Acceso a expedientes de contratación de emergencia del INGESA sobre suministros de material sanitario y estimación formal de la reclamación

Resolución 428/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 16 de marzo de 2022 al Ministerio de Sanidad, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: Pido los contratos de la Dirección del INGESA con número de expediente COVID62 para el suministro de 52 millones de guantes de nitrilo por 5,5 millones, expediente COVID67 para 40 millones de guantes de nitrilo por 3,8 millones y expediente COVID30 para el suministro de 500.000 batas desechables por 10,1 millones con la empresa Weihai Textile Group Import and Export co LTD. Pido el documento de oferta, el acta de recepción, fotografías de los materiales entregados y el resto de documentos del expediente. S/REF: 001-066923 N/REF: R-0425-2022 / 001-006809 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Información solicitada: Contratos de INGESA 2. Mediante resolución de 22 de abril de 2022, la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) concede el acceso a la información solicitada, en los siguientes términos: "Comunicar a que los datos relativos a los contratos solicitados pueden ser consultados a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en los enlaces que se adjuntan. -nr PLACSP Covid62 https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle licitacion&idEvl=2Rv qSOuH4Ycuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D - nr PLACSP Covid67 https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle licitacion&idEvl=2Rv qSOuH4Ycuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D - nr PLACSP Covid30 https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle licitacion&idEvl=2Rv qSOuH4Ycuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D . 3. Mediante escrito registrado el 9 de mayo de 2022, el interesado interpuso una reclamación en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en la que señala lo siguiente: No se me facilitan los documentos en PDF del documento completo como sí se ha hecho en otros casos desde ese mismo Ministerio, como por ejemplo en el expediente: 001-067865. En este caso sólo se me remite al Portal de Contratación donde no está la información requerida (documento de oferta de la empresa, el acta de recepción, fotografías de los materiales entregados y el resto de documentos del expediente). 4. Con fecha 12 de mayo de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al Ministerio de Sanidad, al objeto de que se formulasen las alegaciones que se considerasen oportunas. El 6 de junio de 2022 se recibió respuesta de la directora del INGESA con el siguiente contenido: El INGESA, Entidad Gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio de Sanidad, con competencia en la gestión de la asistencia sanitaria de Ceuta y Melilla, a la vista de la información solicitada, RESUELVE Dar respuesta a la reclamación interpuesta por ante el CTBG con la siguiente información: Envío de los enlaces actualizados a los contratos solicitados publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) - nr PLACSP Covid62 2RvqSOuH4Ycuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D - nr PLACSP Covid67 https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetallelicitacion&idEvl= O6ON571mppguf4aBO%2BvQlQ%3D%3D - nr PLACSP Covid30 https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetallelicitacion&idEvl= zGClnKC6lMGrz3GQd5r6SQ%3D%3D Los documentos de la oferta de las empresas se encuentran insertados en las propias memorias de contratación de emergencia publicadas en la PLACSP. Respecto a las actas de recepción de los contratos COVID62 y COVID67, se comunica que no existe acta de recepción dado que ambos contratos fueron resueltos, según se infiere de la documentación publicada en la PLACSP. Del contrato COVID30 se facilita el acta de recepción correspondiente. De los contratos COVID62 y COVID67, al no llegar a ejecutarse, no existen fotografías de los materiales. Respecto al contrato COVID30, se facilita fotografía del material entregado. Lo que se comunica por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dentro del plazo concedido para hacer alegaciones a la reclamación número 100-006809, interpuesta por Obra como documento adjunto a dicha contestación un certificado del entonces director del INGESA, de 26 de octubre de 2020, en el que, en relación con el contrato Covid19_49, con objeto consistente en el suministro de 500.000 batas de protección desechables por importe de 11.034.969,49 euros, se pone de manifiesto: Que, de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Instituto, en el contrato arriba referenciado, se ha producido la entrega del objeto del contrato, de 500.000 batas de protección desechables. Que mediante este certificado se da la conformidad de la recepción de los suministros recibidos, todo ello sin menoscabo de los posibles vicios que puedan manifestarse con la puesta en funcionamiento de los dispositivos y teniendo en cuenta lo recogido en los documentos que obran en el expediente y que rigen la presente contratación de emergencia. Se adjunta fotografía de un paquete del material suministrado. 5. El 8 de junio de 2022 se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El día 11 de junio de 2022 se recibió un escrito con el siguiente contenido: No se me ha trasladado toda la documentación requerida. Solicito el expediente completo y sólo se me remite al Portal de Contratación. Ahí sólo están disponible tres documentos por contrato (Anuncio de adjudicación, Anuncio de formalización de contrato, Documento de Acta de Formalización y en su caso Resolución contractual). Un expediente habitualmente consta de otros documentos como Pliegos Técnicos y Administrativos, Certificados de Seguridad Social y Agencia Tributaria, Declaración de Insuficiencia de Medios Propios, Documentos referidos a la Declaración del Estado de Alarma, Memoria justificativa, Acuerdo de iniciación del expediente, Documento de aprobación del expediente, Composición de la mesa de contratación, etc. que no han sido aportados. En otros muchos contratos del propio INGESA sí se publican esos citados documentos en el Portal de Contratación, así que pido que se haga lo mismo o se me faciliten a mí al menos en relación con los tres contratos mencionados. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. En lo que atañe al fondo del asunto planteado, debemos recordar que el derecho de acceso a la información pública está reconocido en la LTAIBG como un auténtico derecho público subjetivo, al establecer su artículo 12 que “[t]odas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”, configurándose desde su preámbulo de forma amplia, disponiendo que (i) son titulares todas las personas, (ii) podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud, (iii) solamente se verá limitado en aquéllos casos en que sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos y, finalmente, (iv) indicando expresamente que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test del daño –del interés que se salvaguarda con el límite- y del interés público en la divulgación, de forma justificada, proporcionada y limitada por su objeto y finalidad y atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Esta formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto los límites a este derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la LTAIBG como las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18.1 de la LTAIBG. Así lo ha proclamado en distintas ocasiones el Tribunal Supremo –entre otras, en sus Sentencias de 16 de octubre de 2017, de 10 de marzo de 2020, de 11 de junio de 2020, de 19 de noviembre de 2020 y, finalmente, de 29 de diciembre de 2020-. En el caso que nos ocupa, no han sido invocadas ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ninguna de las causas de inadmisión, así como tampoco cualesquiera límites al acceso legalmente previstos. 4. En el presente supuesto se ha planteado el acceso a determinada información contractual relativa a tres expedientes de contratación del Ministerio de Sanidad-Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) relacionados con la gestión de la pandemia del COVID19. INGESA ha concedido acceso a la información solicitada en los términos que resultan de los antecedentes de la presente resolución, sin que, a juicio del reclamante, se haya dada cumplida satisfacción a su derecho de acceso. Ante todo, ha de ponerse de manifiesto que, como indica INGESA, los tres expedientes de contratación a que se refiere la solicitud de acceso fueron contrataciones de emergencia, lo que implica la observancia de los requisitos mínimos previstos en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Precisamente en esos supuestos no es exigible de la Administración contratante la observancia de los procedimientos contractuales en sentido estricto, pudiendo celebrarse incluso de forma verbal -artículo 37- y sin crédito suficiente. Partiendo de esta base, y si se tiene en cuenta además que dos de los tres contratos sobre los que se solicita información fueron objeto de resolución y no llegó a emitirse documento alguno de recepción de conformidad, tal y como indica INGESA, parece claro que parte de la información sobre la que se solicitaba el acceso no existía. En cambio, sobre el contrato denominado por el reclamante COVID30 y COVID19_49 por INGESA, inicialmente sólo se ha facilitado un enlace a la publicación correspondiente en la Plataforma de Contratación del Sector Público y, en la fase de alegaciones de este procedimiento, se ha aportado documentación adicional, en concreto, copia del acta de recepción y fotografía del material suministrado. El reclamante ha indicado en sus escritos que ha podido acceder a parte de la documentación solicitada; así, en su reclamación reconoce que en los enlaces facilitados ha podido acceder al anuncio de adjudicación, el anuncio de formalización de contrato, el documento de acta de formalización y, en su caso, resolución contractual. Alega que no se le han aportado otros documentos como Pliegos Técnicos y Administrativos, Certificados de Seguridad Social y Agencia Tributaria, Declaración de Insuficiencia de Medios Propios y otros habituales en un expediente de contratación. Sin embargo es preciso tener en cuenta que, como ya se ha indicado, los expedientes sobre los que versó la solicitud de acceso corresponden a contrataciones acogidas al régimen especial de emergencia previsto en la LCSP que exime de la realización de gran parte de los trámites ordinarios. En consecuencia, se ha de concluir que entre la resolución inicial y la aportación complementaria realizada en la fase de alegaciones de este procedimiento se ha proporcionado toda la información pública disponible. Ahora bien, el hecho de que no se haya facilitado toda la información disponible en la resolución inicial de acceso obliga a estimar la reclamación por motivos formales ya que no se ha respetado el derecho del solicitante a obtener la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE SANIDAD de 22 de abril de 2022. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez