Inadmisión de reclamación por falta de competencia del CTBG respecto a solicitud de información dirigida al Defensor del Pueblo

Resolución 373/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la asociación reclamante solicitó el 11 de agosto 2022 al DEFENSOR DEL PUEBLO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), la siguiente información: « Recibido su escrito de fecha 8 del presente, en relación a nuestro expediente 21806, por el que se procede al archivo de nuestra queja por no facilitar datos personales de terceros en base a su protocolo interno, debemos indicarles lo siguiente: S/REF: S21806.06.03 N/REF: R/0843/2022; 100-007410 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Defensor del Pueblo Información solicitada : Protocolo cesión datos personales y normativa sobre funciones control 1.- En nuestra petición a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, sin respuesta hasta la fecha, no indicábamos porque no era necesario dato personal alguno de terceros. 2.- La cesión de datos de terceros que nos piden, que no conservamos puesto que nos basta con un documento anonimizado para conocer las actuaciones de la administración sobre la que nos quejamos, entendemos que podrían vulnerar la normativa sobre protección de datos de carácter personal, por lo que remitiremos consulta a la Agencia Española de Protección de Datos al respecto para mayor seguridad de nuestra Asociación. 3.- Por este motivo, y dado que es una norma importante que puede provocar como ha sido el caso el archivo de expedientes, solicitamos en base a la Ley de Transparencia, necesitaríamos copia del protocolo interno que obliga a archivar quejas por el mal funcionamiento de la administración si no se ceden datos personales de terceros ajenos a la queja, dado que entendemos son documentos elaborados en el ejercicio de sus funciones relacionados con su actividad. Les recordamos que en caso de que necesiten datos personales de cualquier ciudadano afectado por expedientes de la administración pueden pedirla a ésta, no siendo exigible a la ciudadanía, ni a colectivos como el nuestro, conforme al art. 53 de la Ley 39/2015 4.- No obstante, no podemos acreditar de ningún modo la falta de respuesta de la administración, en este caso la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, precisamente porque no nos contestan, vulnerando la norma básica del procedimiento administrativo común. 5.- Dado que nuestro protocolo interno se comunica a nuestros asociados y en él se incluía la queja al Defensor del Pueblo en caso de que la administración no contestara las peticiones, corregiremos el mismo en caso de que se haya derogado la función de esta Institución para conseguir que las AAPP respondan a los ciudadanos, como parecen informarnos en esta ocasión, dejando sin efecto el art. 17 de la Ley Orgánica 3/81, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. 6.- Por último querríamos conocer las funciones como Adjunta del Defensor del Pueblo que se hayan delegado ya que nos ha sorprendido que pueda archivarse una queja por falta de respuesta sin intervenir en ningún momento el Defensor del Pueblo ni contestar nuestras dudas anteriores. Por todo lo cual, SOLICITAMOS: 1.- Copia del protocolo interno que obliga a la cesión de datos personales de terceros para poder tramitar quejas por falta de respuesta de la administración pública. 2.- Copia de la normativa, orden interna, instrucción, o cualquier tipo de documentación por la que el Defensor del Pueblo no vele, como en el caso de esta queja, por la resolución de la administración de las peticiones formuladas, como anteriormente establecía el art. 17 de su Ley Orgánica» 2. Mediante escrito presentado el 21 de septiembre de 2022, la citada asociación interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, con el siguiente contenido: « Como Asociación de ámbito nacional nuestros fines son la promoc ión y defensa de los derechos de los ciudadanos en igualdad ante las Administraciones e Instituciones Públicas, así como velar por el cumplimiento de la normativa vigente por parte de éstas para la mejor atención y desarrollo de su función ante los administrados. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido respuesta a la solicitud de información pública adjunta, remitida el pasado 11 de agosto de 2022. Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente RECLAMACIÓN ante la negativa a facilitar la información solicitada.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13, « los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. A la vez, acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de información dirigida al Defensor del Pueblo, órgano respecto del cual las competencias que la LTAIBG atribuye a esta Autoridad Administrativa Independiente están limitadas en lo que respecta a la garantía del derecho de acceso a la información pública. Así, si bien el artículo 2.1.f) LTAIBG incluye en su ámbito subjetivo de aplicación, entre otros, al Defensor del Pueblo «en relación con sus actividades sujetas al Derecho Administrativo», sin embargo, el artículo 23.2 LTAIBG indica expresamente que «contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1 f) sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo»; regla especial con la que el legislador excluye la posibilidad de interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG ante este Consejo, con carácter potestativo y previo a la eventual impugnación en la vía judicial. A resultas de ello, este Consejo de Transparencia carece de competencia para conocer de las reclamaciones presentadas frente a resoluciones, expresas o presuntas, dictadas por el Defensor del Pueblo en materia de acceso a la información pública, correspondiendo su enjuiciamiento directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. En consecuencia, por las razones expuestas, la presente reclamación debe ser inadmitida. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede INADMITIR la reclamación presentada el 21 de septiembre de 2022 por DEFENSA CIUDADANA ACTIVA frente al DEFENSOR DEL PUEBLO. De acuerdo con el artículo 23. 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez