Reclamación sobre el acceso al Anteproyecto de Ley del Registro Oficial de Traductores, Traductoras e Intérpretes desestimada por estar la información en curso de elaboración

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 3 de abril de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE JUSTICIA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Anteproyecto de Ley por el que se regula el Registro Oficial de Traductores, Traductoras e Intérpretes en el ámbito de la Administración de Justicia». 2. El MINISTERIO DE JUSTICIA dictó resolución con fecha 19 de abril de 2023. en la que contestó al solicitante lo siguiente: «A fecha de 17 de abril, el inicio de la tramitación del texto del Anteproyecto de ley por el que se regula el Registro Oficial de Traductores, Traductoras e Intérpretes en el S/REF: 001-078502 N/REF: 1420-2023 Fecha: La de firma. Dirección: Información solicitada: Anteproyecto de Ley de Registro Oficial de traductores e intérpretes. R CTBG Número: 2023-0903 Fecha: 30/10/2023 ámbito de la Administración de Justicia no ha sido aprobado por Consejo de Ministros, ni por tanto se ha iniciado su tramitación prelegislativa. En consecuencia, esta Secretaría General Técnica resuelve inadmitir el acceso a la información pública solicitado en este caso al tratarse de información que se encuentra todavía en curso de elaboración». 3. Mediante escrito registrado el 20 de abril de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: «He solicitado la Ministerio de Justicia el texto del Anteproyecto de Ley por el que se regula el Registro Oficial de Traductores, Traductoras e Intérpretes en el ámbito de la Administración de Justicia y me lo han denegado por considerar que está todavía en curso de elaboración, pero en julio pasado lo remitieron al Consejo General del Poder Judicial, el cual emitió su informe el pasado 22 diciembre (…)». 4. Con fecha 21 de abril de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE JUSTICIA solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 4 de mayo de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: «(…) En la fecha de la petición y a 28 de abril, el expediente del texto del Anteproyecto de ley por el que se regula el Registro Oficial de Traductores, Traductoras e Intérpretes en el ámbito de la Administración de Justicia no se ha elevado a Consejo de Ministros en primera vuelta para su aprobación e inicio de la tramitación prelegislativa, por lo que la información solicitada se refiere a información a la que todavía no se puede tener acceso por estar en trámite de elaboración el expediente íntegro del Anteproyecto de Ley (…) En consecuencia, no procede acceder a la petición del reclamante. Si bien podemos informar que próximamente se enviará el texto del anteproyecto de ley al Consejo de Ministros para empezar a recabar los informes que se consideran convenientes, y será publicado en la web del Ministerio de Justicia el texto y su Main para iniciar el trámite de audiencia e información pública». R CTBG Número: 2023-0903 Fecha: 30/10/2023 5. El 4 de mayo de 2023, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que, en el momento de elaborarse la presente resolución no se han recibido alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso al Anteproyecto de Ley por el que se regula el Registro Oficial de Traductores, Traductoras e Intérpretes en el ámbito de la Administración de Justicia. El Ministerio requerido resolvió no conceder el acceso en virtud del artículo 18.1.a) LTAIBG, al tratarse de información que se encontraba todavía en curso de elaboración. 4. Centrada la cuestión en los términos descritos, corresponde verificar la efectiva concurrencia de la causa de inadmisión invocada por la Administración prevista en el artículo 18.1.a) LTAIBG, según el cual, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes «[q] ue se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general». En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 16 de octubre de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:3530) establece con claridad cuál ha de ser el punto de partida a la hora de aplicar lo dispuesto en el artículo 18 de la LTAIBG: la interpretación estricta, cuando no restrictiva, de las causas de inadmisión, partiendo de la premisa de la formulación amplia con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información, que no permite aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho. 5. Partiendo de lo anterior no puede desconocerse que en la resolución de este Consejo R CTBG 399/2023, de 29 de mayo, referida al acceso al mismo proyecto legislativo, se acordó la desestimación de la reclamación en la medida en que, según declaraba formalmente el Ministerio requerido —como también ocurre en este caso—, la información se encuentra en fase de elaboración, de modo que el anteproyecto solicitado aún no ha adquirido la condición de tal, al no existir un texto definitivo para su elevación en primera vuelta al Consejo de Ministros al objeto de su toma en consideración con arreglo a lo previsto en el artículo 26.4 de la citada Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. En la citada resolución —con citas de la previa R CTBG 519/2022, de 21 de diciembre— se argumentaba lo siguiente: « (…) en el marco del acceso a la información pública es preciso tener en cuenta la necesidad de garantizar a las autoridades públicas un espacio deliberativo libre de perturbaciones que puedan afectar a la decisión final orientada a satisfacer el interés general, exigencia estrechamente relacionada con el principio de eficacia de la actuación pública y que encuentra reflejo en el límite del artículo 14.1.k) LTAIBG, relativo a la “garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión”. Sin embargo, este límite, al igual que los demás legalmente establecidos, tiene que interpretarse y aplicarse en sentido es tricto, por lo que su vigencia ha de quedar circunscrita al tiempo estrictamente necesario para alcanzar la finalidad perseguida. En consecuencia, una vez que se haya adoptado la correspondiente decisión administrativa, la restricción decae en la medida en que haya dejado de ser necesaria para garantizar el buen desarrollo del proceso deliberativo interno de los órganos competentes. (…) 6. Aun siendo cierto que la fase gubernamental de elaboración de las leyes no culmina hasta la aprobación definitiva del correspondiente Proyecto de Ley en Consejo de Ministros y su remisión a las Cortes Generales, la exigencia de interpretación restrictiva de los límites al derecho de acceso obliga a circunscribir la protección del proceso deliberativo mediante la restricción del acceso a los informes previos al período anterior a la aprobación de los anteproyectos de ley en Consejo de Ministros y la consiguiente publicación del texto “en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades” conforme dispone el artículo 26.6 de la Ley 50/1997. Lo contrario no sólo contraviene la exigencia de interpretación restrictiva de los límites a los derechos, sino que resultaría incongruente con el hecho de que el proceso deliberativo inicial ya ha concluido con la adopción de un texto el cual, además, se tiene que publicar precisamente con la finalidad de que la ciudadanía pueda valorarlo y realizar las aportaciones que considere oportunas. “La aplicación de la doctrina reseñada a este caso conduce a la desestimación de la reclamación en la medida en que, en el momento de solicitarse el acceso al anteproyecto de Ley por el que se regula el Registro Oficial de Traductores, Traductoras e Intérpretes en el ámbito de la Administración de Justicia (3 de abril de 2023) —e incluso en el momento de resolver y alegar en este procedimiento, tal como manifiesta el Ministerio—, no se había producido su toma de consideración por el Consejo de Ministros, con arreglo a lo previsto en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. En este sentido el Ministerio subraya, en trámite de alegaciones, que «no se ha elevado a Consejo de Ministros en primera vuelta para su aprobación e inicio de la tramitación prelegislativa, por lo que la información solicitada se refiere a información a la que todavía no se puede tener acceso por estar en trámite de elaboración el expediente íntegro del Anteproyecto de Ley (…)». A estos efectos, conviene recordar que la causa de inadmisión invocada [artículo 18.1.a) LTAIBG] debe entenderse únicamente justificada cuando la información no está aún disponible (en curso de elaboración), o va a ser publicada en breve plazo de tal manera que será accesible con carácter general, como aquí acontece, al encontrarse el anteproyecto de Ley por el que se regula el Registro Oficial de Traductores, Traductoras e Intérpretes en el ámbito de la Administración de Justicia, en el momento de la petición, en fase de elaboración previa a su envío al Consejo de Ministros en primera vuelta para su toma en consideración y decisión sobre los informes que se considera conveniente recabar, anunciando el Departamento que «será publicado en la web del Ministerio de Justicia el texto y su Main para iniciar el trámite de audiencia e información pública», conforme a lo dispuesto en el artículo 7 b) LTAIBG, que dispone la publicación de los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos legislativos «cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes». 7. En consecuencia, en virtud de cuanto acaba de exponerse, la presente reclamación debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE JUSTICIA de fecha 19 de abril de 2022. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez