Reclamación por denegación indirecta de acceso a información sobre procedimientos de responsabilidad patrimonial en el Ministerio de Justicia

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 9 de febrero de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE JUSTICIA al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Al objeto de documentar adecuadamente mi tesis doctoral sobre la materia, solicito conocer en el ámbito de ese Ministerio y sus órganos vinculados o dependientes: - Número de Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas POR INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, incoados desde 2019 hasta la actualidad. S/REF: 001-076599 N/REF: 1088-2023 Fecha: La de firma. Dirección: Información solicitada: Procedimientos de responsabilidad patrimonial por incumplimiento en materia de protección de datos. R CTBG Número: 2023-0804 Fecha: 27/09/2023 - Sentido estimatorio / desestimatorio de los mismos. - En su caso, copia de las resoluciones de los expedientes administrativos, debidamente anonimizadas». 2. El MINISTERIO DE JUSTICIA derivó dicha solicitud a la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (en adelante, AEPD), que dicta resolución con fecha 10 de marzo de 2023 contestando al solicitante lo siguiente: «(…) 1. El solicitante pide una información que obra en poder de la AEPD, concretamente el número de procedimientos de responsabilidad patrimonial por incumplimientos en materia de protección de datos, incoados desde 2019 hasta la actualidad, el sentido estimatorio o desestimatorio de los mismos y en su caso copia de las resoluciones de los expedientes administrativos, debidamente anonimizadas. 2. Por lo que respecta a la AEPD hay que señalar que desde el año 2019 hasta la actualidad no se ha incoado ningún procedimiento de responsabilidad patrimonial. Si bien ha habido ocho solicitudes de cuatro personas diferentes en ese periodo, no ha llegado a iniciarse procedimiento de responsabilidad patrimonial al no reunir los requisitos recogidos en el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Requerida la subsanación de las deficiencias advertidas, ésta no se produjo en ningún caso por lo que se emitieron resoluciones de desistimiento». 3. Mediante escrito registrado el 13 de marzo de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: «Con fecha 09 de febrero de 2023, se presentó solicitud de acceso a la información pública ante el Ministerio de Justicia, por la que se solicitaba: (…) - Número de Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas POR INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, incoados desde 2019 hasta la actualidad. R CTBG Número: 2023-0804 Fecha: 27/09/2023 - Sentido estimatorio / desestimatorio de los mismos. - En su caso, copia de las resoluciones de los expedientes administrativos, debidamente anonimizadas." Nótese que se solicitaba la información EN EL ÁMBITO DE ESE MINISTERIO Y SUS ÓRGANOS VINCULADOS O DEPENDIENTES. Sin embargo, mencionado ministerio "derivó" (sic) la solicitud a la Agencia Española de Protección de Datos, quien emitió resolución únicamente referida a su ámbito de competencia. Por tanto, no se ha facilitado información acerca de lo solicitado en el ámbito del propio Ministerio de Justicia y el resto de órganos vinculados o dependientes, diferentes de la AEPD» 4. Con fecha 24 de marzo de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE JUSTICIA solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 3 de abril se recibió con el siguiente contenido: «(…) Analizada la solicitud, se consultó a la Subdirección General competente en materia de responsabilidad patrimonial de este Ministerio que nos indicó que los procedimientos sancionadores por incumplimiento de protección de datos son competencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En base a lo anterior, el día 20 de febrero de 2023 se remitió la citada solicitud por correo electrónico a la Unidad de Información de Transparencia de la AEPD, para que nos confirmara la información recibida. En el mismo día recibimos su respuesta en la que informaba que, efectivamente, es el órgano competente para resolver. Por tanto, en cumplimiento del artículo 19.1. de la Ley 19/2013, de 10 de diciembre, de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno, se procedió desde la aplicación informática de gestión de solicitudes de transparencia GESAT-2 a comunicarle al interesado que su solicitud se trasladaba a la AEPD por ser el órgano competente que disponía de la información y resolvería su solicitud. (…). En consecuencia y por lo expuesto anteriormente, se solicita que se tengan en cuenta estas alegaciones formuladas y sea desestimada la reclamación presentada por al haber recibido resolución del órgano competente que dispone de la información relacionada con procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por incumplimientos en materia de protección de datos». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a la información del número de procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados de incumplimientos en materia de protección de datos personales desde 2019, así como el sentido de las resoluciones emitidas y copia anonimizada de éstas. El Ministerio requerido dio traslado de la mencionada solicitud a la AEPD, al entender que es el órgano competente, dictándose resolución por la mencionada Agencia en la que se concede el acceso en los términos ya expuestos. 4. Con carácter previo al análisis de la cuestión de fondo es necesario realizar una precisión. Tal como ha quedado reflejado en los antecedentes de esta resolución la solicitud de información se refería a los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados del incumplimiento de la normativa de protección de datos resueltos por el Ministerio de Justicia; entendiendo, sin embargo, el Ministerio requerido que se solicitaba información referida a procedimientos sancionadores en materia de protección lo que motivó el traslado de la solicitud a la AEPD —que resolvió en lo concerniente a su ámbito de actuación—. Asiste por tanto la razón al reclamante cuando en su reclamación señala que no se le ha proporcionado la información que solicitaba relativa a los procedimientos de responsabilidad patrimonial por incumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal. 5. Sentado lo anterior, no es posible desconocer que este Consejo ya se ha pronunciado sobre esta cuestión en una resolución similar en la que, estimándose la reclamación del mismo interesado, se reconocía el derecho a acceder a esa misma información solicitada en aquel caso (y facilitada parcialmente) al Ministerio del Interior. No cuestionándose el carácter de información pública de lo solicitado —y habiéndose proporcionado el número de procedimientos tramitados así como el sentido de las resoluciones—, la controversia en aquel caso se ceñía a la posible afectación a los datos personales de terceras personas y a los eventuales límites que pudieran derivarse de la aplicación del artículo 15 LTAIBG. Sobre este particular, se señalaba por parte de este Consejo que: «Ciertamente, las resoluciones cuyo acceso se solicita contienen datos de carácter personal por lo que la consideración sobre su acceso debe tener en cuenta lo dispuesto en el citado artículo 15 LTAIBG partiendo, no obstante, de la premisa de que el solicitante ha explicitado en su solicitud que se le facilite copia anonimizada de tales resoluciones. Esta precisión es relevante en la medida en que el artículo 15.4 LTAIBG dispone que “[n]o será aplicable lo establecido en los apartados anteriores [referidos a la protección de los datos especialmente protegidos, a los datos meramente identificativos y a la ponderación en los otros casos] si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas”. En este caso alega el Ministerio requerido que “del contexto de las situaciones descritas en las resoluciones, se desprendería fácilmente de qué personas se trata en cada expediente, por lo que suprimir sus datos personales de identidad no protegería en absoluto su intimidad personal”, refiriéndose a la existencia de datos personales dotados de especial protección, sin mayor concreción. Tales alegaciones, sin embargo, no resultan suficientes —y el Ministerio no ha respondido al requerimiento de remisión del expediente y alegaciones remitido por este Consejo por lo que no se tienen más elementos a considerar sobre esta cuestión— pues no se argumenta por qué se aprecia ese riesgo de reidentificación y este riesgo tampoco resulta evidente de los datos que ya se han proporcionado en la resolución inicial. » Y se añadía que: «No puede desconocerse, además, que el propio interesado ha motivado su solicitud de acceso en un interés académico —en concreto, la elaboración de una tesis sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración por incumplimiento de la normativa de protección de datos— con explícita invocación de lo dispuesto en el artículo 15.3.b) LTAIBG —según el cual deberá tomarse particularmente en consideración “[l]a justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos”—. En este sentido, se subraya en la reclamación que lo que interesa son los hechos y los fundamentos jurídicos de tales resoluciones y no las personas afectadas; resultando de aplicación, en cualquier caso, lo previsto en el artículo 15.5 LTAIBG según cuyo tenor “[l]a normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso”. 6. Teniendo en cuenta la doctrina anterior, que resulta plenamente trasladable a este caso, en la medida en que la solicitud de información es idéntica, y constatado el error del Ministerio en identificar la información que se solicitaba, procede estimar la presente reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por D frente al MINISTERIO DE JUSTICIA. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE JUSTICIA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: «- Número de Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones debidamente anonimizadas». TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE JUSTICIA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez