Solicitud de coste de la serie documental sobre el Presidente del Gobierno y archivo por desistimiento del reclamante

Resolución 348/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 11 de marzo de 2022 al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁCTICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «¿Qué coste tendrá en total la producción que va a realizarse e n modo de serie sobre el Presidente del Gobierno?» No consta respuesta de la Administración. S/REF: 001-066679 N/REF: R/0351/2022; 100-006705 Fecha: La de firma Dirección Administración/Organismo: Secret aría General de la Presidencia del Gobierno Información solicitada: Coste de la producción de la serie sobre el Presidente del Gobierno 2. Mediante escrito registrado el 14 de abril de 2022, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, alegando que no había recibido respuesta. 3. Con fecha 21 de abril de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁCTICA al objeto de que se formulasen las alegaciones que se considerasen oportunas. El 24 de mayo de 2022 se recibió respuesta de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno con las siguientes alegaciones: «(…)La solicitud presentada fue resuelta y notificada al reclamante el día 9 de mayo de 2022 en los siguientes términos: “La Directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia de Gobierno resuelve inadmitir a trámite la solicitud presentada. Conforme a la información que obra en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, la producción de la serie documental sobre la que versa la presente solicitud, no ha generado ningún gasto con cargo al programa presupuestario 912M de Presidencia del Gobierno, así como tampoco al programa 921Q de Cobertura Informativa.» 4. El 25 de mayo de 2022, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 1 de junio de 2022, se recibió un escrito en el que se pone de manifiesto lo siguiente: «Se considera que no se ha recibido una respuesta satisfactoria en la medida en que sólo se dice en la contestación recibida, que se notificó con posterioridad a la reclamación, que el gasto no se produce en dos programas concretos, pero no que no se produzca en términos generales, pues bien puede suceder que el gasto corra a cargo de otro de los programas de los presupuestos.» 5. El 3 de octubre de 2022 se recibe una ampliación de alegaciones por parte de la Directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia de Gobierno, en la cual expresa lo siguiente: « La grabación de la serie documental sobre la Presidencia del Gobierno es una iniciativa de las productoras Secuoya Contenidos, SLU y The Pooltm, SL. La colaboración de la Presidencia del Gobierno en el proyecto consiste en facilitar la grabación de la serie documental, ya que la concepción, producción, distribución y difusión del documental, así como los negocios jurídicos necesarios para ello, ya se refieran a medios materiales, artísticos o técnicos, corresponden en exclusiva a los productores. Los términos de esta colaboración se formalizaron a través de u n convenio, figura jurídica regulada en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el que se recogen las condiciones, procedimientos y alcance de la cooperación de la Presidencia del Gobierno, y al que se puede acceder a través del siguiente enlace: https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14768 La cláusula sexta del referido convenio, establece el régimen financiero del mismo, señalando que no implica aportaciones económicas entre las partes firmantes. Establecido lo anterior, señalar que la grabación de la serie documental no ha supuesto ningún coste a la Presidencia del Gobierno, no disponiendo este órgano de información sobre el coste que hasta la fecha haya supuesto para los productores». 6. El 6 de octubre de 2022, se concedió nueva audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes frente a la ampliación de alegaciones referida en el punto anterior. El 7 día siguiente presentó un escrito afirmando haber recibido respuesta por parte del Gobierno, y solicitando el archivo de este expediente. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. Por otro lado, en atención a lo indicado por el reclamante en su escrito de entrada 7 de octubre de 2022, conforme se ha reflejado en los antecedentes de hecho, en el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual: «1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 7 https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20180904&tn=1#a94 5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.» En consecuencia, recibido en el Consejo de Transparencia el desistimiento del reclamante, y no habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados que insten su continuación, ni existir causas que permitan limitar sus efectos, debe darse por finalizado el actual procedimiento de reclamación, con el consiguiente archivo de actuaciones. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos Jurídicos descritos, procede ARCHIVAR la reclamación presentada por frente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez