Solicitud de información sobre gastos y contratos del perro presidencial y estimación formal de la reclamación por falta de respuesta en plazo

Resolución 112/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 10 de octubre de 2021 el reclamante solicitó a la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Gasto en el perro presidencial, conocido como Turca. Pido los contratos que se han adjudicado para esta mascota, los gastos ordinarios, las personas que se encargan de cuidarlo y cualquier otra información al respecto.» No consta respuesta de la Administración. S/REF: 001-061452 N/REF: R-0101-2022; 100-006365 Fecha: La de firma Dirección Administración/Organismo: Secretaria General de la Presidencia del Gobierno Información solicitada: Contrato sobre el gasto en el perro presidencial 2. Mediante escrito registrado el 4 de febrero de 2022, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), indicando que no ha recibido respuesta a la solicitud. 3. Con fecha 8 de febrero de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas; lo que efectuó mediante escrito recibido el 15 de marzo de 2022 se en el que se pone de manifiesto lo siguiente: «Con fecha 3 de marzo de 2022, la Directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica resuelve, conceder el acceso parcial a la información solicitada, siendo notificada dicha resolución al interesado con fecha del 10 de marzo del mismo año, en los siguientes términos: “En el ámbito de la Presidencia del Gobierno, no se ha formalizado ningún contrato administrativo que tenga un objeto directo o indirecto relacionado con “mascotas”. En relación con la información solicitada sobre “personas que se encarguen del cuidado de la mascota”, señalar que La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), delimita el ámbito material del derecho de acceso a la información pública a partir de un concepto amplio, abarcando cualquier documento o contenido, y a su vez, acota el alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos: que la información obre en poder de alguno de los sujetos incluidos en su alcance y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones. Pues bien, no concurre en este caso ninguno de los requisitos señalados, por lo que no puede considerarse información pública al amparo del artículo 13 de la LTAIBG”. Se adjunta la mencionada resolución a la solicitud. Por tanto, SOLICITA que se resuelva de forma desestimatoria la reclamación formulada.» 4. El 18 de marzo de 2022, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que se hayan presentado en el plazo concedido al efecto. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso a la información relativa a los gastos que genera el perro presidencial, incluidos los contratos que se han adjudicado para el cuidado de la mascota, formulada en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. El Departamento requerido no respondió a la solicitud en plazo, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LAITBG, la mencionada solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, el órgano competente ha proporcionado la información solicitada al reclamante indicándole que «no se ha formalizado ningún contrato administrativo que tenga un objeto directo o indirecto relacionado con mascotas» y que, por otro lado, no puede considerarse información pública, con arreglo al artículo 13 LTAIBG, aquella referida a las personas que han cuidado del perro por cuanto ni ha sido elaborada ni adquirida en el ejercicio de sus funciones. 4. Teniendo en cuenta lo anterior cabe recodar, en primer lugar, que el artículo 20.1 de la LTAIBG dispone que «La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.» En el presente caso, según figura en el expediente y se recoge en los antecedentes, el órgano al que se ha dirigido la solicitud no respondió al solicitante en el plazo legalmente establecido, sin que conste causa o razón alguna que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». No obstante, no cabe desconocer que, aunque extemporáneamente, se ha concedido el acceso a la información solicitada y el reclamante no ha formulado reparo alguno al respecto en el trámite de alegaciones que se le ha concedido, por lo que se presume que entiende satisfecha su solicitud. En consecuencia, tal como ha venido entendiendo este Consejo en los casos en que la información se facilita una vez interpuesta la reclamación ante la LTAIBG, se ha de proceder a estimar la reclamación por razones formales, al no haberse respetado el derecho del solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, sin que resulte necesario instar a la realización de más trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente a la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez