Denegación de acceso a datos sobre inmigración ilegal de procedencia india por riesgo de perjuicio a las relaciones exteriores

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 4 de enero de 2023 la reclamante solicitó al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: « Documentos que contengan la cantidad de inmigración ilegal de procedencia India registrada en 2022, así como su desglose por provincias o comunidades autónomas.». 2. El MINISTERIO DEL INTERIOR dictó resolución con fecha 31 de enero de 2023 denegando el acceso a la información solicitada con la siguiente argumentación: « Una vez analizada la presente solicitud, este Centro Directivo informa que no se remiten datos sobre nacionalidades concretas de las personas internadas, expulsadas S/REF: 001-075515 N/REF: 584-2023 Fecha: La de firma. Dirección: Información solicitada: Migraciones ilegales de origen indio. R CTBG Número: 2023-0691 Fecha: 31/08/2023 o devueltas, ya que la difusión de este tipo de datos estadísticos podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados, dificultando en el futuro poder documentar por parte de las diferentes Embajadas y Consulados a ciudadanos extranjeros irregulares, lo que afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones, aplicándose el límite de derecho de acceso previsto en el Artículo 14.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta limitación ha sido avalada por propio el Consejo de Transparencia en numerosas ocasiones, citando como las más recientes R/300/2021, R/299/2021, R/0258/2021, estableciendo un criterio claro al respecto, manifestando en ellas que “dadas las circunstancias que rodean los procedimientos de expulsión, principalmente a su vinculación con la imagen pública del país de origen de estos ciudadanos y de la importancia de la colaboración de las autoridades nacionales en las labores de documentación, considera que el conocimiento de la restante información solicitada sí podría suponer un perjuicio, razonable y no hipotético, a las relaciones exteriores de España, comprometiendo la colaboración de los Estados de origen. Asimismo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de expulsión se configura como una sanción de carácter administrativo, las dificultades derivadas de su identificación podrían perjudicar a la propia resolución del expediente de expulsión y, en consecuencia, a la sanción de la infracción cometida”. (…) (…) “No debe dejarse de lado la situación de nuestro país respecto de la inmigración de carácter irregular. En efecto, no se desconoce la importancia de la presión migratoria que sufre España, en su consideración de frontera exterior de la Unión Europea, así como de la importancia de la adopción y puesta en marcha efectiva de políticas que favorezcan los flujos migratorios de carácter regular, así como la lucha contra la trata de seres humanos que, en ocasiones, están implicados en estas situaciones irregulares. Esta labor de vigilancia y control de situaciones contrarias a la normativa vigente en materia de inmigración y asilo requiere de la colaboración de los países de origen, tanto para la tramitación de los expedientes de expulsión como para la adopción de medidas que frenen la trata de seres humanos. Teniendo esto en consideración, y especialmente la incidencia en la efectividad de las medidas adoptadas para el control de la inmigración irregular y la trata de seres humanos que se derivaría del acceso a la información solicitada, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera que no existe un interés superior que justifique que se proporcione la información”. En definitiva, (…) “puesto que el elemento clave de la solicitud de acceso es precisamente conocer la información por el país de origen, R CTBG Número: 2023-0691 Fecha: 31/08/2023 elemento que es el que puede acarrear los problemas en las relaciones exteriores de España en lo que respecta a la tramitación de los expedientes de expulsión. (…)» 3. Mediante escrito registrado el 2 de febrero de 2023, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto que se le ha denegado el acceso a toda la información de forma injustificada. 4. Con fecha 21 de febrero de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DEL INTERIOR solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 6 de marzo de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: «(…) este Centro Directivo indica que el día 1 de febrero de 2023 se le ofreció extensa respuesta a la aplicación del límite de derecho de acceso previsto en el Artículo 14.1.c), justificada y avalada por el Propio Consejo de Transparencia en numerosas ocasiones (R/300/2021, R/299/2021, R/0258/2021), el cual establece un criterio claro al respecto, salvaguardando el posible perjuicio para España en las relaciones exteriores, “puesto que el elemento clave de la solicitud de acceso es precisamente conocer la información por el país de origen, elemento que es el que puede acarrear los problemas en las relaciones exteriores de España en lo que respecta a la tramitación de los expedientes de expulsión”». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso al número de inmigrantes ilegales procedentes de la India. El Ministerio requerido dictó resolución denegando la solicitud con fundamento en el límite previsto en el artículo 14.1.c) LTAIBG que permite limitar el acceso cuando el acceso a la información pueda causar un perjuicio para las relaciones exteriores; argumento que reitera en la fase de alegaciones de este procedimiento. 4. Centrada la cuestión en los términos descritos no puede desconocerse que, en efecto, tal como se pone de manifiesto por el Ministerio requerido, este Consejo ya ha se ha pronunciado en asuntos similares confirmando la aplicabilidad del límite al derecho de acceso a la información previsto en el artículo 14.1.c) LTAIBG en relación con la difusión de los datos relativos a la nacionalidad de las personas expulsadas por su afectación a las relaciones exteriores con terceros Estados. Así, en la R CTBG 190/2023, de 24 de marzo (en la que se hace referencia a las precedentes resoluciones de este Consejo que cita la resolución del Ministerio) se señala que «resulta razonable prever que “la difusión de los datos relativos a la nacionalidad de las personas expulsadas puede derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados, dificultando en el futuro poder documentar por parte de las diferentes Embajadas y Consulados a ciudadanos extranjeros irregulares, lo que afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones”. Respecto la información relativa a la nacionalidad de los migrantes, este Consejo tiene un consolidado criterio en el que ha declarado la inexistencia de un interés prevalente en el acceso a los datos sobre nacionalidad de extranjeros internados, expulsados o devueltos, por los problemas que ello causaría en las relaciones exteriores de España con los posibles países de origen, dificultando en el futuro poder documentar por parte de las administraciones a ciudadanos extranjeros y a la eficacia de nuevas expulsiones.» La mencionada resolución concluye que «el acceso a la información solicitada, atendiendo a la materia sobre la que versa y al complejo (y sensible) contexto internacional, implicaría un riesgo cierto y no meramente hipotético de perjuicio a las relaciones exteriores del Estado español y al procedimiento que se sigue para la expulsión de los inmigrantes que llegan a nuestro país de manera irregular, por lo que procede desestimar la reclamación al haberse verificado la concurrencia del límite previsto en el artículo 14.1.c) LTAIBG, sin que se haya acreditado, ni se aprecie, un interés público superior en divulgar la información.» 5. Aun cuando la solicitud de información no va referida directamente a los inmigrantes ilegales expulsados, sino que se centra en el número de inmigrantes ilegales procedentes de un determinado país, los fundamentos anteriores se consideran plenamente trasladables a este caso por cuanto su difusión afectaría igualmente a los bienes jurídicos protegidos por el artículo 14.1.c) LTAIBG. En consecuencia, se ha de desestimar la reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación interpuesta por frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez