Reclamación sobre acceso a información de proceso selectivo de alta dirección en Patrimonio Nacional y validez de la anonimización de datos

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 9 de diciembre de 2022 la reclamante solicitó a PATRIMONIO NACIONAL/MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «En relación a la convocatoria pública para la provisión del puesto de coordinador de estrategia comercial y marketing en Patrimonio Nacional, adjudicada a D. (…), SOLICITO: 1.- Copia de la propuesta de nombramiento realizada por la Comisión de Asesoramiento designada al efecto. S/REF: 001-074596 N/REF: Expte. 570-2023 Fecha: La de firma. Dirección: CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. Información solicitada: Convocatoria pública para la provisión de un puesto de alta dirección en Patrimonio Nacional. R CTBG Número: 2023-0649 Fecha: 21/08/2023 2.- Puntuación obtenida por cada candidato al puesto y documentos oficiales de calificaciones del proceso de todos los candidatos. 3.- Relación de miembros integrantes de la Comisión de Asesoramiento y, en su caso, relación del personal calificador del proceso, con expresión del cargo en virtud del cual intervienen. 4.- Fecha de la vacante del puesto de coordinador de estrategia comercial y marketing y en caso de ser puesto de nueva creación, memoria justificativa de modificación de la RPT para la inclusión de dicho puesto de trabajo y fecha de aprobación del puesto de trabajo». 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 18 de enero de 2023, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: «PRIMERO: Que en fecha de 9 de diciembre de 2022 se solicitó información al Ministerio de Presidencia del Gobierno (Patrimonio Nacional) cuyo contenido adjuntamos a la presente denuncia. SEGUNDO: Que transcurrido el plazo establecido desde el inicio del procedimiento, este organismo ha incumplido la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dado que no existe resolución expresa». 4. Con fecha 21 de febrero de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA solicitando remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 15 de marzo de 2023 se recibió respuesta de PATRIMONIO NACIONAL con el siguiente contenido: «- Con fecha 23 de junio de 2022, el Ministerio de Hacienda y Función Pública autorizó la creación del puesto de alta dirección “Coordinador/ Coordinadora de Estrategia Comercial y de Marketing”, con cargo al total autorizado de contratos de alta dirección para el Organismo. R CTBG Número: 2023-0649 Fecha: 21/08/2023 - Con fecha 21 de septiembre de 2022 se publicó en la página web del Organismo la Convocatoria del proceso selectivo para la provisión de la plaza de Coordinador/ Coordinadora de Estrategia Comercial y de Marketing en el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. - Con fecha 2 de noviembre de 2022 se celebró la reunión constitutiva de la Comisión de Asesoramiento, prevista en el apartado V de la convocatoria. Se adjunta el acta de la reunión debidamente anonimizada, conforme al apartado VII de la convocatoria, de confidencialidad de los datos personales y profesionales de los candidatos. - Con fecha 18 de noviembre de 2022 se celebró la segunda reunión de la Comisión de Asesoramiento que propuso al candidato que obtuvo la mayor puntuación en aplicación de los méritos establecidos en el apartado III.B de la convocatoria. Se adjunta el acta de la reunión debidamente anonimizada, conforme al apartado VII de la convocatoria, de confidencialidad de los datos personales y profesionales de los candidatos. - Finalmente, el candidato que obtuvo mayor puntuación comunicó que optaba por otras ofertas profesionales, por lo que se produjo el nombramiento de la persona que había obtenido la segunda mejor puntuación por parte de la Comisión de Asesoramiento a la que correspondía proponer el nombramiento». 5. El 21 de marzo de 2023, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 4 de abril de 2023, se recibió un escrito en el que se expone que: «Patrimonio no ha contestado a la solicitud efectuada limitándose a remitir al CTBG unos informes. En relación a la información facilitada y a los informes, si bien contienen toda la información que solicitábamos, las actas aparecen anonimizadas, cuestión que impugnamos dado que se trata de un concurso público y no existe un motivo, ni expresan la causa legal del motivo en virtud proceden a una anonimización de los datos solicitados que no se encuentran entre los especialmente protegidos por la LTAIBG, al tratarse de participantes en un concurso público, siendo relevante la información sobre la puntuación concedida a cada candidato. Por lo expuesto, solicitamos una resolución estimatoria y que se nos facilite la información tal y como fue solicitada sin anonimización de los datos personales, que se refieren exclusivamente al nombre de los participantes en el proceso de selección». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información sobre la provisión del puesto de Coordinador de estrategia comercial y de marketing de Patrimonio Nacional. El organismo requerido no respondió en plazo a la solicitud, por lo que, con arreglo al artículo 20.4 LTAIBG, se entendió desestimada por silencio y expedita la vía para interponer la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en la fase de alegaciones de este procedimiento, remite a este Consejo informe sobre las cuestiones planteadas por la reclamante y aporta las actas de las reuniones de la Comisión de Asesoramiento en fechas 2 y 18 de noviembre de 2022 en las que figuran las valoraciones otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión a los candidatos individualmente considerados en función de los méritos presentados, ocultando únicamente los datos personales identificativos de los mismos. En el trámite de audiencia concedido al efecto, la reclamante cuestiona que no se haya dictado resolución expresa y, si bien considera que la documentación trasladada contiene toda la información solicitada, impugna que se hayan ocultado los datos identificativos de los participantes en el proceso de selección y solicita que se dicte una resolución estimatoria en la que se le facilite toda la información sin anonimizar. 4. Antes de entrar a examinar el fondo del asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». Por otra parte, una vez interpuesta reclamación ante esta Autoridad Independiente y solicitado el correspondiente informe al órgano requerido, éste se ha limitado a trasladar el informe y la documentación correspondiente al CTBG, sin que conste que haya dictado resolución expresa sobre la solicitud de acceso tal y como exige el artículo 20.1 LTAIBG reproducido. Esta omisión constituye una infracción manifiesta de la LTAIBG que determina que se deba estimar la reclamación e instar al organismo requerido a que dicte una resolución expresa y la notifique a los solicitantes conforme a lo exigido por la ley. 5. Sentado lo anterior, dado que en la reclamante cuestiona que en la documentación de la que se le ha dado traslado en el trámite de audiencia de este procedimiento se haya ocultado la identidad de los participantes en el proceso de selección, resulta pertinente que este Consejo se pronuncie sobre dicho extremo. La cuestión del acceso a la identidad de las personas participantes en los procesos selectivos de acceso al empleo público ha de ser dilucidada mediante la correspondiente ponderación de los derechos e intereses en conflicto, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso concreto. A estos efectos, es preciso tener presente, en primer lugar, que el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece en su artículo 55 los principios rectores que han de informar el acceso al empleo público incorporando, junto a los constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, los de «publicidad de las convocatorias y de sus bases», y el de «transparencia», entre otros. Por otra parte, el acceso a la información sobre la identificación de los participantes en procesos selectivos, en la medida en que constituye un tratamiento de datos de carácter personal, ha de cumplir con los principios y requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD). En particular, en lo que aquí interesa, es de especial relevancia el principio de minimización de datos consagrado en la letra c) del artículo 5.1 RGPD con arreglo al cual, los datos personales serán «adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados». Y, dado que los datos solicitados no son «especialmente protegidos» ni «meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano», la decisión sobre el acceso habrá de adoptarse «previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal», tal y como exige el artículo 15.3 LTAIBG. En relación con la aplicación de la normativa de protección de datos a estos supuestos, se ha de tener asimismo en cuenta que existe abundante doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos sobre cómo conjugar la garantía de la publicidad y la transparencia en los procesos selectivos de acceso al empleo público con el derecho a la protección de los datos personales, doctrina que, en esencia, prescribe el máximo grado de transparencia y de acceso a la información para los participantes en los procesos selectivos y, por contra, aplicando el principio de minimización del artículo 5 RGPD, impone notables restricciones al acceso indiscriminado de terceros a la información personal de los candidatos habida cuenta de los riesgos derivados la tecnología actual y su potencial de transmisión y divulgación. Todo ello sin perjuicio de la ponderación caso por caso que requieren las decisiones sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública regulado en la LTAIBG. En el caso que nos ocupa se da la particularidad de que la información que se solicita corresponde a un proceso de selección que no es para la provisión de un puesto de funcionario sino para cubrir una plaza de personal directivo mediante un contrato de alta dirección. Y en la Convocatoria publicada en la página web del organismo se incluye una cláusula específica de confidencialidad con el siguiente tenor: «El CAPN garantiza la absoluta confidencialidad de todos los datos personales y profesionales de los candidatos, asegurando que la participación de los no seleccionados se mantendrá en el estricto ámbito del conocimiento y valoración del Comité de Expertos. Se hará público, exclusivamente, el nombre del candidato que resulte seleccionado. Finalizado el proceso de selección, los candidatos que no resulten elegidos, disponen de un plazo de 3 meses, para retirar la documentación presentada; el CAPN procederá a destruir la documentación presentada por los candidatos que no se hubiera retirado en el plazo indicado». Por otra parte, este Consejo ha podido constatar que en la página web del organismo convocante se encuentran publicadas, además de la Convocatoria, sendas Resoluciones de la Presidencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por las que se resuelve el proceso selectivo para la provisión de la plaza de Coordinador/ Coordinadora de estrategia comercial y de marketing en Patrimonio Nacional en las que se designa, respectivamente, al candidato propuesto en primer término y a la candidata propuesta en segundo término tras la renuncia del primero, en ambos casos identificándolos con sus nombres y apellidos. Teniendo en cuenta dichas publicaciones, y que el órgano requerido ha mostrado su disposición a facilitar a la solicitante las actas de las dos reuniones de la Comisión de Asesoramiento que incluyen la identidad de sus integrantes y las valoraciones individuales de los méritos presentados por los participantes, este Consejo considera que con ello queda adecuadamente atendido el derecho de acceso a la información pública, sin necesidad de comunicar la identidad de los candidatos no seleccionados. La revelación a terceros de dichas identidades afecta indudablemente a los derechos e intereses de los participantes que no han sido designados para ocupar la plaza y habían concurrido a un proceso selectivo en cuya convocatoria se les garantizaba la absoluta confidencialidad de sus datos personales y profesionales. Habiéndose publicado los nombres y apellidos de los designados, y concediéndose el acceso a las valoraciones de los méritos de los participantes, no se aprecia en este caso la existencia de un interés público en el acceso que prevalezca sobre la protección de los derechos de los afectados. En consecuencia, la ponderación de los derechos e intereses concurrentes conduce a la desestimación de la reclamación en este punto. 6. En definitiva, de conformidad con lo expuesto, dado que el órgano requerido no ha cumplido con la obligación de resolver la solicitud de acceso a la información pública tal y como exige el artículo 20.1 LTAIBG, procede estimar la reclamación con el fin de que el órgano requerido dicte resolución expresa y facilite a la reclamante el acceso a la información y la documentación solicitada con el mismo contenido con el que ha dado traslado a este Consejo en el trámite de alegaciones, sin necesidad de revelar la identidad de los candidatos no designados. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por D frente a PATRIMONIO NACIONAL/MINISTERIO DE LA PRESIDENC IA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. SEGUNDO: INSTAR a PATRIMONIO NACIONAL/MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la reclamante la información solicitada de conformidad con lo que se indica en los fundamentos jurídicos quinto y sexto. TERCERO: INSTAR a PATRIMONIO NACIONAL/MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de lo actuado y de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez