Reclamación por falta de respuesta de MUFACE sobre el estado de un expediente de asistencia sanitaria y resultado desestimatorio

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 9 de enero de 2023 el reclamante solicitó a la MUTUALIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO del MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: « 1º Información del estado del procedimiento de la reclamación presentada ante MUFACE el 18/12/2022. 2º Si se han puesto en contacto con ADESLAS para intentar solucionar el problema y la posición de la misma». S/REF: N/REF: 705-2023 Fecha: La de firma. Dirección: Información solicitada: Estado de un expediente de asistencia sanitaria. R CTBG Número: 2023-0709 Fecha: 06/09/2023 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 12 de febrero de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: «(…) que MUFACE Pontevedra, me permita acceder al expediente en el que tengo la condición de interesado y conocer si dicho organismo aplicó el artículo 7.4.3 del concierto, y lo indicado en su portal web, es decir, si MUFACE intentó resolver el asunto antes de llegar a la Comisión Mixta Provincial, también conocer en qué estado se encuentra dicha reclamación (…)». 4. Con fecha 1 de marzo de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA solicitando remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 21 de marzo de 2023 se recibió respuesta de MUFACE con el siguiente contenido: «PRIMERO.- Respecto del acceso al expediente (…). De acuerdo con la información recibida del Servicio Provincial de Pontevedra, en las diversas llamadas recibidas del Sr. (…), algunas de las cuales se recogen en sus escritos, además de informarle sobre la situación del expediente se ponía a su disposición el mismo. En este sentido, no consta que el Sr. (…) haya acudido presencialmente al Servicio Provincial de Pontevedra con el fin de acceder al expediente. Hay que señalar que conforme al artículo 9.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, “las administraciones están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente”. Cuestión que no puede llevarse a cabo telefónicamente, como podría deducirse de la afirmación recogida por el Sr. (…) en su escrito fechado el 9 de enero de 2023 (…). Además, el Sr. (…) tenía la posibilidad de consultar en cualquier momento, en sede electrónica, la documentación que conforma su expediente de reclamación. R CTBG Número: 2023-0709 Fecha: 06/09/2023 SEGUNDO.- En cuanto a la solicitud de conocer en qué estado se encuentra la reclamación (…). Al respecto, según consta en la documentación que se remite, el Sr. (…) fue informado de que su reclamación había ido a Comisión Mixta y que el plazo para resolver dichas reclamaciones era de tres meses (DOC2). Asimismo, con anterioridad a la presentación de la reclamación ante ese Consejo, era conocedor del abono de una de las facturas que motivaba la reclamación en Comisión Mixta a tenor de lo recogido en sus escritos (DOC3 y DOC4). Lo que supone, indudablemente, información acerca del procedimiento y de la estimación parcial de su reclamación. Con posterioridad a la presentación de la reclamación ante esa institución, fue informado de las gestiones previas ante la entidad, así como del desarrollo de la tramitación en Comisión Mixta mediante la contestación a su queja presentada a través de la sede electrónica de esta Mutualidad (DOC6). Y, finalmente, dentro del plazo de 3 meses que dispone el anexo del Real Decreto 1733/1994, de 29 de julio, por el que se adecuan los procedimientos en materia de mutualismo administrativo (…), se ha notificado al Sr. (…) la resolución de su reclamación (DOC7). Del mismo modo, al haber presentado su reclamación por sede electrónica, el Sr. (…) podía conocer el estado de la reclamación de acuerdo con la documentación que constase en su expediente. En conclusión, si bien no consta con testación expresa al escrito de 9 de enero de 2023 presentado por el Sr. (…) ante el Servicio Provincial de MUFACE en Pontevedra, en ningún momento se ha impedido su acceso a su expediente ni tampoco se le ha denegado información acerca del mismo. Por el contrario, el Sr. (…) era conocedor del plazo establecido legalmente para la resolución de su reclamación y ha dispuesto de información, que él mismo reconoce, antes de la resolución definitiva de su reclamación». 5. El 30 de marzo de 2023, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 1 de abril de 2023, se recibió un escrito en el que se expone que: « - En la llamada de 09/01/2023, no se me dio información particular, como es lo legal, ni se puso a mi disposición el expediente y tampoco se me indicó que pasara presencialmente por allí; por ello, hice la solicitud de 09/01/2023 por escrito, tal y como indica la Ley de Transparencia y venía como medio preferen te de comunicaciones, las notificaciones electrónicas, artículo 17.2 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre. - Por sede electrónica, no es posible conocer lo solicitado por escrito el 09/01/2023. - MUFACE no contestó a dicha solicitud en el plazo establecido en el artículo 20.1. de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre. - Se le dio oportunidad de contestar antes de poner la reclamación ante esta institución y mantuvo el silencio». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide información sobre el estado de un expediente administrativo relativo a la denegación del abono de unos gastos de asistencia sanitaria. El organismo requerido no respondió en plazo a la solicitud, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, la entidad requerida indica que, si bien no contestó expresamente a la solicitud presentada por el reclamante el 9 de enero de 2023, en ningún momento se le ha impedido el acceso al expediente, sino que, por el contrario, ha dispuesto de la información antes de la resolución definitiva de 30 de enero de 2023, a la que compareció el siguiente 15 de febrero. 4. Antes de entrar a examinar el fondo del asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. De lo hasta ahora expuesto se desprende que, si bien MUFACE resolvió sobre la solicitud de información de forma tardía, ha proporcionado la información requerida y ha indicado las vías a través de las cuales acceder, subrayando que el hecho de que, al haberse tramitado el expediente al que alude el reclamante en formato electrónico, pudo acceder a toda la documentación a través de esa vía y lo ha hecho con anterioridad a la interposición de la reclamación ante este Consejo. En efecto, el propio reclamante reconoce que, en contestación a su llamada para conocer el estado de tramitación de la reclamación formulada ante MUFACE el 18 de diciembre de 2022 se le informó de que se había remitido a la Comisión Mixta para valorar la procedencia del abono. La reunión se celebró el 16 de enero de 2023 acordando la Comisión Mixta abonar una de las dos facturas, hecho del que es conocedor el reclamante en la medida en que presentó otro escrito al respecto. Asimismo, en respuesta a una queja posterior, recibió respuesta en la que se le indica que se le notificará el acta y la resolución de la Comisión mixta provincial, habiendo comparecido a la resolución definitiva el 15 de febrero de 2023. En consecuencia, habiéndose proporcionado toda la información de la que dispone el organismo requerido en la resolución dictada sobre el acceso pretendido, procede la desestimación de esta reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a MUFACE/MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez