Reclamación por denegación de acceso a resolución sobre finalización de interinidad Programa COVID-19 estimada por el CTBG

Página1de 7 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 18 de abril de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Resolución conjunta de la Dirección General de Función Pública y Dirección General de Costes de Personal en la que se indica la fecha de finalización de interinidad de funcionarios interinos por Programa COVID-19, de fecha 30/12/2022». 2. El MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA dictó resolución con fecha 19 de mayo de 2023 en la que contestó al solicitante lo siguiente: S/REF:001-078919 N/REF:1792-2023 Fecha:La de firma. Dirección: DA Y FUNCIÓN PÚBLICA. Información solicitada:Resolución administrativa. R CTBG Número: 2023-1008 Fecha: 22/11/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente « (…) De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional primera apartado 1 de la Ley 19/2013, esta Dirección General resuelve inadmitir a trámite la solicitud de información identificada en el primer párrafo, toda vez que el interesado ha ejercitado las acciones legales administrativas y judiciales previstas, existiendo, por lo tanto, un procedimiento contencioso-administrativo en curso (procedimiento ordinario 170/2023) sobre el citado asunto». 3. Mediante escrito registrado el 20 de mayo de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: «Se inadmite a trámite la solicitud de información pública en base a la existencia de un procedimiento administrativo y posterior contencioso, si bien no se procede conforme a las previsiones de la ley de transparencia y buen gobierno, inadmitiendo a trámite la solicitud. -Procedimiento administrativo: No existe previsión específica en la LTBG en cuanto al derecho de acceso a información pública en relación a un procedimiento administrativo al estar dicho derecho contemplado en el art. 13.d) de la LPAC, no siendo óbice la existencia del mismo para denegar tal derecho (a salvo de la previsión de datos de carácter personal contenida en el art. 15), sino todo lo contrario. -Procedimiento judicial: En cuanto a procedimiento judicial en curso, como es el caso, tal y como se refiere en el escrito de alegaciones, operaría en su caso el límite del derecho de acceso a información pública establecido en el art. 14.1.f) atendiendo a: “La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva”, aplicándose dicho límite según lo establecido en el aptdo. 2 del art. 14: “La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”. Así mismo cabe el acceso parcial a información pública conforme lo dispuesto en el art. 16 LTBG (…). R CTBG Número: 2023-1008 Fecha: 22/11/2023 La Administración no justifica en modo alguno la denegación del derecho de acceso a información pública bajo pretexto de estar en curso un procedimiento judicial en el orden contencioso administrativo, ello al margen de las previsiones de la LTBG». 4. Con fecha 23 de mayo de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 2 de junio de 2023 se recibió respuesta en la que el Ministerio se reafirmaba en los argumentos invocados en la resolución. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a la resolución administrativa conjunta de la Dirección General de la Función Pública y de la Dirección General de Costes de Personal, de 30 de diciembre de 2022, en la que se indica la fecha de finalización de la interinidad de funcionarios por el Programa COVID. El Ministerio requerido resolvió denegar el acceso de información al concurrir la causa de inadmisión de la Disposición adicional primera, párrafo primero, LTAIBG, «toda vez que el interesado ha ejercitado las acciones legales administrativas y judiciales previstas, existiendo, por lo tanto, un procedimiento contencioso- administrativo en curso». En trámite de alegaciones en este procedimiento, se reitera en tales conclusiones afirmando que «a fecha de emisión del presente informe todos los recursos se encuentran en vía judicial.» 4. Teniendo en cuenta lo anterior, conviene precisar en primer lugar que asiste la razón al reclamante cuando afirma que no existe ningún procedimiento administrativo en curso, por lo que no resulta de aplicación la Disposición adicional primera, primer apartado, LTAIBG invocada por el Ministerio —que, en cualquier caso, lo que comportaría es la aplicación preferente de otra regulación, pero no la inadmisión automática de la solicitud—. En efecto, de las alegaciones presentadas en este procedimiento se desprende que existen dos recursos contencioso-administrativos interpuesto contra dos resoluciones que acuerdan, por un lado, la convocatoria del proceso selectivo para personal funcionario interino, y por otro, la inadmisión a trámite de la solicitud de revisión de oficio de esa primera resolución. La cuestión, por tanto, se centra en verificar si la existencia de esos dos procedimientos judiciales (aun no resueltos), puede constituir el fundamento de una inadmisión a trámite de la solicitud de acceso. Desde esta perspectiva conviene reiterar que las causas de inadmisión son las previstas, de forma tasada, en el artículo 18 LTAIBG; entre las que no se encuentra la pendencia de un proceso judicial. 5. En todo caso, tales argumentos podrían reconducirse a una invocación implícita del límite previsto en el artículo 14.1.f) LTAIBG que permite denegar o restringir el acceso cuando proporcionarlo cause un perjuicio a la igualdad de las partes en un proceso judicial y al derecho a la tutela judicial efectiva. Conviene recordar en este punto, como se hizo en la previa resolución R CTBG 696/2023, de 4 de septiembre —que estima parcialmente una reclamación del mismo interesado frente a idéntico Ministerio—, que «el artículo 14.1.f) LTAIBG tiene como objeto, en la línea de la previsión contenida en el artículo 3.1.j) del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos, proteger la igualdad de las partes en los procesos judiciales, tanto ante tribunales nacionales como internacionales, y el buen funcionamiento de la justicia. Siendo esta su finalidad, entender incluidos con carácter general en el límite del artículo 14.1.f) LTAIBG todo tipo de documentos administrativos relacionados directa o indirectamente con un proceso judicial, comportaría una interpretación extensiva del mismo y, por tanto, contraria al criterio general de interpretación estricta de las limitaciones del derecho de acceso que ya se ha mencionado y a la aplicación ponderada y proporcionada que exige el artículo 14.2 LTAIBG(…)». Y en la misma línea se añadía lo siguiente: «En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 31 de mayo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:2391) pone el acento en la procedencia de deslindar (i) aquella documentación de carácter administrativo que obre en poder del organismo competente (elaborada por el propio organismo), a cuya entrega tiene derecho, en principio, el solicitante, y (ii) aquella otra documentación de naturaleza estrictamente procesal cuyo acceso o divulgación pública, en los supuestos de actuaciones propiamente jurisdiccionales en procedimientos pendientes de resolución, pudiera perturbar el equilibrio e integridad del procedimiento judicial, la igualdad de las partes u obstaculizar el ejercicio imparcial de las funciones de enjuiciamiento —y que, por tanto, ha de someterse las reglas procesales que le resulten de aplicación—. De la jurisprudencia sentada en la citada sentencia se desprende que, a diferencia de lo que sucede con la información de naturaleza estrictamente procesal generada en el marco de un procedimiento judicial, el acceso a la información elaborada por un sujeto obligado por la LTAIBG para ser presentada ante un órgano judicial se rige por lo dispuesto en la LTAIBG, correspondiendo por tanto la competencia para decidir al órgano, organismo o entidad en cuyo poder obren los contenidos o los documentos solicitados, el cual deberá resolver las solicitudes de acceso con arreglo a las reglas que en la propia LTAIBG se establecen. Entre ellas se encuentran indudablemente los límites previstos en el artículo 14.1 LTAIBG cuya aplicación, sin embargo, como tantas veces se ha señalado, no es automática, sino que ha de ser «justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección» como exige el artículo 14.2 LTAIBG; debiendo en consecuencia ponderarse caso por caso, atendiendo a las circunstancias concurrentes, si prevalece la protección de los bienes jurídicos amparados por el límite o el interés público superior al que sirve el principio de transparencia. Este mismo régimen se ha de aplicar, con mayor razón aún, a la información pública que obre en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG y que haya sido elaborada o adquirida con anterioridad a la apertura de un proceso judicial». Tomando en consideración cuanto se acaba de indicar y que el organismo requerido no ha realizado un mínimo esfuerzo argumental dedicado justificar por qué el otorgamiento del acceso a la información que solicita el reclamante puede causar un perjuicio a la igualdad de las partes en el proceso judicial pendiente, es pertinente volver a subrayar que el hecho de que exista un proceso judicial en curso no permite denegar con carácter general el acceso a los documentos obrantes en poder de un sujeto obligado que guarden relación con dicho proceso, sino que debe ponderarse el interés público o privado en el acceso y la eventual afectación del bien jurídico protegido por el límite, sin que en este caso se haya realizado por parte de la Administración ponderación alguna. 6. Constatándose la existencia de un interés tanto público como privado en acceder a una resolución que regula una cuestión de tanta relevancia para el funcionamiento de la Administración como el fin de la interinidad de funcionarios por el Programa COVID-19 y no habiéndose justificado ni apreciándose de oficio que el conocimiento de la misma cause un perjuicio al bien jurídico protegido por el artículo 14.1.f) LTAIBG, se ha de conceder prevalencia al derecho de acceso a la información pública y, en consecuencia, la reclamación ha de ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x Resolución conjunta de la Dirección General de Función Pública y Dirección General de Costes de Personal en la que se indica la fecha de finalización de interinidad de funcionarios interinos por Programa COVID-19, de fecha 30/12/2022. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez