Reclamación sobre la solicitud de motivos de destitución de la Directora del CNI resuelta como desestimada

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 11 de mayo de 2022 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE DEFENSA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «SOLICITO TODA LA INFORMACION TODA Y DETALLADA DE LAS MOTIVACIONES DE DESTITUCION SUSTITUCION DEPOSICION DE LA DIRECTORA DEL CNI (…) POR FAVOR POR DIGNIDAD VAYASE YA TIENE AQUI AL PRIMER ESPAÑOL QUE LE DICE VAYASE Y NO DEFIENDA A ESE PRESIDENTE QUE ESTA VENDIENDO LAS INSTITUCIONES Y LOS ESPAÑOLES LE IMPORTAMOS UNA M......NO SE PUEDE HACER UNA DEFENSA DE LA DIRECTORA DEL CNI Y EN MENOS DE UNA SEMANA SUSTITUIRLA, QUE PARA ESO HAY S/REF: 001-068711 N/REF: 2551-2023 Fecha: La de firma. Dirección: ERIO DE DEFENSA. Información solicitada: Motivación de destitución en el CNI. R CTBG Número: 2023-0900 Fecha: 27/10/2023 DE DESTITUIR PRIMERO Y ES POR ELLO QUE SOLICITO TODA LA INFORMACION DETALLADA DE LOS MOTIVOS PARA TIRARLA. VAYASE LA SIGUIENTE ES USTED». 2. El MINISTERIO DE DEFENSA dictó resolución con fecha 12 de mayo de 2022 en la que contestó al solicitante lo siguiente: « (…) El artículo 13 de la Ley de transparencia, define información pública como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Sobre el concepto de información pública se ha pronunciado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno señalando que este derecho no puede dar cobertura a peticiones que requieren una valoración subjetiva, un posicionamiento o pronunciamiento institucional de la Administración sobre una concreta cuestión. En este sentido en la presente solicitud, Ud. No reclama contenidos o documentos ni información pública concreta, atendiendo a la definición legal de información pública, sino "motivos" o "motivaciones'~ es decir una información sobre un posicionamiento institucional de la Administración por lo que no se corresponde con el concepto de información pública amparado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En consecuencia, por parte del Ministerio de Defensa, se procede a la finalización y archivo del expediente, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 LTAIBG». 3. Mediante escrito registrado el 16 de mayo de 2022, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG. 4. Con fecha 17 de agosto de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE DEFENSA solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 15 de septiembre de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: « (…) reitera los argumentos formulados en el oficio de notificación del Jefe de la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa de 12 de mayo de 2022 (…). A lo anterior hay que añadir, que el interesado, a la recepción de la citada notificación, de fecha 12 de mayo de 2022, no solicitó ningún contenido ni documento en esta R CTBG Número: 2023-0900 Fecha: 27/10/2023 materia concreta, ni en la formulación de la presente reclamaci ón, solicita información pública concreta, conforme al artículo 13 de la LTAIBG, sino que reitera el "por qué" del posicionamiento institucional de este Ministerio. (…)». 5. El 20 de septiembre de 2023, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El mismo día el reclamante compareció al trámite sin que en el momento de elaborarse esta resolución haya realizado alegación alguna. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a la información relativa a los motivos por los que se ha destituido a la Directora del CNI. El Ministerio requerido dictó resolución inadmitiendo la citada solicitud al considerar que lo demandado no es información pública conforme a la definición contenida en el artículo 13 de la LTAIBG. 4. Teniendo en cuenta lo anterior, conviene recordar que la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG se proyecta sobre aquellas resoluciones expresas o presuntas que se dicten en materia de derecho de acceso a la información pública –entendiendo por ésta la información que haya sido elaborada o adquirida por la administración en ejercicio de sus funciones—; lo que no acontece en este caso en el que lo realmente pretendido es que se expliquen las razones por la cual se ha tomado una decisión, cuestión que resulta ajena al procedimiento de reclamación previsto en el artículo 24 LTAIBG. En este sentido, asiste la razón al Ministerio requerido cuando sostiene que la información solicitada no se refiere a contenidos o documentos que obren en su poder por haber sido elaborados o adquiridos en ejercicio de sus funciones y en el ámbito de su competencia; presupuesto, este, necesario para que resulte de aplicación lo dispuesto en la Ley de transparencia. A lo anterior cabe añadir que, de los términos de la solicitud (y de los que fundamentan la reclamación ante este Consejo), se desprende que, en realidad, no se pretende obtener una información pública preexistente, sino que lo perseguido es una denuncia o una crítica subjetiva a una decisión de cese de un responsable público, enmarcada en una solicitud de explicaciones; finalidades que, siendo legítimas en una sociedad democrática, no encuentran sin embargo su cauce adecuado en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. En conclusión, la reclamación presentada debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE DEFENSA. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez