Solicitud de listado de empresas con prohibición de contratar y estimación de la reclamación por parte del CTBG

Resolución 372/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 25 de enero de 2022 la reclamante solicitó al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «El artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público establece los casos en que a una persona se le prohibirá contratar con las administraciones públicas. En el artículo 72, además, se establecen los casos en que el Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, o los órganos competentes de las comunidades autónomas, son competentes para fijar la duración y alcance de la prohibición de contratar. Querría saber cuántas empresas están incursas en la prohibición de contratar en este momento, así como sus nombres, el motivo y la duración de esa prohibición. S/REF: 001-065074 N/REF: R/0393/2022; 100-006769 Fecha: La de firma Dirección Administración/Organismo: Ministerio de Hacienda y Función Pública Información solicitada: Empresas incursas en la prohibición de contratar con la Administración También querría saber a cuántas empresas la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ha propuesto prohibido contratar con la Administración, los nombres de esas empresas, el motivo y la duración de esa prohibición. Finalmente, querría saber a cuántas empresas el Ministro de Hacienda y Función Pública o los órganos competentes de las comunidades autónomas han prohibido contratar con la Administración, los nombres de esas empresas, el motivo y la duración de esa prohibición.» 2. Mediante resolución de fecha 28 de marzo de 2022, el MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA contestó a la solicitante lo siguiente: «Con fecha 26 de enero de 2022, esta solicitud se recibió en la Dirección General del Patrimonio del Estado, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. El 25 de febrero de 2022, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se amplió en un mes el plazo de Resolución debido a la complejidad de la información para la que se solicitaba el acceso. Analizada la solicitud, esta Dirección General resuelve conceder parcialmente la información solicitada, facilitando la siguiente información: En el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), regulado en los artículos 337 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de marzo de Contratos del Sector Público (LCSP) se inscriben los datos de personalidad y capacidad de obrar, autorizaciones y habilitaciones, solvencia y clasificación empresarial, y sus certificados acreditan frente a todos los órganos de contratación del sector público, las condiciones de aptitud del empresario y, en particular, la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. Todas las propuestas formuladas por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en las que se ha declarado la prohibición de contratar por la Ministra de Hacienda y Función Pública de acuerdo con lo regulado en los artículos 71 y siguientes de la LCSP, son objeto de anotación en el citado ROLECE. A día de hoy, las prohibiciones vigentes declaradas por la Ministra de Hacienda y Función Pública (o, en su caso, por el/ la titular del Ministerio de Hacienda) ascienden a 143, de las que 86 corresponden a 2021. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 338.4 de la LCSP, todas las prohibiciones que, en función de su ámbito y del órgano que las haya declarado, deban ser inscritas en el registro de licitadores y empresas clasificadas de una Comunidad Autónoma que cuente con dicho registro, serán comunicadas al ROLECE por el órgano de dicha Comunidad Autónoma competente para la llevanza del registro. En este contexto, los órganos de contratación en cada contrato público pueden acceder a la información contenida en el ROLECE respecto de los licitadores de ese contrato y, entre otros datos, visualizar si se encuentra en una situación de prohibición de contratar, el artículo de la LCSP en virtud del cual se le ha impuesto la prohibición y la fecha final de la misma. Al margen de ello, cualquier persona interesada, mediante DNI electrónico o certificado digital CERES (FNMT-RCM) puede acceder al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado a través del enlace que se indica a continuación y consultar la información de una determinada empresa, información entre las que se encontraría, si este es el caso, la relativa a las prohibiciones de contratar. Sin embargo, teniendo en cuenta que el esquema previsto garantiza la finalidad esencial de que el órgano de contratación pueda conocer si se da o no una prohibición en los licitadores de su contrato, que no está regulada ninguna previsión de publicidad activa respecto de esta información y, adicionalmente, por razón de protección de datos de carácter personal y reputación de las personas en una materia de obvia sensibilidad, no existe en el ROLECE un listado que agrupe a las empresas en situación de prohibición de contratar y la información concerniente a esa prohibición.» 3. Mediante escrito registrado el 28 de abril de 2022, la solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en la que, en lo que aquí interesa y tras recordar que la finalidad esencial del ROLECE es dar publicidad, alega que no puede denegarse el acceso a la información con fundamento en la protección de los datos de carácter personal o en la reputación de las personas (que no se encuentra incluida entre los límites al ejercicio del derecho previstos en el artículo 14 LTAIBG). Reconoce en su escrito, por otra parte, que el propio funcionamiento del ROLECE permite que cualquier interesado pueda consultar libremente y obtener el mismo resultado, y pone de manifiesto que el Ministerio se contradice pues, por un lado, proporciona el número de prohibiciones para contratar vigentes (143, de las que 86 corresponden a 2021) y, de otro lado, afirma que no dispone de un listado que agrupe tales empresas —cuando de los datos anteriores se deduce la existencia de una base de datos que permite filtrar los resultados (número de prohibiciones y año)—. Continúa alegando que impedir el acceso a la información solicitada «impide a su vez la comprobación de la actuación de la administración respecto a sus actos o si ha existido arbitrariedad en algún poder público», lo que coincide con la finalidad de la LTAIBG de someter a escrutinio cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, «Y ello teniendo cuenta que, sin poder acceder a la información solicitada sobre las prohibiciones de contratar, se convierte en totalmente y materialmente imposible comprobar si se ha contratado con alguna administración por parte de una empresa o persona con prohibición de contratar y si alguna administración, a pesar de existir esa prohibición, ha actuado de manera arbitraria y no la ha aplicado.» Considera, en definitiva, que «la lucha contra la corrupción es causa suficiente para primar el acceso a cualquier interés privado de los inscritos.» Añade, a continuación, que «las Comunidades Autónomas pueden regular el ROLECE autonómico debiendo ser integrados en el ROLECE Estatal de acuerdo a la Ley 9/2017 Hay varias Comunidades Autónomas que han procedido a ello. (…) También publican listados de las empresas con prohibición de contratar la Generalitat de Cataluña, la Generalitat Valenciana y Aragón. El País Vasco permite acceder a listados de empresas por provincias. (…) Ello denota que la interpretación realizada por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública es contraria a la ley y que la solicitud de acceso debe ser atendida.» Considera, además, que podría haberse facilitado un acceso parcial, por ejemplo, entregando de forma disociada los motivos y la duración de las prohibiciones de contratar, y denuncia la falta de motivación de la resolución de acceso. Finalmente argumenta que «El acceso al ROLECE les ha sido limitado, o capado, por la Administración, de manera injustificada. (…) si bien iniciamos el proceso manual de consulta caso por caso, y llevando varios días introduciendo registros con el certificado digital, el sistema dejó de permitir hacer consultas individuales. Se trata de una traba técnica que es contraria a la normativa reguladora y contraria a la Ley 19/2013 de Transparencia y totalmente discrecional y arbitraria (…) Por lo que, no pudiendo hacer uso del medio legalmente habilitado en la forma habilitada, aun cuando entendemos que por los demás motivos debería ser admitida la reclamación, este hecho obliga a admitir la reclamación efectuada por ser la única vía para ello.» 4. Advertidas algunas deficiencias en el escrito de reclamación, se solicitó a la reclamante que las subsanara. Realizada la subsanación, se continuó con el procedimiento. 5. Con fecha 3 de mayo de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 26 de mayo de 2022 se recibió escrito en el que, en lo que a esta reclamación interesa, se pone de manifiesto lo siguiente: «Por otra parte, el ROLECE incorpora un “buscador” que permite acceder a la información sobre cualquier empresa (persona física o jurídica) introduciendo en el buscador del apartado “clasificación” bien el NIF o bien el nombre o denominación social (cumpliendo, de este modo, la previsión legal). Una vez que, con el buscador, se accede a la ficha de una empresa, se visualiza el conjunto de la información relativa a la misma que, además del dato, en su caso, sobre prohibiciones de contratar, contiene otros muchos datos sobre las empresas (denominación social, órganos de administración, poderes otorgados, objeto social, pólizas de seguros, títulos habilitantes para el ejercicio de actividades, etc.). Cuestión diferente es que el buscador de ROLECE permita la extracción o agrupación de la información de la forma o con la finalidad que pretende la reclamante. Es cierto que ese buscador no está configurado para introducir un campo relativo a prohibiciones de contratar ni, por tanto, para obtener el resultado de un “listado” o similar de aquellas empresas en las que concurre esta circunstancia (como, por lo demás, tampoco está configurado, por ejemplo, para extraer un listado de las empresas que tienen o no pólizas de seguros o títulos habilitantes). Sin embargo, ello no supone que no haya publicidad o que exista una restricción para acceder a la información. En esta situación, lo que se hizo a través de la Resolución adoptada fue facilitar el enlace informático mediante el que cualquier persona interesada, mediante DNI electrónico o certificado digital CERES (FNMT-RCM) puede acceder al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y consultar la información de una determinada empresa, información entre las que se encontraría, si este es el caso, la relativa a las prohibiciones de contratar. (…)» Señala, asimismo, que en ningún momento se afirmó en la resolución sobre acceso que el motivo de denegación fuese la protección de datos personales, sino que se ha puesto de relieve que ese es el motivo por el que no existe un listado, subrayando que «no se ha restringido la información sobre prohibiciones de contratar por este ni por ningún otro motivo, ya que está accesible en la dirección web que se le suministró (cuestión diferente es que la forma a través del cual puede acceder a esa información sea más o menos laboriosa) » y que la resolución no señalaba ningún límite de acceso de los previstos en el artículo 14 LTAIBG. (…) No cabe aquí sino reiterar lo ya dicho en el punto anterior sobre que el acceso a la información requerida realmente se ha suministrado, aunque no sea en el formato deseado por la solicitante. (…) Al respecto, hay que señalar que esa suposición no es exacta. El motivo de que la Resolución aportara el dato del número de prohibiciones declaradas por la Ministra de Hacienda y Función Pública es que la reclamante se interesaba en su pregunta por “a cuántas empresas el ministro de Hacienda y Función Pública o los órganos competentes de las comunidades autónomas han prohibido contratar con la Administración” y la Dirección General del Patrimonio del Estado conoce el dato de las prohibiciones declaradas por la Ministra, ya que es el órgano encargado de su tramitación. Sin embargo, ello no significa que exista una base de datos de todas las prohibiciones de contratar, ni que la información de que pueda disponerse esté estructurada para agrupar y obtener automáticamente toda la información en la materia con el grado de detalle solicitado. En particular, destaca que, además de las prohibiciones tramitadas para que sean declaradas por la Ministra, existen prohibiciones cuyo alcance se determina directamente por los Tribunales de Justicia y prohibiciones que declaran los órganos competentes de las Comunidades Autónomas (que, en la medida que sean comunicadas a ROLECE, se incorporan al mismo con la información suministrada por la Comunidad). Añade el Ministerio que, en realidad, no se ha rechazado la petición y remarca que las alegaciones de la recurrente evidencian que existen diferentes modos de acceder a la información sin que ello suponga una denegación de acceso, pudiendo obtenerse los datos relativos a la duración en la propia consulta donde se especifican las fechas de inicio y fin de la prohibición. «(…) Por lo tanto, no existe la pretendida denegación (cuestión diferente es que no se haya entregado en el formato deseado). (…) Con la mención al carácter “parcial” de la información suministrada se quería hacer referencia, fundamentalmente, a que la información proporcionada es la que está disponible en el ROLECE en los términos que el mismo permite y no en los solicitados. Reconoce que «existen determinadas limitaciones de acceso a la base de datos ROLECE (no por su naturaleza sino por su cuantía) que tienen su fundamento en la evitación de lo que comúnmente se denomina “ataques de denegación de servicio”, es decir, impedir que programas de extracción masiva de datos perjudiquen el normal funcionamiento del servicio proporcionado por la base de datos (por ejemplo, limitación de que una misma persona no efectúe más de 50 accesos en el período de 10 minutos). A falta de mayor información, considera que no es posible saber si ha concurrido o no una circunstancia de este tipo». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13,«los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso a la información relativa a las «empresas están incursas en la prohibición de contratar en este momento, así como sus nombres, el motivo y la duración de esa prohibición», formulada en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. El Ministerio requerido dictó resolución concediendo parcialmente el acceso a lo solicitado. Así, en primer lugar, se informa de que todas las propuestas formuladas por la Junta Consultiva en las que, posteriormente, se ha declarado la prohibición de contratar por la Ministra de Hacienda, figuran anotadas en el ROLECE y, en segundo lugar, se indica el número de las prohibiciones vigentes declaradas por la Ministra de Hacienda y Función Pública (o, en su caso, por el/ la titular del Ministerio de Hacienda). Por otro lado se añade que «todas las prohibiciones que, en función de su ámbito y del órgano que las haya declarado, deban ser inscritas en el registro de licitadores y empresas clasificadas de una Comunidad Autónoma que cuente con dicho registro, serán comunicadas al ROLECE por el órgano de dicha Comunidad Autónoma competente para la llevanza del registro», señalando que cualquier persona interesada, «mediante DNI electrónico o certificado digital CERES (FNMT-RCM) puede acceder al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado a través del enlace que se indica a continuación y consultar la información de una determinada empresa, información entre las que se encontraría, si este es el caso, la relativa a las prohibiciones de contratar». Y, como cláusula de cierre de su resolución, señala el Ministerio que no existe en el ROLECE un listado que agrupe a las empresas en situación de prohibición de contratar y la información concerniente a esa prohibición. 4. Teniendo en cuenta lo hasta ahora expuesto resulta necesario, con carácter previo, precisar los términos de esta reclamación. Así, debe tenerse en cuenta que la resolución de la que trae causa de esta reclamación, en resumen, facilita el número de prohibiciones de contratar que ha tramitado directamente el órgano competente; afirma que no se dispone de la información en el formato que requiere la solicitante y remite al enlace del ROLECE donde puede consultar (empresa por empresa) la información que solicita o a los registros autonómicos. La reclamante pone el acento en el hecho de que no se le ha proporcionado la información solicitada en su integridad —pues, entre otras cosas, ni se han expresado los motivos, ni la duración de las prohibiciones de contratar—; que los datos ofrecidos evidencian, en cualquier caso, la existencia de una base de datos de donde se puede extraer la mencionada información —poniendo de relieve que diversos registros autonómicos publican ya listados de empresas incursas en prohibiciones de contratar— y que, intentada la consulta a través el buscador del ROLECE se encuentra con impedimentos técnicos que no le permiten realizar la búsqueda en toda su extensión. 5. Debe señalase, en primer lugar, que el ROLECE se crea en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 326 a 332 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, siendo la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado el órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación pública del sector público estatal. Esta Junta es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el artículo 21.3.b) del Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Por tanto, y la información incluida en el ROLECE, tanto por parte del Ministerio de manera individual, como a iniciativa de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado o de otros órganos, se encuentra en el ámbito de disposición del Ministerio reclamado. A idéntica conclusión ha de llegarse respecto de las empresas incursas en prohibición de contratar en el ámbito autonómico pues, aun cuando sean las Comunidades Autónomas las competentes para la llevanza del registro de licitadores y empresas clasificadas incluidas en el ROLECE, en la medida en que se incluyan en el mencionado Registro (a través de las comunicaciones que aquéllas efectúan) se trata de una información que obra en poder del Ministerio requerido. 6. A la vista de lo anterior este Consejo debe verificar, en primer lugar, si con la remisión al enlace del ROLECE puede darse por cumplimentada la solicitud de información dado que el argumento principal que subyace, tanto en la resolución inicial del Ministerio requerido como en la alegaciones presentadas ante este Consejo, consiste en que no se dispone de un listado agrupado de empresas pero que la solicitante puede acceder a la información que demanda a través del ROLECE —teniendo en cuenta que ni se ha cuestionado el carácter de información pública de lo solicitado, ni la alusión a la protección de los datos personales o a la reputación de las empresas contenida en la resolución inicial se realizó con el fin de fundamentar la denegación de acceso—. En este punto es preciso recordar que el artículo 22 LTAIBG permite a los sujetos obligados otorgar el acceso a la información que se solicita indicando el modo en el que puede accederse a la que ya ha sido objeto de publicación («Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella»). La interpretación y aplicación de este precepto cuenta ya con una doctrina inequívoca y plenamente consolidada de este Consejo, plasmada en el Criterio Interpretativo CI/009/2015, de 12 de noviembre, relativo a la información que ya hubiese sido objeto de publicidad activa, en el que, a los efectos que aquí interesan, se subraya que el hecho de que una información solicitada por cualquier persona se encuentre en publicidad activa, no exime de la obligación de dar una respuesta concreta en los plazos y condiciones que señale la ley. Desde esta última perspectiva, el mencionado Criterio Interpretativo exige que la indicación del sitio web donde se encuentra publicada la información debe cumplir una serie de requisitos y en este sentido se señala que «[e]n ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica al portal o a la sede o página web correspondiente. Es necesario de que se concrete la respuesta. Ésta podrá redireccionarle a la información de publicidad activa siempre que, tal información satisfaga totalmente la información solicitada pero deberá señalar expresamente el link que accede a la información y, dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que se refieran a lo solicitado, siendo requisito que la remisión sea precisa y concreta y lleve, de forma inequívoca, rápida y directa a la información sin necesidad de requisitos previos, ni de sucesivas búsquedas.» Resulta evidente que, en este caso, el enlace o la indicación de que se puede acceder a la información solicitada a través del buscador del ROLECE no satisface el derecho de acceso a la información en los términos indicados por este Consejo, puesto que, como indica la reclamante y reconoce el propio órgano requerido, no solo se requiere de una búsqueda empresa por empresa y de estar en poder de un determinado medio de identificación digital, sino que además existen impedimentos técnicos para realizar la búsqueda a partir de un número de solicitudes de acceso. En conclusión, la remisión al buscador del ROLECE para acceder a la información solicitada no resulta suficiente. 7. Desde la perspectiva apuntada, tampoco resulta suficiente la aseveración de que «la información proporcionada es la que está disponible en el ROLECE en los términos que el mismo permite y no en los solicitados». Esta alusión hace referencia a la falta de disponibilidad de un listado que agrupe a las empresas que están incursas en prohibición de contratar con la Administración (indicando motivos y duración). No es posible obviar, sin embargo, que el hecho de que la información no esté disponible en los exactos términos (o formato) solicitados no debe comportar per se la denegación del acceso a la información. En la STS de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810), en la que se sienta jurisprudencia acerca de la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.b) LTAIB, se parte de la premisa de que la solicitud de acceso puede comportar un cierto tratamiento de la información que obra en poder del organismo requerido. Se señala, así, que «(…) el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas (…)». A juicio de este Consejo, facilitar el listado de empresas incursas en prohibición de contratar constituiría uno de esos supuestos de tratamiento o reelaboración básica o general en relación con datos que no tienen un carácter complejo. A lo anterior se añade que decidir qué información se otorga en función de los requerimientos técnicos que establezca la Administración en sus aplicaciones conduciría a una interpretación excesivamente reduccionista del objeto del derecho de acceso a la información. Conviene recordar aquí que la información pública sobre la que se proyecta el derecho de acceso no incluye sólo la información contenida en documentos, ni se limita a la incorporada a los expedientes administrativos, ni tampoco debe hacerse depender de la forma en que una aplicación informática vuelque los registros. 8. En definitiva, expuesto lo anterior, constatado que lo solicitado se incluye en la noción de información pública y que la denegación (o no acceso parcial) no se ha fundamentado en ninguna de las causas de inadmisión del artículo 18 LTAIBG o en la concurrencia de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 LTAIBG, la presente reclamación debe ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, de fecha 28 de marzo de 2022. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la reclamante la siguiente información: - A cuántas empresas la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ha prohibido contratar con la Administración, los nombres de esas empresas, el motivo y la duración de esa prohibición. - A cuántas empresas el Ministro de Hacienda y Función Pública ha prohibido contratar con la Administración, los nombres de esas empresas, el motivo y la duración de esa prohibición. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia copia de las actuaciones llevadas a cabo. De acuerdo con el artículo 23. 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez