Reclamación contra el Ministerio del Interior por falta de respuesta en plazo sobre el cumplimiento de una resolución del CTBG

Resolución 280/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó el 2 de marzo de 2022 al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Copia de la documentación, cualquiera que sea su formato, donde consten la instrucciones, órdenes o comunicaciones dadas por el Ministro del Interior para el cumplimiento efectivo de la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno R 576/2021 o, en su caso, para que no fuera cumplida y llevada a puro y debido efecto y autoridades a las que se ordenó el incumplimiento de dicha resolución.» No consta respuesta de la Administración. S/REF: 001-066339 N/REF: R/0340/2022; 100-006688 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio del Interior Información solicitada: Información relativa al cumplimiento de una previa resolución del CTBG 2. Mediante escrito registrado el 11 de abril de 2022, la interesada interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: «Que por medio del presente interpongo RECLAMACIÓN contra el Ministerio del Interior con fundamento en los siguientes hechos: PRIMERO: Que en fecha de 2 de marzo de 2022 se solicitó información al Ministerio del Interior cuyo contenido adjuntamos a la presente denuncia. SEGUNDO: Que transcurrido el plazo establecido desde el inicio del procedimiento, este organismo ha incumplido la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dado que no existe resolución expresa.» 3. Con fecha 12 de abril de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO DEL INTERIOR al objeto de que se formulasen las alegaciones que se considerasen oportunas. El 18 de abril de 2022 se recibió respuesta con el siguiente contenido: « (…) En este sentido, es preciso señalar que mediante resolución de 12 de abril de 2022 y registro de salida de la notificación de 13 de abril de 2022, el Gabinete del Ministro procedió a conceder a el acceso a la información solicitada, (se adjunta la información facilitada y copia del justificante de registro de salida de la notificación de la resolución).» En particular, en la citada resolución de 12 de abril de 2022 del Gabinete del Ministro se concluía que «Vista la solicitud, se comunica que no existe documentación en relación con la cuestión planteada.» 4. El 25 de abril de 2022, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 10 de mayo de 2022, se recibió un escrito con el siguiente contenido: «En relación a las alegaciones presentadas por el Ministerio de Interior, reconoce el Ministerio que procedió a responder a la solicitud transcurrido ampliamente el plazo de un mes establecido legalmente. Procede la estimación por carácter formal, sin que sea necesario practicar ninguna otra actuación al no existir documentación.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información concerniente al cumplimiento de una previa resolución dictada por este Consejo. El Ministerio requerido no contestó en plazo por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, la mencionada solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG . Con posterioridad, en trámite de alegaciones en este procedimiento, dictó resolución poniendo de manifiesto que la información solicitada no obra en su poder. 4. Teniendo en cuenta lo anterior procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. No obstante, no cabe desconocer que, aunque extemporáneamente, se ha resuelto sobre la solicitud de acceso formulada —si bien poniendo de manifiesto que no puede proporcionar la información al no disponer de ella— y que la reclamante únicamente objeta el carácter tardío de la resolución. En consecuencia, tal como ha venido entendiendo este Consejo en los casos en que la información se facilita una vez interpuesta la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG, se ha de proceder a estimar la reclamación por razones formales al no haberse respetado el derecho del solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, sin que resulte necesario instar a la realización de más trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez