Acceso a la documentación de evaluación para la homologación de la caja trampa como método de captura del zorro

Resolución 365/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el interesado, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 15 de septiembre de 2021, solicitó al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO la siguiente información: «PRIMERO.- Para la utilización de métodos de captura de especies cinegéticas predadoras es necesario obtener una homologación por parte del órgano competente en cada Comunidad Autónoma. Tal y como indican las Directrices técnicas para la captura de especies cinegéticas predadoras: homologación de métodos de captura y acreditación de usuarios aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 13 de julio de 2011, para la homologación de los métodos de captura debe tenerse en cuenta tanto los acuerdos internacionales de captura no cruel como la Norma ISO 10990-5, así como las evaluaciones específicas sobre selectividad S/REF: N/REF: R/0026/2022; 100-006260 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Información solicitada: Evaluación para la homologación de la caja trampa como método de captura del zorro mecánica o de captura e impacto sobre las especies no objetivo (Muñoz-Igualada et al. 2008; Junta de Andalucía; Muñoz-Igualada et al. 2010). SEGUNDO.- Nos consta que en su día el entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través de una asistencia técnica TRAGSATEC realizó una evaluación de trampas de retención desarrolladas en España en la que en un trabajo de campo y siguiendo lo establecido en los acuerdos internacionales y la Norma ISO 10990-5, se evaluaron varios métodos de captura en orden a su efectividad (tasa de captura de la especie objetivo y eficiencia de captura); bienestar de la especie objetivo; selectividad mecánica o de captura (selectividad ISO, selectividad específica negativa, tasa de captura de ejemplares no- objetivo y eficiencia negativa); impacto sobre las especies no-objetivo capturadas; y seguridad para el usuario. Entre los métodos de captura que se evaluaron, se testó la caja trampa para zorro (vulpes vulpes). Los encargados principales de dicha evaluación fueron XXX y XXX. Dicho estudio sirvió después para que las Comunidades autónomas aprobaran su normativa de control de predadores tomando como base las conclusiones que arrojaron dichos trabajos de campo, aprobando únicamente los métodos que según los estudios habían logrado la homologación conforme a los parámetros de la citada normativa internacional y europea TERCERO.- Que teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, y en base a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), al tratarse de una entidad que ostenta un interés legítimo directo en la materia, y que es por ministerio de la ley una entidad colaboradora de la Administración que ejerce por delegación funciones públicas de carácter administrativo (art. 30 Ley 10/1990, del deporte) SOLICITO en relación con la homologación de la caja-trampa como elemento de captura de ejemplares de zorro (Vulpes Vulpes), tener acceso y copia de toda la documentación relativa a la evaluación que se realizó para la homologación de la caja trampa como método de captura sobre el zorro (Vulpes Vulpes) en orden a su efectividad (tasa de captura de la especie objetivo y eficiencia de captura); bienestar de la especie objetivo; selectividad mecánica o de captura (selectividad ISO, selectividad específica negativa, tasa de captura de ejemplares no objetivo y eficiencia negativa); impacto sobre las especies no-objetivo capturadas; y seguridad para el usuario.» No consta respuesta de la Administración. 2. Mediante escrito presentado el 13 de enero de 2022, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: «Tras haber pasado más de un mes (vid. art. 20 Ley 19/2013) sin haber tenido respuesta del órgano requerido nos vemos obligados a presentar QUEJA ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por falta de transparencia y acceso a la información pública. SOLICITAMOS que nos respondan a la consulta realizada dándonos traslado de la documentación requerida.» 3. En fecha 18 de julio de 2022 este Consejo trasladó el expediente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a fin de que en el plazo de quince días presentaran las alegaciones que consideraren oportunas; lo que se hizo mediante respuesta fechada el 29 de julio de 2022 en la que la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación indica que la homologación de la caja trampa para la captura de zorros es competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 4. Mediante requerimiento de 1 de agosto de 2022, este Consejo de Transparencia remitió la reclamación al MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, a fin de que se formulasen las alegaciones estimasen convenientes; lo que se efectuó mediante escrito presentado el 26 de agosto de 2022 en el que se pone de manifiesto lo siguiente: «El 1 de agosto de 2022 se recibió en la UIT MAPA la reclamación R-100-006260 remitida por el CTBG, deduciéndose por la documentación adjunta, que había sido dirigida inicialmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, con fecha 13 de enero de 2022. Consultada al respecto la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, se observa que el anterior Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en su día, a través de una asistencia técnica con TRAGSATEC, realizó una evaluación de trampas de retención desarrolladas en España en la que, en un trabajo de campo y siguiendo lo establecido en los acuerdos internacionales y la Norma ISO 10990-5, se evaluaron varios métodos de captura entre los que se testó la caja trampa para zorro. Efectuada la escisión de competencias y ministerios, en la actualidad las competencias del MAPA se centran en la coordinación de la actividad cinegética, no en la selectividad de métodos de captura de especies predadoras en virtud de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Las directrices técnicas a las que hace referencia el escrito de D. Raúl Esteban Cano al MITERD se corresponden con un documento aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 13 julio de 2011, que es competencia de la Dirección General de Biodiversidad ( deespecies/doc directrices captura cinegeticas tcm30-194720.pdf) y que se discutió en el Comité de Flora y Fauna -el órgano que coordina la aplicación de la Ley 42- y no en el Comité de Caza. Por lo anterior, se informa al Consejo, que el MAPA no es competente sobre esta Reclamación.» 5. El 15 de septiembre de 2022 se dio traslado a la entidad reclamante de las citadas alegaciones a fin de que manifestara lo que considerase oportuno; habiendo comparecido en esa misma fecha, sin que conste la presentación de alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG5 se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se BOE.es - BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno. encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de información relativa a la evaluación para la homologación de la caja trampa como método de captura del zorro, en los términos que figuran en los antecedentes de hecho y que el solicitante formuló al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en adelante LAIMA). El Ministerio requerido no respondió en el plazo legalmente establecido, sin causa o razón que lo justifique, por lo que la entidad reclamante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 LTAIBG (tal como alega de forma expresa), entendió desestimada por silencio su solicitud y expedita la vía para interponer la presente reclamación. Con posterioridad, en trámite de alegaciones ante este Consejo, la Dirección General de Biodiversidad ha contestado afirmando que ya no es el órgano competente para resolver, correspondiendo ahora al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Remitida la reclamación al citado Departamento, este presenta alegaciones en las que pone de manifiesto que el anterior Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente realizó la mencionada evaluación siguiendo lo establecido en las normas internacionales de aplicación, así como las normas ISO correspondientes, pero que el actual Ministerio se centra en la coordinación de la actividad cinegética, correspondiendo a la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico las directrices técnicas y resultados de evaluación a los que se refiere el solicitante —si bien aporta un enlace que conduce al documento de las directrices técnicas—. 4. La resolución de esta reclamación requiere de una previa precisión. Tal como ha quedado reflejado en los antecedentes de esta resolución, la entidad reclamante formuló su solicitud al amparo de lo dispuesto en la LAIMA, fundamentando luego la interposición de su reclamación en lo dispuesto en el artículo 20 LTAIBG, por lo que, aparentemente se produce un cruce de normativas. Cabe recordar, en este sentido, que la Disposición adicional primera LTAIBG (Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información), prevé en su apartado segundo prevé que «se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información», puntualizándose en el apartado tercero que «en este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización». El carácter de régimen jurídico específico del acceso a la información de carácter medioambiental resulta, por tanto, incuestionable en la medida en que está reconocido ex lege. Por otra parte, dado el carácter amplio de la noción de información ambiental que se contiene en el artículo 2.3 LAIMA —toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones(…)— puede considerarse que los sistemas de evaluación de trampas para la caza del zorro se incluyen en el apartado c) del citado precepto, en relación con el apartado a), en la medida en que la mencionada evaluación de los sistemas de caza y su homologación (teniendo en cuenta determinadas condiciones como el bienestar de las especies-objetivo y las especies-no objetivo) pueden considerarse como medidas administrativas o actividades que afectan al estado de los elementos del medio ambiente o están destinadas a proteger estos elementos (en este caso los espacios naturales y su diversidad biológica). Sentado lo anterior, la cuestión estriba en las consecuencias jurídicas que se anuden a la configuración de un régimen jurídico específico de acceso a la información desde la perspectiva de la procedencia de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG ante este Consejo de Transparencia. Esto es, no se cuestiona la aplicación prevalente del régimen jurídico específico de acceso a la información (ya se trate de un régimen completo y alternativo, ya se trate de disposiciones parciales en normas sectoriales) —pues existe ya una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo en este sentido [por todas, vid. la STS de 10 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:871)] que recapitula la doctrina jurisprudencial conformada progresivamente por el propio Tribunal—, sino la posibilidad de acudir a la reclamación prevista en la Ley de Transparencia respecto de resoluciones (lato sensu) concernientes a solicitudes de acceso a la información que cuentan con un régimen jurídico específico tanto sustantivo como procedimental. En efecto, de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo se desprende que la LTAIBG únicamente queda desplazada en su aplicación como ley básica y general cuando existan en nuestro ordenamiento otras normas con rango de ley que cumplan una de las siguientes condiciones: (a) establezcan una regulación alternativa que contenga un tratamiento global y sistemático del derecho de acceso, o (b) contengan regulaciones sectoriales que afecten a aspectos relevantes del derecho e impliquen un régimen especial diferenciado del general; siendo en todo caso de aplicación supletoria en los extremos no regulados en las normas sectoriales —jurisprudencia que este Consejo ha aplicado, entre otras, en las resoluciones R/901/2021o R/111/2022—. Quedaba, sin embargo, por resolver el interrogante de si la cláusula de supletoriedad prevista en la mencionada disposición adicional implica la competencia de las autoridades garantes del derecho de acceso a la información para conocer de las reclamaciones. Esta cuestión ha sido resuelta en la reciente STS de 10 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1033) en un sentido afirmativo que exige a este Consejo la reconsideración de su criterio anterior —que partía de la incompetencia del Consejo para resolver reclamaciones en el ámbito de regímenes jurídicos específicos del derecho de acceso a la información, con la consecuente inadmisión de la reclamación por entender que debía seguirse el régimen de recursos correspondiente a cada uno de ellos— a fin de situarse en la línea de lo señalado en la nueva interpretación del TS. La citada STS da respuesta a la cuestión de interés objetivo casacional consistente en determinar si los artículos 77 y ss. de la Ley de Bases de Régimen Local constituyen, o no, un régimen jurídico específico de acceso a la información que excluya la aplicación de la Ley de transparencia. La propia sentencia señala que «la cuestión controvertida se centrará en determinar si contra la resolución dictada por la Diputación de Girona en materia de acceso a la información de un Diputado Provincial cabe interponer la reclamación a que se refiere el artículo 24 de la ley estatal 19/2013»; y en la solución a dicha cuestión pone de manifiesto (en un razonamiento cuya cita en extenso es necesaria en este caso en tanto que fundamento de la modulación de un criterio anterior por parte de este Consejo) lo siguiente: «Examinando los preceptos citados de la normativa sobre régimen local en materia de acceso a la información de los miembros de las corporaciones locales ( artículos 77 LBRL y 14 a 16 ROF) a la luz de la jurisprudencia que delimita el significado y alcance de la disposición adicional primera.2 de la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno, bien puede decirse que la normativa de régimen local contiene una regulación que desarrolla el derecho de acceso a la información en dicho ámbito por parte de los miembros de la corporación local. Lo que, a efectos de lo establecido en la citada disposición adicional primera.2 de la Ley 19/2013 significa que dicho régimen específico habrá de ser aplicado con carácter preferente a la regulación de la Ley de Transparencia, siendo esta de aplicación supletoria. (…) debe aceptarse sin dificultad que, en efecto, esos preceptos de la normativa de régimen local albergan una regulación pormenorizada del derecho de acceso a la información en dicho ámbito, tanto en la vertiendo sustantiva como en la procedimental. Por ello, la cuestión a dilucidar es otra y consiste en determinar si la existencia de esa regulación específica en la normativa sobre el régimen local excluye la aplicación de la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno; y, más en concreto, si debe considerarse excluida la posibilidad de que contra la resolución que dicte el correspondiente órgano de la Administración Local -en este caso, la Diputación Provincial de Girona- cabe interponer la reclamación que se regula en los artículos 24 de la Ley estatal 19/2013 y 39 y siguientes de la Ley catalana 19/2014. (…) Según la recurrente, la existencia de ese régimen de recursos [el recurso potestativo de reposición, el recurso contencioso-administrativo y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional] excluye la posibilidad de que el miembro de la Corporación Local que considera vulnerado su derecho de acceso a la información interponga la reclamación prevista en la normativa sobre Transparencia y Buen Gobierno, pues admitir esta vía de reclamación -argumenta la Diputación recurrente- supone aceptar lo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno denomina técnica del "espigueo", consistente en seleccionar los aspectos más favorables de dos cuerpos normativos distintos para dotarse así de un régimen jurídico ad hoc, lo que resulta contrario al principio de seguridad jurídica (cita la recurrente resoluciones del CTBG de 20 de diciembre de 2016 -RT/282/2016- así como RT/719/2020). Pues bien, ese planteamiento no puede ser asumido. Establecido lo anterior, debemos recordar que, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera.2 de la Ley 19/2013, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio”. Pues bien, el alcance que atribuye a esta expresión la jurisprudencia de esta Sala, que antes hemos reseñado, lleva a concluir que el hecho de que en la normativa de régimen local exista una regulación específica, en el plano sustantivo y procedimental, del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la Corporación en modo alguno excluye que, con independencia de que se haga uso, o no, del recurso potestativo de reposición, contra la resolución que deniegue en todo o en parte el acceso a la información el interesado pueda formular la reclamación que se regula en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (y, en el caso de Cataluña, en los artículos 39 y siguientes de la ley autonómica 19/2014, de 29 de diciembre). (…) esta viabilidad de la reclamación prevista en el artículo 24 de la Ley 19/2013 no es fruto de ninguna técnica de "espigueo" normativo sino consecuencia directa de las previsiones de la propia Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en la que, como hemos visto, se contempla su aplicación supletoria incluso en aquellos ámbitos en los que existe una regulación específica en materia de acceso a la información, y, de otra parte, se establece que la reclamación prevista en la normativa sobre transparencia y buen gobierno sustituye al recurso de alzada allí donde estuviese previsto (lo que no es el caso del ámbito local al que se refiere la presente controversia), dejando en cambio a salvo la posible coexistencia de dicha reclamación con el recurso potestativo de reposición.» En una línea similar, si bien resolviendo una cuestión de distinto alcance, la STS de 5 de abril de 2022 (ECLI: ES: TS: 2022:1422) contiene diversas referencias a la naturaleza de la reclamación del artículo 24 LTAIBG que avalan el matiz que, respecto de la competencia de este Consejo, se introduce en esta resolución. Se remarca así que la reclamación que cabe instar ante este Consejo «constituye un cauce procedimental potestativo previo a emprender la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, que persigue reforzar las garantías del derecho de acceso a la información pública». Y se añade, en lo que aquí interesa que «[e]n este sentido, cabe significar que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, expuesto en la mencionada sentencia 104/2018, permite deducir con claridad que tanto el alcance subjetivo y objetivo sobre el que se proyecta el derecho de acceso a la información pública de la ley estatal, que evidencia un extenso desarrollo del principio constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos garantizado en el artículo 105 b) de la Constitución, como del propio procedimiento impugnatorio articulado ante el Consejo de transparencia estatal o ante el correspondiente Consejo Autonómico, tienen el carácter de normas básicas, al corresponder al Estado la competencia exclusiva para regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas así como el procedimiento administrativo común. Siendo el objeto de esta regulación reforzar la transparencia de la actividad administrativa y ampliar los instrumentos de control puestos a disposición de los ciudadanos para hacer efectivo la tutela de este derecho, no resulta coherente, desde la perspectiva constitucional y desde el prisma de la lógica de la acción administrativa de control, que dicho sistema pueda originar disfunciones en orden a la protección del derecho, que se revelen contrarias a la exigencia de garantizar un tratamiento común de los administrados frente a la totalidad de las Administraciones públicas que ejercen su actividad en un determinado territorio». Partiendo, por tanto, de la mencionada jurisprudencia debe concluirse que la previsión contenida en el artículo 20 y ss. LAIMA relativa a la posibilidad de interponer los recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común y demás normativa aplicable, así como, en su caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, no excluye que, en materia de acceso a la información ambiental, pueda interponerse la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG ante este Consejo. En definitiva, habiendo sentado jurisprudencia el Tribunal Supremo sobre la cuestión controvertida, este Consejo como órgano garante del ejercicio de derecho constitucional de acceso a la información declara su competencia para conocer de esta reclamación, sin perjuicio de aplicar el régimen sustantivo de la regulación del derecho de acceso y aquellas previsiones de la LTAIBG que sean aplicables supletoriamente. Esta posibilidad se sitúa, además, en la línea de lo previsto en la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero, relativa al acceso del público a la información medioambiental, cuyo artículo 6.1 se refiere a la necesidad de establecer procedimientos de reconsideración de la resolución dictada sobre el acceso y prevé, entre otras opciones, un recurso previo a la vía judicial ante una entidad independiente e imparcial creada por la Ley. 5. Sentado lo anterior, y por lo que respecta a esta reclamación, se aprecia que la solicitud no fue resuelta en el plazo de un mes establecido con carácter general en el artículo 10.2.c) 1º LAIMA —que coincide con el plazo para resolver establecido en el artículo 20 LTAIBG—. Así, habiendo tenido entrada la solicitud en el organismo competente en fecha 15 de septiembre de 2021, el plazo para facilitar la información o bien comunicar los motivos de la negativa ex artículo 10.2.c) LAIMA expiró el 15 de octubre siguiente, habiendo contestado el Ministerio requerido en fase de alegaciones en este procedimiento limitándose a afirmar que la competencia es del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Con posterioridad, este último Ministerio dictó resolución en fecha 26 de agosto, afirmando que la competencia es de la Dirección General de Biodiversidad (del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITERD) pero aportando un documento con directrices técnicas de evaluación. Debe ponerse de manifiesto que tal forma de proceder dificulta el ejercicio del derecho de acceso a la información. Así, es obligado recordar que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». A lo anterior se añade que si el órgano requerido inicialmente consideraba que era incompetente, debió remitir la solicitud al que sí lo era o, si no es posible, informa de la autoridad competente al solicitante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.2.b) LAIMA. Previsión, la anterior, que también se contempla en el artículo 19.1 LTAIBG, pues no es al ciudadano a quien corresponde dilucidar a quién corresponde la competencia —«(…) La Ley, según los casos vistos, obliga al órgano ante el que se presenta la solicitud a indicar quien es, a su juicio, el órgano competente, o bien a remitirlo al competente.» m Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 3 de marzo de 2020—. En este caso, esa discrepancia sobre la competencia entre el MITERD y el MAPA se ha puesto de manifiesto en el trámite de alegaciones; si bien, el segundo de los Ministerios citados, a pesar de ello, aporta un enlace que conduce al documento de las Directrices Técnicas para la captura de especies cinegéticas predadoras: homologación de métodos de captura y acreditación de usuarios. En el anexo I del citado documento, relativo a la información sobre los resultados de los métodos de captura ensayados en España se evalúa (anexo I.A) el sistema del lazo propulsado tipo Collarum o de similares características, mecánicas y funcionamiento para la especie vulpes vulpes, con descripción del sistema y funcionamiento; hábitats y especies no-objetivo detectadas en las zonas de estudio; resultados de parámetros umbrales de homologación evaluados (bienestar especie-objetivo, selectividad ISO, bienestar especies-no objetivo); prescripciones de correcta instalación; y revisión de las trampas y las condiciones de aplicabilidad. La misma secuencia de información se recoge en el Anexo I.B para el sistema de lazo con tope y cierre libre dispuesto en alar; para el lazo tipo Wisconsin o de similares características mecánicas y funcionamiento, dispuesto en alar; y para el lazo tipo Wisconsin o de similares características mecánicas y funcionamiento, dispuesto al paso. No puede obviarse el hecho, por tanto, de que, aun de forma claramente extemporánea, se ha concedido el acceso a la información solicitada y la entidad reclamante no ha formulado reparo alguno al respecto en el trámite de alegaciones que se le ha concedido, por lo que se presume que entiende satisfecha su solicitud. En consecuencia, tal como ha venido entendiendo este Consejo en los casos en que la información se facilita una vez interpuesta la reclamación ante la LTAIBG, se ha de proceder a estimar la reclamación por razones formales, al no haberse respetado el derecho del solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, sin que resulte necesario instar a la realización de más trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por la FEDERACIÓN DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA frente al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. De acuerdo con el artículo 23. 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez