Reclamación por falta de respuesta a solicitud de información sobre medidas de protección de menores en La Rioja y estimación formal por el CTBG

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 2 de marzo de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Ruego me envíen información sobre estadística y número de resoluciones de medidas de protección de menores adoptadas por el Gobierno de la Rioja que han sido recurridas judicialmente y cuántas han sido estimadas a favor de la Administración en 1ª instancia, cuántas en 2º instancia y cuántas en casación desde el año 2000 hasta el presente». 2. No consta respuesta de la Administración. S/REF: 001-077502 N/REF: 2385-2023 Fecha: La de firma. Dirección: ERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. Información solicitada: Resoluciones recurridas en materia de medidas a menores. R CTBG Número: 2023-1038 Fecha: 04/12/2023 3. Mediante escrito registrado el 2 de junio de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG poniendo de manifiesto que no ha recibido respuesta. 4. Con fecha 19 de julio de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 25 de julio de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: «1. El 2 de abril de 2023 se recibió la solicitud en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Al objeto de determinar quién sería, en su caso, el órgano competente para resolver el expediente, se efectuaron varias consultas internas (a órganos superiores y directivos del propio Ministerio). 2. Como resultado de dichas consultas se constató que en este departamento ministerial no obraba ningún contenido o documento relacionado con la solicitud de acceso a información pública. Asimismo, se concluyó que, de existir, dicha información debería de obrar en poder de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja. 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se remitió la solicitud de acceso a información pública presentada (…) a la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja. 4. En esa misma fecha, 17 de marzo de 2023, la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 comunicó (…), que su solicitud de acceso a información pública había sido traslada a la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja». 5. El 28 de julio de 2023, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. Consta la recepción de la notificación ese mismo día, sin que, en el momento de elaborarse la presente resolución, haya formulado alegación alguna. R CTBG Número: 2023-1038 Fecha: 04/12/2023 II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide acceso a la información del número de resoluciones, en materia de medidas de protección de menores, adoptadas por el Gobierno de La Rioja; en particular, las que han sido recurridas judicialmente y el resultado de dichos procesos judiciales. El Ministerio requerido no respondió en el plazo legalmente establecido por lo que la solicitud de información se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en fase de alegaciones en este procedimiento, la Administración manifiesta que no dispone de la información cuyo acceso se solicita y, en cumplimiento del artículo 19.1 LTAIBG, remite la solicitud a la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja, informando de ello al solicitante. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. Sentado lo anterior, no puede desconocerse que el Ministerio requerido ha cumplido con lo establecido por el artículo 19.1 LTAIBG, según el cual «[s]i la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante». En consecuencia, aunque de forma tardía, la Administración ha cumplido con la normativa en materia de acceso a la información pública, al dirigir la solicitud al órgano que entendió competente para resolverla informando de esta circunstancia al solicitante, sin que se haya recibido objeción alguna por parte del reclamante en el trámite de audiencia concedido En casos como éste, en que la respuesta se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por la LTAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante este Consejo, debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener una resolución en el plazo legalmente establecido y por otro, tener en cuenta el hecho de que le ha proporcionado la información. En consecuencia, procede la estimación de la reclamación por motivos formales ya que no se ha respetado el derecho del solicitante a obtener respuesta en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez