Reclamación por falta de respuesta a solicitud de acceso al acta de inspección de trabajo sobre antigüedad laboral

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 7 de junio de 2022 la reclamante solicitó, por correo electrónico, al ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA LA MANCHA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Tras la respuesta del Director de la Asesoría Jurídica de CMMedia, y al amparo de la Ley de Transparencia, solicito el Acta de la Inspección de Trabajo en cumplimiento de la diligencia de Inspección 16/12/2020 (con disociación de los datos personales que así lo requiera la LOPD)en el que se convierte a una freelance/autónoma en personal indefinido no fijo con fecha 1 de Enero de 2021 y en el cual según la Dirección se reconoce una antigüedad para la Operadora de Equipos con fecha 8 de Febrero de 2005, y puesto que no hay sentencia judicial al respecto, y toda vez que tampoco hay S/REF: N/REF: Expediente 347-2023 Fecha: La de firma. Dirección: NISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. Información solicitada: Acta en cumplimiento de la diligencia de inspección. R CTBG Número: 2023-0676 Fecha: 29/08/2023 contratos de trabajo anteriores por dicha trabajadora, únicamente facturas, siguiendo la información aportada por Transparencia CMMedia, por lo tanto, no siguiendo el criterio y el cumplimiento del Convenio Colectivo, por ello, se solicita dicha Acta en base a la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Séptima, Nº 38/2021. Transparencia CMMedia ya ha aportado en fecha 9 Abril de 2021 un Acta de la Inspección de Trabajo en solicitud de acceso a información pública de 9 de Marzo de 2021, y donde se reconoce la antiguedad de la trabajadora con fecha 1 de Julio de 2016 y que se adjunta por si hubiera alguna duda». 2. El ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA LA MANCHA contestó a la solicitante, por correo electrónico de fecha 19 de julio de 2022, lo siguiente: «Procedemos al reenvío de solicitud de acceso a la información en cumplimiento del art. 32.5 de la Ley 4/2016 de 15 de diciembre de Transparencia y buen Gobierno de Castilla la Mancha en consonancia con el artículo 19.4 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno». 3. La solicitud de información fue remitida a la SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA LA MANCHA, que, a petición de la reclamante, le remitió nuevo correo electrónico de fecha 20 de enero de 2023 comunicando lo siguiente: « (…) informarle que la documentación solicitada pertenece al Organismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por lo que en esa misma fecha se les remitió ( el 20 de julio) el email a los efectos oportunos». 4. No consta respuesta de la INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. 5. Mediante escrito registrado el 20 de enero de 2023, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: «El 7 de Junio de 2022 se solicitó Acta de ITSS a Transparencia en CMMedia. El 6 de Julio el órgano de Transparencia de CMMedia me comunicó mediante email que pese a tener la documentación la remitían al órgano que la había elaborado para que decidiera sobre el acceso. Remitió dicha solicitud, NO a la ITS S sino al órgano de R CTBG Número: 2023-0676 Fecha: 29/08/2023 Gobierno de CLM. El 19 de Enero de 2023 yo misma me puse en comunicación con el órgano de Gobierno de CLM para solicitar respuesta y evitar reclamación. El 20 de Enero de 2023 la subdelegación de Gobierno de CLM responde que se le remitió solicitud a la ITSS en fecha 20 de Junio. Se presenta reclamación por la falta de respuesta a dicha solicitud de acceso por el organismo competente». 6. Con fecha 31 de enero de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. A fecha de elaborarse la presente resolución no se ha recibido contestación. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a un acta identificada de la Inspección de Trabajo, con disociación, en su caso, de los datos de carácter personal. El Ministerio requerido no respondió en el plazo máximo legalmente establecido por lo que la solicitud se entendió desestimada por silencio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20.4 LTAIBG y expedita la vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. A lo anterior se suma que, en este caso, el Ministerio no ha contestado a la petición de alegaciones formulada en el marco de este procedimiento. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información, de modo que pueda disponer de todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. Ahora bien, esta falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública. A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como se ha encargado de recordar en su Sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «[l]a Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea nec esario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: “[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”. De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: “[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”. Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.» 6. A la vista de cuanto antecede, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública, que el Ministerio reclamado no ha justificado la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 de la LTAIBG, ni la aplicación de alguno de los límites previstos en sus artículos 14 y 15, este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada. 7. No obstante, habida cuenta de la materia sobre la que versa la información solicitada, no cabe desconocer que pueden resultar aplicables alguno de los límites del artículo 14 LTAIBG. Al no haberse formulado alegaciones, este Consejo desconoce si se dan los presupuestos para dicha aplicación y, en su caso, el grado de la afectación de los bienes jurídicos protegidos por dichos límites. En consecuencia, ha de limitarse a recordar a la Administración que la eventual aplicación de alguno de límites legales para denegar una solicitud de acceso a información pública sólo podrá considerarse conforme a derecho si se cumplen los requisitos de proporcionalidad y justificación expresa atendiendo a las circunstancias del caso concreto, tal y como exige nuestro ordenamiento y ha subrayado el Tribunal Supremo en los términos que más arriba se consignan. Esta exigencia de proporcionalidad obliga también a examinar siempre la posibilidad de conceder un acceso parcial a la información solicitada antes de acordar la denegación integral, pues toda limitación de un derecho habrá de ceñirse a lo estrictamente necesario para preservar el otro derecho o bien jurídico afectado, logrando un equilibrio que permita el máximo grado de eficacia a todos los derechos e intereses en conflicto. De ahí que, como también ha dictaminado el Tribunal Supremo, el «juicio de proporcionalidad requerido por el articulo 14.2 LTAIBG también es exigible en la aplicación del artículo 16 de la LTAIBG, que prevé como se ha indicado la posibilidad de un acceso parcial a la información, en los casos en los que la aplicación de alguno de los límites del articulo 14 LTAIBG no afecte a la totalidad de la información solicitada.» (STS de 21 de enero -ECLI:ES:TS:2021:574). III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. SEGUNDO: INSTAR a la INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la reclamante la información solicitada en los siguientes términos: «Tras la respuesta del Director de la Asesoría Jurídica de CMMedia, y al amparo de la Ley de Transparencia, solicito el Acta de la Inspección de Trabajo en cumplimiento de la diligencia de Inspección 16/12/2020 (con disociación de los datos personales que así lo requiera la LOPD)en el que se convierte a una freelance/autónoma en personal indefinido no fijo con fecha 1 de Enero de 2021 y en el cual según la Dirección se reconoce una antigüedad para la Operadora de Equipos con fecha 8 de Febrero de 2005, y puesto que no hay sentencia judicial al respecto, y toda vez que tampoco hay contratos de trabajo anteriores por dicha trabajadora, únicamente facturas, siguiendo la información aportada por Transparencia CMMedia, por lo tanto, no siguiendo el criterio y el cumplimiento del Convenio Colectivo, por ello, se solicita dicha Acta en base a la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Séptima, Nº 38/2021. TERCERO: INSTAR a la INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez