Inadmisión de reclamación de acceso a informe de inspección por aplicación de la normativa de procedimiento administrativo en curso

Resolución 124/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 27 de agosto de 2021 el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «El DEBER DE INFORMACIÓN del PROTOCOLO ACOSO LABORAL tal y como establece dicho procedimiento de acoso laboral en la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, de fecha 25 de octubre de 2011.» 2. Mediante diligencia de fecha 15 de diciembre de 2021, el MINISTERIO DEL INTERIOR hace constar lo siguiente: «En el día de la fecha, se recibe al de Instituciones Penitenciarias en la sede de esta Subdirección General de Análisis e Inspección a quien se da acceso a todo lo actuado en el Informe de Inspección » S/REF: N/REF: R/0022/2022; 100-006252 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio del Interior Información solicitada: Protocolo de Acoso Laboral 3. Mediante escrito registrado el 12 de enero de 2022, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido resumido: «(…) Personado en las dependencias de la inspección Penitenciar ia en dicha fecha se concede el acceso, si bien en el expediente faltaba el informe de la inspectora XXXXX, es el elemento fundamental que articula la resolución de dicho informe de acoso laboral. Se solicitó a la persona que facilitó el acceso, que no fue la inspectora, sino un funcionario que se identificó como y que él era , dicho funcionario se ausentó y al volver me manifestó que no iba a facilitarme el acceso a dicho informe, ante lo que le dije que no era legal que me hubieran hecho firmar el documento de acceso y no me facilitara el acceso al informe de la inspectora, ante lo que puse una queja en el registro de dicha Secretaría General. DOC.2 Es aplicable la ley 19/13 por cuanto se trata de un procedimiento sancionador, no un procedimiento administrativo. En este sentido invocar resolución 532/19 del CGT. (…) Además me hicieron firmar una cláusula de confidencialidad especialmente gravosa (con una fecha que no coincidía con la fecha de acceso el 15 de diciembre de 2021, sino de fecha 24 de noviembre de 2021, obviamente con las graves consecuencias en la esfera jurídica del reclamante derivadas de firmar una cláusula de confidencialidad con una fecha de 20 días de antelación. Hecho éste que constaté cuando revisé la documentación en mi domicilio. Es por ello que entendemos que es aplicable la ley 19/13 en relación al acceso a un expediente disciplinario, por cuanto no tiene normativa propia. SOLICITO: tenga por presentado el presente escrito con la reclamación formulada y en virtud del mismo se permita el acceso a dicho informe de la inspectora XXXXX.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso a la información en relación con el «deber de información del Protocolo Acoso Laboral , tal y como establece dicho procedimiento de acoso laboral en la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, de fecha 25 de octubre de 2011». En fecha de 15 de diciembre de 2021, el órgano competente concedió el acceso a lo actuado en el mencionado procedimiento, tal como reconoce el reclamante, si bien, subraya, en dicho expediente no constaba el informe de la inspectora encargada de la tramitación del procedimiento que «es el elemento fundamental que articula la resolución de dicho informe de acoso laboral». 4. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe recordar que, si bien los artículos 12 y 13 LTAIBG reconocen el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública que obre en poder de los organismos y entidades incluidos en su ámbito de aplicación, no es menos cierto que en el apartado primero de su disposición adicional primera establece que «La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo». Este precepto ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia en el sentido de que «no corresponde a este Consejo determinar si el Reclamante tiene o no la condición de interesado en un determinado procedimiento administrativo en curso, lo que se debe resolver por los órganos instructores del procedimiento, de acuerdo con la definición de dicho concepto recogida en el artículo 31 de la LRJPAC (procedimiento R/0069/2015 ). » Por otro lado, y respecto a la aplicación de la disposición adicional primera, apartado primero, de la LTAIBG, este Consejo considera que, para que pueda constituir causa de inadmisión de una reclamación, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: «Primero, debe existir un específico procedimiento administrativo aplicable al caso; segundo, el reclamante debe ser un interesado en el mismo y tercero, el procedimiento debe estar en curso (R/0095/2015 ).» 5. La aplicación de los criterios expuestos a este caso conduce, se adelanta ya, a la inadmisión de esta reclamación en aplicación de la mencionada disposición adicional primera, apartado primero, de la LTAIBG al concurrir los tres requisitos antes mencionados, pues el reclamante, en el momento de solicitar el acceso a lo actuado y formular queja sobre la ausencia del informe de la inspectora en el expediente al que se le dio vista, era interesado en un procedimiento de acoso laboral que aún estaba en curso. Consta, en efecto, y en primer lugar, la existencia de un específico procedimiento administrativo aplicable al caso —Procedimiento de actuación frente al acoso en los centros de trabajo dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de 25 de octubre de 2011—; consta, en segundo lugar, que el ahora reclamante era interesado en el mencionado procedimiento de acoso laboral incoado tras sus denuncia frente a otro empleado público como se desprende de su solicitud de acceso; y, en tercer lugar, se trata de un procedimiento que, en el momento de solicitarse el acceso y ponerse de manifiesto la ausencia del informe que reclama, se hallaba en tramitación, como se desprende de las propias manifestaciones del ahora reclamante, interesado en conocer cuál es el contenido del procedimiento y cuáles son las diligencias que se han practicado—lo que diferencia este caso de la resolución de este Consejo que trae a colación el reclamante, referida a un supuesto en el que la tramitación del expediente ya había finalizado—. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2015.html En conclusión, y en virtud de lo expuesto, procede la inadmisión de la presente reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede INADMITIR la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez