Reclamación de acceso a informe justificativo de requerimiento de la Inspección de Trabajo y estimación por el CTBG

Página1de 6 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 6 de julio de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «SOLICITO a ese Ministerio, como denunciante en la empresa Confederación Hidrográfica del Segura, copia del requerimiento realizado por la Inspección de Trabajo de Murcia en relación con la denuncia referida y copia del informe completo justificativo del mismo donde se detallan las actuaciones realizadas y deficiencias detectadas». S/REF:001-081042 N/REF:2437-2023 Fecha:La de firma. Dirección: Información solicitada:Informe justificativode un requerimiento de la Inspección de Trabajo. R CTBG Número: 2023-1105 Fecha: 29/12/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente 2. El MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL dictó resolución con fecha 20 de julio de 2023 en la que contestó al solicitante lo siguiente: « (…) Respecto de la petición concreta es preciso indicar que, el requerimiento al que se refiere el solicitante en su petición, en virtud de lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 31/1995, debe ponerse en conocimiento de los Delegados de Prevención y, por tanto, una vez de la empresa Confederación Hidrográfica del Segura, no existe ningún impedimento para su traslado al solicitante. Por cuanto antecede, la DIRECTORA DEL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RESUELVE: ESTIMAR la solicitud de acceso a la información solicitada por aplicación de la Ley 19/2013 en los términos previstos en la presente resolución». 3. Mediante escrito registrado el 27 de julio de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente «PRIMERO: Con fecha 6 de julio de 2023 solicité al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en relación con la Ley de Transparencia, y como denunciante y la empresa Confederación Hidrográfica del Segura, dos documentos: 1. Copia del requerimiento a la empresa realizado por la Inspección de Trabajo de Murcia en relación con una denuncia mía sobre el vaciado de contenido del puesto de trabajo de una compañera; y 2. Copia del informe completo justificativo de dicho requerimiento realizado por el inspector actuante donde se detallan las actuaciones realizadas y deficiencias detectadas. SEGUNDO: Con fecha 20 de julio se resuelve la petición (referencia del expediente: 00001-00081042) haciendo solo referencia a mi derecho a tener copia del requerimiento, pero sin valorar ni, por tanto, reconocer mi derecho a conocer el citado informe extendido justificativo del requerimiento realizado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social. R CTBG Número: 2023-1105 Fecha: 29/12/2023 Por lo anterior, Solicita: SOLICITO que se admita esta reclamación y se atienda mi solicitud de información de forma completa como figura en mi solicitud y no solo parcialmente, sin motivación alguna, lo que me causa indefensión contraria al artículo 24 de la CE. Y que se reconozca mi derecho a obtener copia, y se me de traslado, del informe extendido justificativo del requerimiento realizado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social». 4. Con fecha 31 de julio de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. A fecha de elaborarse la presente resolución no se ha recibido contestación. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a la copia de un requerimiento que realizó la Inspección de Trabajo de Murcia en relación con una denuncia, así como copia del informe completo justificativo de dicho requerimiento. El órgano requerido resolvió conceder el acceso al requerimiento solicitado, previa del solicitante. 4. Centrada la cuestión en estos términos, debe comenzarse señalando que la Administración ha atendido únicamente una de las dos peticiones de acceso a la información pública realizadas por el reclamante, guardando silencio respecto a la segunda parte. 5. A lo anterior se suma que el Ministerio requerido no ha contestado a la petición de alegaciones formulada en el marco de este procedimiento. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la segunda parte de la información, de modo que pueda disponer de todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a esa parte de la información solicitada. Ahora bien, esta falta de respuesta no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública. A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como se ha encargado de recordar en su Sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «[l]a Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: “[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: “[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”. Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad». 6. A la vista de cuanto antecede, dado que la documentación solicitada tiene la consideración de información pública, lo cual no ha sido negado por el Ministerio con respecto a la primera parte de la información. Y que tampoco ha justificado la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 LTAIBG, ni la aplicación de alguno de los límites previstos en sus artículos 14 y 15, este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente al ITSS/MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. SEGUNDO: INSTAR al ITSS/MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la asociación reclamante la siguiente información: x Copia del informe completo justificativo del requerimiento realizado por la Inspección de Trabajo de Murcia la empresa Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la denuncia presentada por el reclamante donde se detallan las actuaciones realizadas y deficiencias detectadas. TERCERO: INSTAR al ITSS/MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la asociación reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez