Solicitud de documentación administrativa y contractual sobre la serie documental de la Presidencia del Gobierno y estimación formal de la reclamación

Resolución 350/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 9 de marzo de 2022 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), la siguiente información: «En relación de la serie de televisión que está realizando la productora secuoya studios sobre la vida del presidente del gobierno y del complejo de La Moncloa donde vive y trabaja, solicito copia de todos los contratos, documentos contractuales, expedientes de adjudicación, subvenciones públicas y documentación administrativa al completo de dicha serie.» S/REF: 001-066593 N/REF: R-0376-2022; 100-006748 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Secretaría General de la Presidencia del Gobierno Información solicitada : Convenio elaboración documental sobre funcionamiento de la Presidencia del Gobierno No consta respuesta de la Administración. 2. Mediante escrito registrado el 25 de abril de 2022, el solicitante interpuso una reclamación en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), alegando, en resumen, que no había recibido respuesta a su solicitud. 3. Con fecha 26 de abril de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, al objeto de que se formulase las alegaciones que considerase oportunas; mediante escrito de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, recibido el 23 de septiembre de 2022, manifestó lo siguiente: «(…) Con fecha del 22 de septiembre de 2022 se notifica al interesado la resolución de la solicitud de acceso a la información presentada. El día 25 de abril de 2022, el interesado presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno indicando como motivo de la misma no haber recibido respuesta a su solicitud. (…) La solicitud presentada con fecha del 9 de marzo de 2022, registrada con número de expediente 001-0066593, ha sido resuelta por este órgano y notificada al interesado con fecha del 22 de septiembre del mismo año.» 4. Mediante la citada resolución de 21 de septiembre de 2022, la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO contestó al solicitante lo siguiente: «Conceder el acceso a la información solicitada. En relación con la parte de la solicitud que versa sobre el acceso a la información pública referida a “copia de todos los contratos, documentos contractuales, expedientes de adjudicación y documentación administrativa”¸ el instrumento jurídico mediante el cual se regulan las obligaciones, compromisos y derechos de cada una de las partes intervinientes en la elaboración de la serie documental sobre el funcionamiento de la Presidencia del Gobierno, no es de origen contractual, sino que se trata de un Convenio, negocio jurídico regulado en el Capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. El Convenio es objeto de publicidad activa y puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado a través del siguiente enlace directo: BOE.es - BOE-A-2022-14768 Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por la que se publica el Convenio con las productoras Secuoya Contenidos, SLU y The Pooltm, SL, para la colaboración en la serie documental sobre la Presidencia del Gobierno. Asimismo, la financiación para la elaboración de la obra audiovisual corresponde íntegramente a las Productoras, no efectuándose ningún tipo de contraprestación económica por parte la Presidencia del Gobierno hacia estas, del mismo modo que Presidencia del Gobierno no ha habilitado ningún tipo de subvención a tal fin.» 5. El 6 de octubre de 2022, se dio traslado de las citadas alegaciones al reclamante al objeto de que manifestase lo que estimara pertinente. Mediante escrito registrado el 7 de octubre siguiente, el reclamante manifestó lo siguiente: «Durante cinco meses, la Administración requerida ha guardado silencio, lo cual ya de por sí es un grave incumplimiento de mi derecho constitucional a la transparencia. Con fecha 9 de septiembre de 2022, la Administración pública en el BOE el Convenio con las productoras Secuoya Contenidos, SLU y The Pooltm, SL, para la colaboración en la serie documental sobre la Presidencia del Gobierno. https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14768 y a continuación, el 22 de Septiembre, me comunica dicha publicación en el BOE y me envía un enlace a dicho BOE, pero NO me envía lo solicitado por mí que es la copia del contrato original o documento contractual (el convenio) firmado por las partes. Esta parte tiene derecho a tener una copia del documento original del convenio firmado, y no es suficiente con la publicación del mismo en el BOE. Por otra parte, es evidente que dicha publicación en el BOE ha sido una forma de subsanación de una anomalía contractual, como era el empezar a grabar una serie que llevaba ya muchos meses en producción sin la necesaria cobertura legal, y si se ha firmado dicho Convenio es precisamente porque yo he solicitado toda la información sobre dicha serie. Esta parte además ha solicitado la documentación administrativa al completo de dicha serie, es decir, todo el expediente administrativo previo a la firma del convenio descrito, donde es de suponer que constará la iniciativa de esa serie (la propuesta), los acuerdos precontractuales adoptados, su posterior aceptación documental, y todos los detalles de carácter público que han desembocado en la publicación de un Convenio que tiene fecha de 9 de septiembre de 2022, justo SEIS MESES después de mi petición de información. Es por ello que reitero mi reclamación, petición de información y que se me aporte el documento original del convenio firmado así como la documentación administrativa al completo de dicha serie.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. A la vez, acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se piden los «contratos, documentos contractuales, expedientes de adjudicación, subvenciones públicas y documentación administrativa de la serie de televisión que está realizando la productora Secuoya Studios sobre la vida del presidente del gobierno y del complejo de La Moncloa donde vive y trabaja.» El Departamento requerido no respondió a la solicitud en plazo, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LAITBG, la mencionada solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, el órgano competente puesto de manifiesto que se dictó resolución notificada al reclamante en la que se concede el acceso a la información facilitando el enlace al Boletín Oficial del Estado en el que figura publicado y se puede consultar el Convenio por el que se regulan las obligaciones, compromisos y derechos de cada una de las partes intervinientes en la elaboración de la serie documental sobre el funcionamiento de la Presidencia del Gobierno ; e, indicando que la financiación corresponde íntegramente a las Productoras, no efectuándose ningún tipo de contraprestación económica por parte la Presidencia del Gobierno hacia estas, del mismo modo que Presidencia del Gobierno no ha habilitado ningún tipo de subvención a tal fin. El reclamante ha mostrado su disconformidad con la información facilitada, alegando que ha solicitado la documentación administrativa al completo de dicha serie, es decir, todo el expediente administrativo previo a la firma del convenio descrito, donde es de suponer que constará la iniciativa de esa serie (la propuesta), los acuerdos precontractuales adoptados, su posterior aceptación documental, y todos los detalles de carácter público que han desembocado en la publicación de un Convenio que tiene fecha de 9 de septiembre de 2022, justo SEIS MESES después de mi petición de información. 4. Teniendo en cuenta lo anterior cabe recodar, en primer lugar, que el artículo 20.1 de la LTAIBG dispone que «la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.» En el presente caso, según figura en el expediente y se recoge en los antecedentes, el órgano al que se ha dirigido la solicitud no respondió al solicitante en el plazo legalmente establecido, sin que conste causa o razón alguna que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». No obstante, no cabe desconocer que, aunque extemporáneamente, se ha concedido el acceso a la información solicitada. Es cierto que el reclamante manifiesta ante este Consejo que su petición de copia de todos los contratos, documentos contractuales, expedientes de adjudicación, subvenciones públicas y documentación administrativa al completo de dicha serie, no se ha visto satisfecha pues no se le ha facilitado la copia de un expediente administrativo completo. Entiende sin embargo este Consejo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.3 LTAIBG, se ha facilitado la información completa de la que dispone el órgano requerido pues, a través de dicho enlace a la publicación en el BOE del convenio suscrito se accede a su contenido íntegro, habiéndose subrayado en la resolución que no se efectúa ninguna contraprestación pública, de lo que se deduce que no existe un expediente de adjudicación contractual o de otorgamiento de subvención alguna. En consecuencia, tal como ha venido entendiendo este Consejo en los casos en que la información se facilita una vez interpuesta la reclamación ante la LTAIBG, se ha de proceder a estimar la reclamación por razones formales, al no haberse respetado el derecho del solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, sin que resulte necesario instar a la realización de más trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. De acuerdo con el artículo 23. 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez