Solicitud de criterios de reparto de fondos europeos COVID-19 entre CC.AA. y estimación formal de la reclamación por falta de respuesta en plazo

Resolución 167/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 20 de enero de 2022 la reclamante solicitó al MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), la siguiente información: «1.- Copia de los criterios que se han seguido para proceder al reparto de los fondos europeos en materia de empleo como consecuencia de la situación creada por el COVID19 entre las distintas CC. AA.» No consta respuesta de la Administración. S/REF: 001-064870 N/REF: R/0180/2022; 100-006465 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Trabajo y Economía Social Información solicitada : Criterios reparto a CC.AA. de fondos europeos en materia de empleo 2. Mediante escrito registrado el 24 de febrero de 2022, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, manifestando que no se le ha dado respuesta. 3. Con fecha 28 de febrero de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, al objeto de que se formulase las alegaciones que considerase oportunas. Mediante escrito recibido el 6 de julio de 2022, el citado Ministerio realizó las siguientes alegaciones: « Se informa que en relación con el expediente 001-064870 presentado por Dª. XXXXXXXXXXXXX que el 8 de marzo fue firmada la resolución (que adjuntamos) por el Secretario de Estado de Empleo y Economía Social D. Joaquín Pérez Rey. El mismo 8 de marzo fue incorporada a la Sede Electrónica Gesat donde se finalizó al día siguiente, lo que comunicamos a efectos informativos. En relación con las alegaciones presentadas por la ciudadana, cabe indicar que no fue posible emitir una resolución en plazo por la importante carga de trabajo que soporta esta unidad. Lamentamos el perjuicio que esto haya podido ocasionar.» 4. Mediante la citada resolución de 8 de marzo de 2022, el MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL contestó a la solicitante lo siguiente: « Como expone en su solicitud que demanda los criterios para el reparto de fondos del PRTR, le proporcionamos los enlaces a la Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inversión "Plan Nacional de Competencias Digitales" y "Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo" recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia(https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2021-14163 ), y, Orden TES/1490/2021, de 23 de diciembre, que la modifica (https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/23/tes1490 ). Los criterios para la distribución de estos fondos se encuentran en el Anexo I de la Orden TES/897/2021, de 19 de agosto). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#a 24 Se trata de fondos cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas con competencia en la materia y su importe fue de 687.750.000 euros para el año 2021. Los criterios de distribución territorial de los créditos del ejercicio 2021 se aprobaron en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 21 de julio 2021, de la que forman parte todas las comunidades autónomas.» 5. El 11 de julio de 2022, se dio traslado de las citadas alegaciones a la reclamante. El 26 de julio de 2022, realizó las siguientes manifestaciones: Se solicitó información al Ministerio de Trabajo el 21 de enero de 2022, iniciando tramitación el Ministerio el 4 de febrero de 2022 sin comunicarlo a esta parte y ante la falta de contestación en plazo se recurrió ante el CTBG 24 de febrero de 2022. El Ministerio extemporáneamente ha resuelto con fecha 9 de marzo de 2022, en cualquier caso fuera de plazo, concediendo la información solicitada Solicitamos por tanto a la vista de la respuesta, que se resuelva la reclamación de forma estimatoria por motivos formales dado que no se ha producido respuesta en el plazo legal, sin que sea necesario realizar ninguna otra actuación puesto que ha sido satisfactoriamente contestada.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. A la vez, acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide conocer los criterios que se han seguido para proceder al reparto de los fondos europeos en materia de empleo, como consecuencia de la situación creada por el COVID19, entre las distintas Comunidades Autónomas. El Ministerio requerido no respondió a la solicitud en plazo, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LAITBG, la mencionada solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, el órgano competente dictó resolución, proporcionando los enlaces a la Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inversión "Plan Nacional de Competencias Digitales" y "Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo" recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y a la Orden TES/1490/2021, de 23 de diciembre, que la modifica. 4. Teniendo en cuenta lo expuesto, se ha de recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que "La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante". En el presente caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, justificando posteriormente el retraso en virtud de la carga de trabajo que soporta la unidad. No obstante, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que "con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta". Con independencia de todo ello, es preciso tener en cuenta que, tras la presentación de una reclamación ante este Consejo de Transparencia, la Administración ha concedido el acceso a la información solicitada y la reclamante ha manifestado su plena conformidad en el trámite de alegaciones. Por lo tanto, la presente reclamación se ha de estimar únicamente por razones formales, al no haberse respetado el derecho de la solicitante a obtener una respuesta en el plazo máximo legalmente establecido. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez