Solicitud de información sobre el contrato y proyecto constructivo para la renovación de vía del trayecto Xátiva-Alcoi

Resolución 298/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 24 de febrero de 2022 a ADIF, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “A principios del año 2020 ADIF-Presidencia licitó el contrato para la redacción del "Proyecto constructivo para la renovación de vía. Trayecto: Xátiva-Alcoi. Tramo Xátiva-Ontinyent" (nº de expediente 3.19/27507.0299), mediante anuncio publicado en el DOUE de 27/01/2020 y en el BOE de 30/01/2020. Dicho contrato se adjudicó a la empresa AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U. por un importe de 566.800,30 € (importe con IVA: 685.828,36 €). La firma de la resolución de adjudicación por parte de la presidenta de ADIF tuvo lugar el 23/11/2020. S/REF: N/REF: R-0319-2022 / 100-006663 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: ADIF / Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Información solicitada: Información sobre contrato para la redacción del "Proyecto constructivo para la renovación de vía. Trayecto: Xátiva-Alcoi. Tramo Xátiva-Ontinyent" El plazo de ejecución del contrato se estableció en 12 meses. Solicito que se nos facilite la información siguiente: - fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato; - fecha en la que se ha producido la entrega del proyecto constructivo objeto de este contrato; - copia del "Proyecto constructivo para la renovación de vía. Trayecto: Xátiva-Alcoi. Tramo Xátiva-Ontinyent"; - en el caso de que no se haya producido la entrega, información sobre los motivos del retraso, copia de las resoluciones adoptadas al respecto y previsiones para su entrega.” No consta respuesta de la Administración 2. Mediante escrito registrado el 4 de abril de 2022, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG. 3. Con fecha 5 de abril de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al objeto de que se formulasen las alegaciones que se considerasen oportunas. El 28 de abril de 2022 se recibió respuesta con el siguiente contenido: “… x Atendiendo a dicha reclamación, y en función a la petición realizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, se manifiesta como alegaciones lo siguiente: ¾ Se ha dado traslado de la respuesta al solicitante, en fecha 11 de abril de 2022. ¾ Se adjunta los justificantes del envío de la respuesta.” 4. El 3 de mayo de 2022, se trasladaron al reclamante las alegaciones formuladas por la Administración a fin de que pudiera manifestar lo que tuviese por conveniente, sin que a la fecha en que se dicta esta resolución se hayan recibido escrito sobre el particular. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud en relación con un contrato de redacción de un proyecto de renovación de una vía celebrado por ADIF, formulada en los términos que figuran en los antecedentes. La entidad requerida no respondió a la solicitud en plazo, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LAITBG, la mencionada solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, el órgano competente ha proporcionado la información solicitada. 4. Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar, cabe recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la entidad concernida que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que “con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta”. No obstante, no cabe desconocer que, aunque extemporáneamente, se ha concedido el acceso a la información solicitada y el reclamante no ha formulado reparo alguno al respecto en el trámite de alegaciones que se le ha concedido, por lo que se presume que entiende satisfecha su solicitud. En consecuencia, tal como ha venido resolviendo este Consejo en los casos en que la información se facilita una vez interpuesta la reclamación ante la LTAIBG, se ha de proceder a estimar la reclamación por razones formales, al no haberse respetado el derecho del solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, sin que resulte necesario instar a la realización de más trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por COLLA ECOLOGISTA LA CARRASCA frente a ADIF / MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez