. El número de expedientes disciplinarios sobre sus estudiantes en que el estudiante ha sido absuelto. 16. El número de alumnos sancionados. 17. El número de alumnas sancionadas. SÉPTIMA: Ejecución de sanciones: 18. ¿Se han encontrado dificultades para ejecutar las impuestas en su ámbito sancionador? ¿Cuáles son estas dificultades? 19. ¿Se han dado casos, por ejemplo, en que una vez que se sanciona al alumno prohibiéndole realizar el examen de una determinada asignatura, éste ya la ha aprobado entre tanto se ha instruido el procedimiento? Para esos casos, ¿se prevé o se ha acudido alguna vez a la revisión de oficio para de alguna manera anular ese aprobado y hacer que la sanción se haga efectiva? ¿Cómo se desarrolló este procedimiento? 20. ¿Controlan de alguna manera o tienen mecanismos que impidan un estudiante se matricule en la universidad aun habiendo sido sancionado por otra con la inhabilitación temporal o perpetua para cursar estudios universitarios? En caso afirmativo, solicito que indiquen en qué consisten estos mecanismos. 21. ¿De qué forma ejecutan en la universidad a la que me dirijo las sanciones de amonestación privada? 22. ¿Se prevé de alguna manera la difusión de las sanciones impuestas con objeto de concienciar y advertir al resto de los alumnos y profesores? En caso afirmativo, solicito que indiquen de qué forma. OCTAVA: Régimen de recursos y jurisdicción contencioso-administrativa: 23. Solicito el número de resoluciones dictadas entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2021 que han sido recurridas ante la jurisdicción-contencioso administrativa. De entre ellas, solicito: 24. El número de resoluciones que han sido confirmadas por los órganos jurisdiccionales. 25. El número de resoluciones que han sido dejadas sin efecto por los órganos jurisdiccionales. NOVENA: Prejudicialidad penal: 26. Solicito el número de procedimientos incoados entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2021 que han sido suspendidos por apreciarse la existencia de indicios criminales en la actuación del estudiante. DÉCIMA: Mediación: 27. Solicito el número de procedimientos incoados entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2021 en los que se inició algún tipo de mediación. En caso afirmativo, solicito que indiquen en qué consistió esta mediación. Por ello, SOLICITO AL ÓRGANO que tenga por presentado este escrito y con él, por solicitado el acceso a la información referida ut supra, que tras los trámites oportunos deberá ser estimado, facilitando a este interesado la información pública solicitada. OTROSÍ DIGO PRIMERO: Que a efecto de notificaciones SOLICITO AL ÓRGANO que las mismas sean hechas físicamente a mi nombre y a efectos de comunicaciones indico que mi correo electrónico es XXXX y mi teléfono XXXX. OTROSÍ DIGO SEGUNDO: Que en el año 2017 realicé esta misma solicitud con algunas modificaciones. Si bien la mayoría de las universidades públicas la atendieron debidamente; otras no lo hicieron. Aquello me obligó a acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y, en algunos casos, a los diferentes consejos de transparencia autonómicos. Todo ellos ampararon mi petición. Por ello, COMUNICO AL ÓRGANO que en aras de no entorpecer el efectivo ejercicio de este derecho, tenga a bien atender esta solicitud en el plazo normativamente conferido”. No consta respuesta de la Administración. 2. Mediante escrito registrado el 2 de junio de 2022, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido: “Que el pasado 26 de abril presenté solicitud de información pública a la universidad de educación a distancia. Acompaño dicha solicitud y su justificante. Que ha transcurrido el plazo legalmente establecido sin que la universidad haya respondido o ampliado el plazo. Que sea requerida para acceder a la petición realizada”. 3. Con fecha 3 de junio de 2022, el CTBG remitió la reclamación a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 23 de junio de 2022 se recibió escrito, con el siguiente contenido: “PRIMERA. - La UNED tiene alojado en su sede electrónica el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta es la vía que habitualmente utilizan los ciudadanos para enviar a la universidad las solicitudes para el ejercicio de este derecho. En el Portal de Transparencia de la UNED también se recoge toda la información relativa a este procedimiento, y junto con el enlace a la sede electrónica, existe además un formulario para aquellos ciudadanos que carezcan de medios electrónicos y necesiten entregar su solicitud presencialmente en una oficina de asistencia en materia de registros. SEGUNDA. - Don XXXX, en los años 2017 y 2019, realizó diversas peticiones de información pública, a través del procedimiento de la sede electrónica de la universidad. Estas peticiones fueron atendidas, facilitando la información requerida, en tiempo y forma. TERCERA. – El pasado 6 de junio se recibe en la Secretaría Técnica de la Gerencia la reclamación interpuesta ante el CTBG, concediendo a la universidad un plazo de quince días para formular alegaciones. Cuando se recibe esta comunicación en esta unidad, responsable de la tramitación del procedimiento de acceso a la información pública, no se tiene constancia de la existencia de una nueva petición de información pública remitida por parte del interesado, ni a través del procedimiento específico de sede electrónica ni por alguna de las vías establecidas en el artículo 16.4 de la LPAC. Para tratar de averiguar si realmente la solicitud tuvo entrada en la UNED y, si fue así, a quién se dirigió, en primer lugar, se pregunta al Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección de la universidad (CPRI), unidad que debía proporcionar los datos e información requerida por el interesado, si ha recibido directamente desde la Oficina de Asistencia en materia de Registros la solicitud cuya contestación se reclama. El CPRI informa que no ha recibido ninguna solicitud en este sentido. Se adjunta correo electrónico. Posteriormente, el día 7 de junio se solicita información a la Oficina de Asistencia en materia de Registros de la UNED sobre esta solicitud, en concreto sobre si existe constancia de su registro en la UNED, y en caso de respuesta afirmativa, en qué fecha se registró y la unidad a la que se envió el asiento. Desde la Oficina de Asistencia en materia de Registro se informa que el asiento tuvo entrada en la UNED el 22 de abril y que se envió al Centro de Atención del Estudiante (CAE), unidad encargada de facilitar toda la información de carácter general relacionada con la actividad de la universidad. También se indica que el CAE en ningún momento ha confirmado ni rechazado el asiento. Se adjunta correo electrónico. Posteriormente, se acude presencialmente a las oficinas del CAE para preguntar sobre este asiento registral y comentan que no lo han recibido, mostrando los asientos pendientes de su bandeja de entrada. Al analizar la información de la bandeja de entrada se observa que hay más asientos pendientes de confirmar que los que aparecen en pantalla, detectando que estaba activado un filtro de GEISER, por el que solamente se muestran los últimos asientos. Al eliminar este filtro, se recuperan todos los asientos pendientes de confirmar, entre los que se encuentra la petición de don XXX. A continuación, desde el CAE se procede a rechazar el asiento a la Oficina de Asistencia en materia de Registro, que procede a reenviarlo a la Secretaría Técnica. El día 8 de junio se recibe el asiento con la petición del interesado en la Secretaría Técnica que inicia los trámites para su contestación. CUARTA. – Finalmente, el día 17 de junio se concede el acceso a la información solicitada mediante resolución rectoral que se notifica ese mismo día electrónicamente. Se adjunta la resolución y el justificante del registro de salida. QUINTA.- De los correos aportados y de los panta llazos incorporados al presente escrito se desprende que la UNED no ha contestado la petición ni por mala fe ni por negligencia en el cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa vigente. Un error en la calificación del documento recibido por parte de la Oficina de Asistencia en materia de Registro supuso el envío de la solicitud a una unidad no competente para resolverlo, y el desconocimiento de una nueva funcionalidad de la aplicación GEISER por parte de esta unidad receptora tuvo como consecuencia que este asiento, junto con su documentación, permaneciese oculto y no se remitiese a la Secretaría Técnica, unidad competente para su gestión y resolución. SEXTA.- Por otro lado, interesa también destacar que el interesado, conociendo la existencia del procedimiento específico para el acceso de la información pública, que ya utilizó en otras ocasiones, presenta la documentación en papel, sin utilizar formulario normalizado alguno, en el Registro Auxiliar de la Dirección Provincial del SEPE en Cádiz, contraviniendo lo establecido en el artículo 66.6 de la LPAC. Por todo lo anteriormente expuesto, una vez resuelta la petición de información pública, que por los problemas expuestos no se atendió en plazo, se entiende satisfecha la pretensión del interesado”. 4. El 27 de junio de 2022, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que conste su presentación. en el plazo concedido al efecto. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso a la información relativa a la norma sancionadora, de aplicación a los estudiantes de la UNED, en lo relativo a aspectos como la prevención del bullying o del mobbing, el protocolo de fraude en la realización de exámenes, o los expedientes disciplinarios incoados y estudiantes afectados, entre otras, formulada en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. La UNED no respondió en el plazo legalmente establecido por lo que la solicitud de información se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en fase de alegaciones en este procedimiento, la entidad requerida pone de manifiesto la existencia de ciertos problemas técnicos en el acceso a las solicitudes registradas y errores en la calificación de los documentos por parte de la Oficina de Asistencia en materia de Registro, que, una vez detectados se han solucionado, dictando resolución por la que se concede el acceso a la información solicitada. 4. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso recordar que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. En este caso, la entidad requerida no dio respuesta a la solicitud manifestando, en fase de alegaciones que no había tenido conocimiento de la pendencia de una solicitud debido a los problemas en la visibilización de los asientos en el registro Geiser ya indicados. Si bien es cierto que la entidad requerida justifica de esta forma el retraso padecido, también lo es que la observancia del plazo máximo de contestación establecido en el artículo 20.1 de la LTAIBG es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la Ley al manifestar que “con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta”. No puede obviarse, no obstante, que, aun de forma tardía, la Universidad ha facilitado la información de la que dispone y el solicitante no ha formulado objeción alguna en el trámite de audiencia que le ha sido concedido al efecto, por lo que se entiende que ha visto satisfecha su solicitud. En casos como éste, en que la respuesta a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por la LTAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante este Consejo debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener la información solicitada en el plazo legalmente establecido y por otro, tener en cuenta el hecho de que se le ha proporcionado la información. 5. En consecuencia, procede la estimación de la reclamación por motivos formales ya que no se ha respetado el derecho del solicitante a obtener la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23. 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez