Reclamación de acceso a información sobre compraventa de activos inmobiliarios de la SAREB con estimación parcial

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 27 de abril de 2023 la fundación reclamante solicitó a la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. (SAREB), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Listado en excel de los inmuebles comprados, con dirección completa, fecha, entidad a la que se compra y precio. Listado en excel de los inmuebles vendidos, con dirección completa, fecha, entidad a la que se vende y precio». S/REF: 001-079200 N/REF: 1943-2023 Fecha: La de firma. Dirección: REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. (SAREB). Información solicitada: Compra y venta de activos inmobiliarios en la SAREB. R CTBG Número: 2023-1043 Fecha: 05/12/2023 2. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. (Sareb) dictó resolución, con fecha 29 de mayo de 2023, en la que contestó a la Fundación Ciudadana CIVIO lo siguiente: «Lo primero que cabe indicar es que Sareb no se encuentra dentro del ámbito de la normativa al amparo de la cual se solicita la información de conformidad con las previsiones que, de modo expreso, contiene el Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria ("RDL 1/2022"). El RD Ley 1/2022, define con precisión qué normativa de carácter público es aplicable a la compañía dentro de la cual no cabe encuadrar la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. (…) No obstante, lo anterior, (…) cabe acceder parcialmente a lo solicitado pese a la inaplicación de la Ley 19/2013, en el sentido consistente en que SAREB cumple plenamente los estándares en materia de gobierno corporativo y mejores prácticas propias del mercado y siguiendo las guías de mejores prácticas recomendadas por la CNMV. En consecuencia, Sareb mantiene publicidad activa por medio de una sección en la que pueden consultarse el total de inmuebles que Sareb posee en los distintos municipios de la geografía española. Se trata de activos de diversa tipología (viviendas, anejos, suelos e inmuebles terciarios) que pueden encontrarse en diferentes situaciones (en comercialización, en proceso de adecuación, cedidos a administraciones públicas para alquileres sociales, con habitantes…). El listado no incluye aquellos activos que no son propiedad de la compañía, como los inmuebles que figuran como garantías de préstamos o que se encuentran en proceso de toma de posesión por Sareb. Esta información puede consultarse directamente en el siguiente enlace: R CTBG Número: 2023-1043 Fecha: 05/12/2023 Además, debe tenerse en cuenta que Sareb mantiene publicado activamente un listado con cerca de 21.000 viviendas que podrían estar disponibles en un breve plazo de tiempo para que las compren las administraciones para destinarlas alquiler social y asequible y que puede consultarse en: De igual modo publicamos los importes de deuda amortizada y el porcentaje de cartera liquidada que se puede consultar públicamente en: Siguiendo, Sareb publica sus informes de gestión. En estos informes – que serán actualizados una vez se aprueben las cuentas anuales ya formuladas y auditadas favorablemente y sin salvedades -, describen con información detallada la evolución del negocio por semestres, la valoración de los activos con las reglas que resultan de aplicación, volumen de cartera gestionado por cada uno de los “servicer” que se encargan de su gestión, se contiene el seguimiento presupuestario, volúmenes de venta por tipología de activo, riesgos e incertidumbres que nos afectan en nuestra actividad y el grado es máximo en detalle ya que, se desglosa geográficamente las ventas de inmuebles propios. La totalidad de esta información se puede consultar directamente en el siguiente enlace: semestre-2022.pdf Es necesario, además, resaltar que atender a un grado mayor de especificidad solicitado en la identificación de los activos, implicaría para Sareb un evidente, aun cuando sea potencial, perjuicio patrimonial si por el hecho de dar acceso público a los datos identificativos de nuestros activos, los mismos pudieran ser objeto de actos vandálicos o de ocupación ilegal. Insistimos que aun cuando este riesgo sea potencial, son múltiples los ejemplos que mediante cualquier consulta en medios de comunicación se pueden apreciar. Siendo esto así, pese a los múltiples esfuerzos y aplicación de medios y recursos económicos por parte de Sareb con la finalidad de realizar una diligente labor de mantenimiento y de seguridad de los activos, dotar de publicidad a las concretas ubicaciones físicas de los mismos no haría sino incrementar el riesgo, generar potenciales situaciones de ocupación y en algunos casos, incluso, conflictividad social cuando Sareb, en el ejercicio diligente de su función, insta ante los Tribunales los correspondientes lanzamientos para restaurar la legalidad aun cuando siempre se haga priorizando amparar las situaciones de vulnerabilidad, la cooperación con los Tribunales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el mantenimiento del orden público y la convivencia pacífica. Dar traslado y transparentar hasta ese grado de información los activos inmobiliarios de SAREB, implicaría un evidente riesgo de seguridad sobre los mismos (…) el interés general que debe guiar la actuación de Sareb por mandato legal debe prevalecer frente al interés particular de conocer hasta el grado de concreción solicitado por el requirente de la información. Es por ello por lo que, por un mínimo ejercicio de valoración del aparente conflicto entre el interés general y el particular del solicitante de la información bajo el marco de la proporcionalidad de las eventuales consecuencias derivadas de dar todo el detalle de la información solicitada no cabe acceder, hasta el límite planteado, al requerimiento. (…) Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, con carácter adicional, se debe reseñar que no es posible comunicar la localización concreta de los inmuebles interesados, ya que ello podría representar un incumplimiento de la no rmativa de protección de datos personales. Nuestra normativa de protección de datos parte de un concepto amplio de dato personal, considerando como tales “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente” (art. 4.1 RGPD). En este sentido, la dirección completa de un inmueble -u otros datos análogos como, por ejemplo, el número de finca registral- pueden permitir la identificación de una persona física en base a unos esfuerzos razonables, tal y como ha señalado la AEPD en numerosos informes y resoluciones (P. Ej.: PS/00280/2022 de la AEPD). A modo de simple ejemplo: Inmuebles propiedad de Sareb La persona a quien se revelase la dirección completa de un inmueble (u otros datos análogos) podría identificar a las personas ocupantes del inmueble o a aquellas que ostenten algún derecho sobre el mismo, a través de distintos métodos: - Mediante la personación en el domicilio propiedad de Sareb; o - mediante la solicitud de nota simple al Registro de la Propiedad, en aquellos supuestos en los que el título se encontrase inscrito. Inmuebles propiedad de un tercero sobre los que Sareb ostenta un crédito hipotecario La persona a quien se revelase la dirección completa de un inmueble (u otros datos análogos) podría identificar a los propietarios del inmueble, así como a sus ocupantes o a quienes ostenten algún derecho sobre el mismo a través de los métodos indicados en el apartado anterior. Adicionalmente, cabe indicar que la solicitud de nota simple al Registro de la Propiedad puede revelar información sobre la situación económica-financiera del propietario a través, por ejemplo, de las hipotecas constituidas y sus posibles ampliaciones, las anotaciones preventivas de embargo, certificaciones de cargas… Por lo expuesto se Acuerda: Dar traslado de la información solicitada (…) de acuerdo con los fundamentos señalados». 3. Mediante escrito registrado el 31 de mayo de 2023, la fundación solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente (resumido): «El 28 de abril registramos una solicitud de información ante el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (…). El 3 de mayo, este ministerio nos notificó el traslado de la solicitud al FROB, entidad que el pasado 19 de mayo notificó su resolución, aceptando nuestra solicitud de información en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en su sentencia del 3 de marzo de 2020 y a las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno R-154/2022, R-166/2022 y, sobre todo, a la resolución 307/2022, por la que este mismo Consejo dictaminó que la Sareb se encuentra sometida a la Ley 19/2013 por tratarse de una sociedad mercantil participada mayoritariamente por el Estado. En su notificación el FROB nos comunicó que daba traslado de la solicitud de información a la Sareb para que remitiera la información solicitada. Sin embargo, el pasado 29 de mayo, la Sareb nos remitió un escrito en el que alegaba que rechazaba la resolución del FROB, afirmando que no está sometida a la Ley de Transparencia, ignorando la resolución 307/2022 del Consejo de Transparencia y el artículo 2.1g de la y ofreciendo una serie de informaciones sin relación con la información solicitada (…)». 4. Con fecha 5 de junio de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El FROB responde que le trasladó la solicitud a la SAREB por estar referida a información que concierne a esta sociedad, informando de ello a la Fundación Ciudadana CIVIO. 5. El 13 de junio de 2023 se recibió respuesta de la SAREB en la que reitera lo manifestado en la resolución dictada y pide que, subsidiariamente, solo en el caso en el que se considere que la SAREB sí se encuentra en el ámbito de aplicación de la LTAIBG, «se entienda que la respuesta de Sareb inicial fue suficiente y adecuada a la norma y además que ya se aporta de manera activa publicidad adecuada y suficiente de la información solicitada por el interesado». 6. El 27 de junio de 2023, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 29 de junio de 2023, se recibió un escrito en el que reitera que la Sareb se encuentra sometida a la LTAIBG por tratarse de una sociedad mercantil participada mayoritariamente por el Estado, y hace mención a las Resoluciones CTBG «R-154/2022, R-166/2022 y, sobre t odo, a la resolución 307/2022, por la que este mismo Consejo dictaminó que la Sareb se encuentra sometida a la Ley 19/2013 por tratarse de una sociedad mercantil participada mayoritariamente por el Estado, así como a la sentencia del Tribunal Supremo del 3 de marzo de 2020». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información sobre los inmuebles comprados y vendidos por la SAREB (dirección, fecha, entidad a la que se compra y precio). La SAREB responde que la sociedad no está encuadrada en el ámbito de aplicación de la LTAIBG, facilitando, no obstante, una serie de enlaces sobre su actividad. Alega, también, un posible perjuicio patrimonial porque este conocimiento facilite que tengan lugar ocupaciones y actos vandálicos. Por último, se señala que facilitar la información con el grado de detalle solicitado supondría un incumplimiento de la normativa de protección de datos. 4. Centrada la reclamación en estos términos, procede analizar, en primer lugar, si la entidad requerida se encuentra incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Transparencia, y tiene, por tanto, la consideración de sujeto obligado. En este punto cabe recordar lo ya manifestado por este CTBG en las recientes resoluciones R CTBG 0939/2023 de 6 de noviembre de 2023 y R CTBG 0991/2023, de 17 de noviembre de 2023, en las que se señala que el artículo 2.1 g) LTAIBG incluye en al ámbito de aplicación de lo dispuesto en el Título I de la LTAIBG a «[l]Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100»; por lo que, contra lo sostenido en la resolución objeto de esta reclamación, SAREB sí se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la LTAIBG en la medida en que se trata de una sociedad mercantil participada mayoritariamente por el Estado (en un 50, 14 % a través del FROB). En este sentido, debe recordarse una vez más que el Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, eliminó los límites a la participación del Estado en el accionariado de SAREB, permitiendo que el FROB aumentase su participación en el capital social de esta sociedad. De esta forma, modificado este límite de participación que podía ostentar el FROB en SAREB, tras la reunión de la Comisión Rectora el 1 de abril de 2022, se acordó la compraventa formalizada en escritura pública el 5 de abril, con la correspondiente adquisición del 4,24% del capital social de SAREB, quedando la participación del FROB en SAREB por encima del 50%. En concreto en el 50,14%, por lo que es precisamente a partir de este momento cuando la SAREB queda sujeta a la LTAIBG. Esta circunstancia fue comunicada por el propio FROB en su escrito de demanda en el procedimiento contencioso administrativo (P.O. 71/2022) entablado ante el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo n.º11 (frente a la resolución de este Consejo R/307/2022, de 21 de septiembre) señalando expresamente que «[t]al y como consta en el antecedente de hecho segundo de la presente demanda, la Resolución del FROB se adoptó en reunión celebrada del día 18 al 22 de marzo de 2022 y, tal y como asimismo consta en la página web del FROB, la participación del FROB en SAREB superior a un 50 por 100 no se produjo hasta el 5 de abril de 2022». De ahí que la SAREB queda sujeta a la LTAIBG a partir del 5 de abril de 2022 (fecha en que el FROB aumentó su participación por encima del 50%), siendo la fecha de solicitud de la información pública de 21 de febrero de 2023, por tanto, posterior. 5. Sentado lo anterior, habiendo alegado la SAREB que la información solicitada (al menos en su mayor parte) se encuentra disponible en su página web, debe recordarse que el artículo 22.3 LTAIBG dispone que «[s]i la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella». Tal y como ha señalado este Consejo en el Criterio Interpretativo 009/2015, de 12 de noviembre el mencionado precepto «regula el supuesto genérico de que la información solicitada vía derecho de acceso haya sido objeto de publicación previa, supuesto que, indudablemente, incluye la publicación de esa información en cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa. En este sentido, señala que la resolución podrá limitarse a indicar el lugar o medio en que ésta se ha publicado. Así, resulta evidente que los redactores de la LTAIBG están admitiendo implícitamente la tramitación de un procedimiento de acceso referido a una información sometida al régimen de publicidad activa, introduciendo para estos casos la posibilidad (no la obligación) de que la resolución del mismo se limite a indicar el lugar o medio de publicación que, en todo caso, deberá ser objeto de una referencia explícita y determinada, no de una simple indicación genérica», y se indica que «en ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica al portal o a la sede o página web correspondiente. Es necesario que se concrete la respuesta. Ésta podrá redireccionarle a la información de publicidad activa siempre que, tal información satisfaga totalmente la información solicitada pero deberá señalar expresamente el link que accede a la información y, dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que se refieran a lo solicitado, siendo requisito que la remisión sea precisa y concreta y lleve, de forma inequívoca, rápida y directa a la información (…)». En este caso SAREB proporciona cuatro enlaces que dirigen a información relativa, respectivamente, al número de inmuebles que SAREB posee en los distintos municipios de la geografía española; a las viviendas que estarán disponibles en breve para destinarlas a alquiler social y asequible; a los importes de deuda amortizada y porcentaje de cartera liquidada; y, finalmente, a sus informes de gestión. De lo anterior se desprende que únicamente el primero de los enlaces proporciona información que pueda vincularse a la solicitud de información presentada. En efecto, desde la web de SAREB puede accederse a la totalidad de los inmuebles que posee en los diversos puntos de la geografía española —excluyendo aquéllos que no son propiedad de la compañía por tratarse de garantías de préstamos o encontrarse en proceso de toma de posesión—. En la web figura, así, no solo el número total de viviendas, anejos, suelos, terciarios u obras en curso, sino que también se facilita la búsqueda de estos inmuebles por comunidad autónoma, provincia y municipio. Asimismo, en la propia web de la sociedad se explica la procedencia de los activos (entre ellos, los activos inmobiliarios que constituyen el 22.3% del total). Ciertamente, de la información publicada no se desprende ni a quien se adquirió el activo inmobiliario, ni su fecha de adquisición; como tampoco, los concretos inmuebles que ya ha se han vendido (con el desglose reclamado por la entidad solicitante). 6. Partiendo de la información que se encuentra disponible por estar publicada en la web de la entidad requerida, la cuestión se circunscribe a determinar si la divulgación de la información, con el desglose y concreción solicitados, puede ocasionar un perjuicio patrimonial (comisión de actos vandálicos y ocupaciones de inmuebles) o un incumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal, tal como alega la entidad requerida. Desde la perspectiva apuntada no es posible desconocer que en la citada R CTBG 991/2023, ante una petición similar, este Consejo ha considerado que, en efecto, «una localización más precisa de los inmuebles junto con el dato de si encuentran o no ocupados, puede permitir la identificación de terceras personas no relacionadas con los fines públicos que lleva a cabo la SAREB y con los recursos económicos públicos que se utilizan para ello. Es por ello que, en este caso, se considera prevalente la protección del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal sobre el derecho de acceso a la información (…), por lo que procede desestimar la reclamación en este punto». Se entendía, así, que la localización de inmuebles propiedad de SAREB a nivel de término municipal resulta suficiente; conclusión que debe trasladarse a este caso, debiendo facilitarse los inmuebles comprados y vendidos por término municipal sin desglose mayor (y, por tanto, sin concreción de la dirección completa que se pide en la solicitud de acceso). 7. Por lo que se refiere al resto de la información solicitada (entidad a la que compra/vende el inmueble, fecha y precio), la sociedad requerida no ha efectuado alegación alguna dirigida a justificar la denegación del acceso a estos extremos. No obstante, este Consejo puso de manifiesto en la (también citada) resolución R CTBG 939/2023 —en la que se pretendía el listado de inmuebles vendidos, con un desglose similar al ahora solicitado— que, si bien resultaba procedente la entrega de la información referida a las entidades adquirentes y la fecha de adquisición, sí podía restringirse el acceso al precio de venta. Se señalaba, en este sentido, que: «Por otro lado, y en lo que atañe a la información de los activos vendidos, no se aprecia que facilitar el año en que se produjo la venta cause perjuicio alguno a los intereses comerciales y económicos de SAREB; ni puede pretenderse la limitación del acceso a la identificación de las entidades adquirentes con fundamento en el artículo 15 LTAIBG, puesto que las personas jurídicas (únicas a las que refiere la solicitud de información) no son titulares de este derecho fundamental —tal como se ha reiterado en la STS de 4 de mayo de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:1946)—. De lo anterior se desprende, a juicio de este Consejo, que no se ha justificado suficientemente, ni concurre, el límite previsto en el artículo 14.1.h) LTAIBG respecto del acceso a listado global de activos y al listado de inmuebles ya vendidos con indicación del año de la venta y de la entidad adquirente. En cambio, sí se aprecia un interés público en acceder a la información pues ello permite someter a escrutinio cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan nuestras instituciones en ámbitos tan relevantes como los del sector bancario y la política de vivienda —en atención a las funciones de SAREB que fue creada para gestionar y vender los activos problemáticos de las antiguas cajas de ahorro y sus filiales que recibieron a yudas públicas—. A distinta conclusión ha de llegarse, sin embargo, respecto del acceso a una relación de inmuebles que incorpore su clasificación en función de la estrategia de venta que aplica la compañía. En efecto, en este caso, resulta evidente que facilitar la clasificación de los inmuebles por la diferente estrategia de venta que se aplica, supone desvelar el conocimiento comercial y la estrategia de la empresa, lo que tiene un impacto directo en su posición frente a sus competidores. En esta misma línea, y con la misma lógica de preservación de la estrategia comercial, el límite invocado resulta de aplicación al precio de venta de los activos vendidos, en la medida en que su conocimiento puede desvelar las tácticas de negociación seguidas frente a los diversos adquirentes. Constatado el daño que provocaría proporcionar el acceso a estos dos segmentos de información y tomando en consideración que con esta resolución se reconoce el acceso al listado total de activos y al listado de activos vendidos por año y empresa adquirente, considera que este Consejo que prevalece el interés de la empresa a mantener el secreto sobre el precio de venta de cada uno de los activos ya vendidos y sobre la estrategia de venta que utiliza para cada tipo de activos. » Tales conclusiones resultan también de aplicación a este caso puesto que no puede justificarse la limitación del acceso a la identificación de las entidades adquirentes —o a la fecha de la operación de compra o venta (si se encuentra disponible)— con fundamento en el artículo 15 LTAIBG; debiéndose, sin embargo, restringir el acceso a aquella información cuya divulgación causa daño a los intereses económicos y comerciales de la empresa —daño que ha sido apreciado por este Consejo en una reclamación sustancialmente idéntica de cuyas conclusiones no puede prescindirse aunque en este caso la SAREB no haya invocado el límite previsto en el artículo 14.1.h) LTAIBG—. 8. En conclusión, de acuerdo con lo expuesto, procede la estimación parcial de la reclamación en los términos indicados en los precedentes fundamentos jurídicos. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por la Fundación Ciudadana CIVIO frente a la resolución de la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. (SAREB), de fecha 29 de mayo de 2023. SEGUNDO: INSTAR a la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. (SAREB) a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información, en los términos previstos en los FFJJ 6 y 7 de esta resolución: x Listado en excel de los inmuebles comprados, con localización por municipios , fecha de compra y entidad a la que adquiere. x Listado en excel de los inmuebles vendidos, con localización por municipios, fecha de venta y entidad a la que se vende». TERCERO: INSTAR a la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. (SAREB) a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez