Solicitud de acceso a los dosieres de candidaturas del Benidorm Fest y desestimación de la reclamación por ser información auxiliar

Resolución 250/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 19 de enero de 2022 al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “Solicito una copia de los dosieres/candidaturas presentadas por los 14 artistas seleccionados para el Benidorm Fest. Algunos de ellos, como, por ejemplo, , han declarado públicamente que no presentaron para ser elegidos como candidatos únicamente el correo o formulario on-line acompañado de la maqueta sino que adjuntaron un dosier con información extra sobre su candidatura/propuesta. Solicito una copia de esos dosieres y candidaturas/propuestas presentadas por los 14 a RTVE. S/REF: 001-064787 N/REF: R/0282-2022 / 100-006608 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Hacienda y Función Pública/RTVE Información solicitada: Candidaturas del Benidorm Fest En este caso no cabe aplicar la denegación como en otros casos, ya que la solicitud trata únicamente precisamente sobre los 14 seleccionados.” 2. Mediante resolución de 24 de febrero de 2022 dictada por la CRTVE, con fundamento en el artículo 20 de la LTAIBG, se acuerda la ampliación de plazo para dictar resolución, dado que la información se refiere a datos específicos que deben ser recabados previamente y analizados para atender al requerimiento. 3. El de 24 de marzo de 2022 la Corporación de RTVE contestó al solicitante lo siguiente: (…) Aclara en su solicitud que algunos de ellos, como, por ejemplo, , han declarado públicamente que no presentaron para ser elegidos como candidatos únicamente el correo o formulario on-line acompañado de la maqueta, sino que adjuntaron un dosier con información extra sobre su candidatura/propuesta. Solicito una copia de esos dosieres y candidaturas/propuestas presentadas por los 14 a RTVE Se trata pues de acceso a documentación extra, que no ha sido solicitada por RTVE en su convocatoria para acceder a la selección de los 14 candidatos a representar a España en el Festival de Eurovisión. Al tratarse de “información extra”, la misma no se ha tenido en cuenta para la selección, y RTVE únicamente se ha ceñido a los requisitos y documentación exigido en el formulario on line. Así pues, hemos de constatar que la concreta solicitud de información sobre este expediente recae sobre información accesoria. SEGUNDA. - Inadmisión al tratarse de información accesoria En este sentido, el artículo 18.1.b) de la LTBG permite la inadmisión de las solicitudes de acceso “referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”. El Criterio interpretativo 6/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) concreta que la causa de inadmisión surge ante información en la que concurra, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: 1. Cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad. 2. Cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin la consideración de final. 3. Cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud. 4. Cuando la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento. 5. Cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final. El CTBG aísla las características propias de la información de esta clase, y en este caso las cuestiones planteadas son comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento. Es más. del examen realizado de la solicitud, se concluye que la información solicitada no guarda relación con el objeto de la ley de Transparencia, al no tener ninguna relevancia “para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas, y su aplicación”. El propio Criterio interpretativo citado declara que “la motivación que exige la Ley 19/2013, para que operen las causas de inadmisión tiene la finalidad de evitar que se deniegue información que tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano”, información que, “en ningún caso, tendrá la condición de información de carácter auxiliar o de apoyo” que, por definición, supone “una limitada incidencia o relevancia en una decisión pública”; línea en la que igualmente apuntan los primeros pronunciamientos judiciales en la materia. Así pues, los Tribunales de Justicia se han pronunciado respecto de esta causa de inadmisión en los siguientes términos: “La Sentencia 41/2017, de 6 de abril de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Madrid, señala lo siguiente: “Aquello que es relevante en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano, como los informes que ayudan a conformar el criterio final y definitivo del Gobierno; en este caso, relativos al grado de implementación de las medidas incorporadas en el Plan de Acción objeto de autoevaluación, y que deben responder a criterios principalmente objetivos, son imprescindibles para la elaboración del informe de autoevaluación; y en consecuencia, no se está ante información auxiliar” A la hora de interpretar qué se entiende por información auxiliar o de apoyo, no podemos considerar como tal, sólo y sin más, los supuestos reseñados en la aludida causa de inadmisión; sino que se ha de determinar si en el presente caso, la información consistente en los informes generados (…) han de entenderse como secundarios e irrelevantes en el establecimiento, desarrollo e implementación del plan de acción pública. Estamos ante conceptos indeterminados que han de integrarse a la luz de la normativa reguladora del derecho pretendido y demás disposiciones de aplicación; donde no puede dejarse de tenerse en cuenta la finalidad y naturaleza de la información solicitada. Normativa reguladora del derecho a la información pública que, como se ha puesto de manifiesto en otras sentencias dictadas por este Juzgado; la misma configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública; cuya salvaguardia corresponde al CTBG; siendo el acceso a la información la regla general; y la aplicación de los límites justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección; atendiendo a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. Se ha de tener, pues, presente, las circunstancias de cada caso; y partir de la definición de información pública contenida en el art. 13 de la Ley 19/2013, como aquellos contenidos o documentos elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” Por su parte, la Sentencia de la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 25 de julio de 2017, dictada en el recurso de apelación nº 46/2017 indica lo siguiente: “(...) lo instrumental o accesorio no depende de su carácter formal sino de su verdadero contenido material. Información auxiliar no es el equivalente a información de valor provisional (…) Los informes a que se refiere el art. 18.1.b son los que tienen un ámbito exclusivamente interno, pero no los que pretenden objetivar y valorar, aunque sea sectorialmente, aspectos relevantes que han de ser informados. (...) Por otro lado hay que recordar el carácter restrictivo que tienen las limitaciones de la información conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así bastaría con citar la sentencia de fecha 8.11.2016 o 25 de junio de 2.013 que han interpretado el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y de la misma forma el carácter amplio que tiene el concepto de “información pública”. Por consiguiente, si se pretende conocer la motivación seguida por las Administraciones Públicas en su toma de decisiones habrán de ser conocidos los informes por ella evacuados que resulten ser relevantes, hayan sido o no de apoyo a la decisión final, y no esperar al resultado de esta última.” Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, razona que "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. En atención a lo anterior, RESUELVO ÚNICO. – En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se INADMITE la solicitud de acceso a la información pública que tuvo entrada en esta Secretaría General que quedó registrada con el número 001-064787.” 4. Mediante escrito registrado el 24 de marzo de 2022, el interesado interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: Mi solicitud el pasado 19 de enero pedía lo siguiente: (…) RTVE la inadmite ahora, y tras haber ampliado el plazo para resolver, por ser información auxiliar. No es así. Aunque no se pidiera a los candidatos esos dosieres, en el caso que lo presentaran es información que se utilizó y que sirvió para la toma de decisiones de elegirlos o no. Además, no se puede alegar ahora una causa de inadmisión después de haber ampliado el plazo para resolver porque "en este caso la información se refiere a datos específicos que deben ser recabados previamente". RTVE no puede decir ahora que es información auxiliar y que la inadmite, la ampliación de plazo no es una excusa para tener más tiempo para pensar cómo argumentar para no dar la información. Pido, por todo ello, que se inste a RTVE a entregarme lo solicitado y recuerdo que inmediatamente antes de resolver solicito una copia del presente expediente completo para que yo como reclamante también pueda alegar lo que estime oportuno..” 5. Con fecha 25 de marzo de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al Ministerio de Hacienda y Función Pública al objeto de que se formulasen las alegaciones que se considerasen oportunas. El 20 de abril se recibió respuesta de CRTVE con el siguiente contenido: “ (…) Segunda. – Señala el solicitante en su reclamación que “RTVE la inadmite ahora, y tras haber ampliado el plazo para resolver, por ser información auxiliar. No es así. Aunque no se pidiera a los candidatos esos dosieres, en el caso que lo presentaran es información que se utilizó y que sirvió para la toma de decisiones de elegirlos o no. Además, no se puede alegar ahora una causa de inadmisión después de haber ampliado el plazo para resolver porque en este caso la información se refiere a datos específicos que deben ser recabados previamente. RTVE no puede decir ahora que es información auxiliar y que la inadmite, la ampliación de plazo no es una excusa para tener más tiempo para pensar cómo argumentar para no dar la información. Tercera. - A este respecto cabe señalar que RTVE solicitó ampliación de plazo porque materialmente le fue imposible atender la treintena de solicitudes que recibió tras la emisión de la final del Benidorm Fest. junto con otras solicitudes relativas a otras cuestiones y recibidas en las semanas previas y posteriores. La LTAIBG específicamente señala en su artículo 20 que el plazo de 30 días para dictar resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, y en este caso RTVE precisaba de tiempo para poder atender la solicitud recibida, y no “tener más tiempo para pensar cómo argumentar para no dar la información” En este sentido cabe señalar que la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de aplicación al procedimiento de acceso a la información, prevé en su artículo 23 una ampliación del plazo máximo para resolver y notificar en términos muy similares a los previstos por la propia LTAIBG. Dice el artículo citado que 1. Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación del procedimiento. 2. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.” Cuarta.- Una vez analizada la información solicitada, y advirtiendo que la misma es información auxiliar al proceso de selección de los candidatos, se procede a su inadmisión tal y como permite la LTAIBG. Dice el solicitante, sin justificar ni acreditar tal aseveración, y únicamente al objeto de intentar destruir el carácter de información auxiliar de lo solicitado, que estos dosieres, “se utilizaron y sirvieron para la toma de decisiones de elegirlos o no” No solo no apoya esta afirmación en hecho o dato, ni siquiera indiciario, sino que no lo apoya con dato alguno, a lo que se añade que tras todo el escrutinio que ha tenido la controvertida celebración del Benidorm Fest, que ha dado lugar a numerosas artículos de prensa y opinión, debate en redes sociales, numerosas solicitudes de acceso a la información, quejas a la Defensora de la audiencia, a preguntas parlamentarias ante la Comisión Mixta de Control parlamentario a la Corporación RTVE y a celebrar una rueda de prensa específica el pasado 2 de febrero de 2022 para dar respuesta a muchas de las quejas planteadas por los espectadores, no hay ninguna cuestión relativa a la existencia o no de los dosieres de información a que se refiere el solicitante. RTVE ya declaró en la resolución ahora impugnada que al tratarse de “información extra”, la misma no se ha tenido en cuenta para la selección, y RTVE únicamente se ha ceñido a los requisitos y documentación exigido en el formulario on line. Quinta. - Se trata pues de acceso a documentación accesoria y en virtud del artículo 18.1.b) de la LTAIBG se permite la inadmisión de las solicitudes de acceso “referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”. El Criterio interpretativo 6/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) concreta que la causa de inadmisión surge ante información en la que concurra, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: 1. Cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad. 2. Cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin la consideración de final. 3. Cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud. 4. Cuando la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan trámites del 5. Cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final. El CTBG aísla las características propias de la información de esta clase, y en este caso las cuestiones planteadas son comunicaciones internas que no constituyan trámites del Es más, del examen realizado de la solicitud, se concluye que la información solicitada no guarda relación con el objeto de la ley de Transparencia, al no tener ninguna relevancia “para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas, y su aplicación”. El propio Criterio interpretativo citado declara que “la motivación que exige la Ley 19/2013, para que operen las causas de inadmisión tiene la finalidad de evitar que se deniegue información que tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano”, información que, “en ningún caso, tendrá la condición de información de carácter auxiliar o de apoyo” que, por definición, supone “una limitada incidencia o relevancia en una decisión pública”; línea en la que igualmente apuntan los primeros pronunciamientos judiciales en la materia. Así pues, los Tribunales de Justicia se han pronunciado respecto de esta causa de inadmisión en los siguientes términos: La Sentencia 41/2017, de 6 de abril de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Madrid, señala lo siguiente: “Aquello que es relevante en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano, como los informes que ayudan a conformar el criterio final y definitivo del Gobierno; en este caso, relativos al grado de implementación de las medidas incorporadas en el Plan de Acción objeto de autoevaluación, y que deben responder a criterios principalmente objetivos, son imprescindibles para la elaboración del informe de autoevaluación; y en consecuencia, no se está ante información auxiliar” “ A la hora de interpretar qué se entiende por información auxiliar o de apoyo, no podemos considerar como tal, sólo y sin más, los supuestos reseñados en la aludida causa de inadmisión; sino que se ha de determinar si en el presente caso, la información consistente en los informes generados (…) han de entenderse como secundarios e irrelevantes en el establecimiento, desarrollo e implementación del plan de acción pública. Estamos ante conceptos indeterminados que han de integrarse a la luz de la normativa reguladora del derecho pretendido y demás disposiciones de aplicación; donde no puede dejarse de tenerse en cuenta la finalidad y naturaleza de la información solicitada. Normativa reguladora del derecho a la información pública que, como se ha puesto de manifiesto en otras sentencias dictadas por este Juzgado; la misma configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública; cuya salvaguardia corresponde al CTBG; siendo el acceso a la información la regla general; y la aplicación de los límites justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección; atendiendo a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. Se ha de tener, pues, presente, las circunstancias de cada caso; y partir de la definición de información pública contenida en el art. 13 de la Ley 19/2013, como aquellos contenidos o documentos elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” Por su parte, la Sentencia de la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 25 de julio de 2017, dictada en el recurso de apelación nº 46/2017 indica lo siguiente: “(...) lo instrumental o accesorio no depende de su carácter formal sino de su verdadero contenido material. Información auxiliar no es el equivalente a información de valor provisional (…) Los informes a que se refiere el art. 18.1.b son los que tienen un ámbito exclusivamente interno, pero no los que pretenden objetivar y valorar, aunque sea sectorialmente, aspectos relevantes que han de ser informados. (...) Por otro lado hay que recordar el carácter restrictivo que tienen las limitaciones de la información conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así bastaría con citar la sentencia de fecha 8.11.2016 o 25 de junio de 2.013 que han interpretado el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y de la misma forma el carácter amplio que tiene el concepto de “información pública”. Por consiguiente, si se pretende conocer la motivación seguida por las Administraciones Públicas en su toma de decisiones habrán de ser conocidos los informes por ella evacuados que resulten ser relevantes, hayan sido o no de apoyo a la decisión final, y no esperar al resultado de esta última.” Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, razona que "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Sexta. - Por tanto, a la vista de lo expuesto y tratándose de acceso a información no preceptiva, no pedida a los candidatos, y que por tanto, no se ha incorporado como motivación de la decisión final de elección de los candidatos, entiende esta Corporación que el acceso ha de ser inadmitido. En virtud de lo expuesto, Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno SOLICITA, que tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones que en el mismo se contienen, procediendo a dictar resolución por la que se acuerde desestimar la reclamación interpuesta.” 6. El 25 de abril de 2022 se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El mismo día 25 se recibió un escrito con el siguiente contenido “RTVE alega que amplío el plazo para resolver porque recibió muchas solicitudes tras el Benidorm Fest. La ampliación de plazo existe en la LTAIBG para que cuando una solicitud requiere un tiempo extra por ser voluminosa o compleja el órgano pueda ampliar el plazo, no para que el órgano amplie el plazo para resolver en periodos de recepción de más solicitudes. RTVE alega que no utilizó los dosieres entregados por los candidatos para tomar la decisión de elegir a las candidaturas, pero, en cualquier caso, esos dosieres fueron entregados y RTVE podría haber decidido valorarlos para tomar su decisión. Por lo tanto, debido a que obran en su poder y podrían haber sido perceptivos para la toma de la decisión de qué candidaturas escoger, se trata de información pública y no auxiliar que ha estado a disposición de RTVE. Pido, por ello, que se estime mi reclamación y se inste a RTVE a entregarme lo solicitado.” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se piden los dosieres presentados por los 14 artistas seleccionados para el Benidorm Fest. La CRTVE denegó el acceso al considerar de aplicación la causa de indamisión del artículo 18.1.b), al tratarse de documentación extra que no ha sido solicitada ni se ha tenido en cuenta por RTVE a la hora de proceder a la selección de candidatos. 4. Para valorar la conformidad de la causa de inadmisión invocada con la LTAIBG es necesario comenzar recordando que el derecho de acceso a la información pública está reconocido en dicha ley como un auténtico derecho público subjetivo, al establecer que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”, y que desde su preámbulo se configura de forma amplia, disponiendo que son titulares todas las personas, que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud, y que solamente se verá limitado en aquéllos casos en que sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos, indicando expresamente que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test del daño –del interés que se salvaguarda con el límite- y del interés público en la divulgación, de forma justificada, proporcionada y limitada por su objeto y finalidad y atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Esta formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto los límites a este derecho que se contemplan en el artículo 14.1 LTAIBG como las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18.1 LTAIGB. Así lo ha proclamado el Tribunal Supremo, entre otras, en su Sentencia de 16 de octubre de 2017 (ECLI: ES:TS:2017:3530), en la que sostiene que "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1.(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información.” Partiendo de este presupuesto, en relación con la aplicación de la causa de inadmisión del artículo 18.1.b) LTAIBG, es necesario tener en cuenta el Criterio Interpretativo 006/2015, adoptado por este CTBG el 12 de noviembre de 2015 en virtud de la función atribuida por el artículo 38.2.a) LTAIBG. En él se precisa que la razón determinante de su aplicación es “la condición auxiliar o de apoyo de la información”, y no la denominación formal que a la misma se atribuya, siendo la relación enunciada en el precepto (“notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos administrativos ”) un mero elenco de ejemplos que no implica que los así rotulados resulten siempre concernidos por ello. Tomando como base esta premisa, se indica que se podrá inadmitir una solicitud de información en virtud de la causa que nos ocupa cuando se den, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias”: • Contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad; • Lo solicitado sea un texto preliminar o borrador, sin la consideración de final; • Se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud; • La solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento; • Se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación No siendo la mera denominación del soporte o el formato en el que la información se guarde, sino su verdadera naturaleza la que determina la correcta aplicación de la causa de inadmisión resulta inexcusable que en la motivación exigida por el artículo 18.1 LTAIBG (“mediante resolución motivada”) se razone la concurrencia en el caso concreto de alguna de las referidas características o de cualesquiera otras que permitan sustentar el carácter “auxiliar o de apoyo” de la información cuyo acceso se deniega. En definitiva, como manifiesta la Sentencia de la sección séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional de 25 de julio de 2017, dictada en el recurso de apelación nº 46/2017: “(...) lo instrumental o accesorio no depende de su carácter formal sino de su verdadero contenido material. Información auxiliar no es el equivalente a información de valor provisional (…) Los informes a que se refiere el art. 18.1.b son los que tienen un ámbito exclusivamente interno, pero no los que pretenden objetivar y valorar, aunque sea sectorialmente, aspectos relevantes que han de ser informados. (...) Por otro lado hay que recordar el carácter restrictivo que tienen las limitaciones de la información conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así bastaría con citar la sentencia de fecha 8.11.2016 o 25 de junio de 2.013 que han interpretado el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y de la misma forma el carácter amplio que tiene el concepto de “información pública”. Por consiguiente, si se pretende conocer la motivación seguida por las Administraciones Públicas en su toma de decisiones habrán de ser conocidos los informes por ella evacuados que resulten ser relevantes, hayan sido o no de apoyo a la decisión final, y no De acuerdo con lo expuesto, procede valorar si la motivación de la resolución de la CRTVE requerida razona suficientemente la concurrencia en el caso concreto de las mencionadas características cualitativas en la información solicitada. En la resolución de 25 de marzo de 2022 dictada se sostiene que la información solicitada encaja dentro de los criterios interpretativos mencionados, pues es una documentación que no ha sido solicitada por la Corporación en la convocatoria de la selección de candidatos, y por lo tanto no ha sido tenida en cuenta para adoptar la decisión sobre los mismos, ciñéndose únicamente a la exigida en el formulario on line, además, se remarca que ha sido aportada de forma voluntaria por los candidatos. De todo ello se deriva que la documentación solicitada encaja en la noción de información auxiliar como aquella que “contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad” indicada en el Criterio Interpretativo 06/2015. Por lo demás, el reclamante no ha aportado, ni se puede inferir, ningún dato o indicio que lleve a concluir que CRTVE ha tenido en cuenta dichos dosieres o expedientes a la hora de realizar la selección de los 14 candidatos. De la mera recepción de dichos dosieres no cabe deducir que los mismos hayan sido tenidos en cuenta en decisión alguna, por lo que no resultan relevantes para conocer cómo se toman las decisiones por un ente público. En consecuencia, la reclamación debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del CRTVE/MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA de fecha 24 de marzo de 2022. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez