Reclamación por falta de respuesta en plazo sobre viajes oficiales a República Dominicana y estimación formal por el CTBG

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 4 de mayo de 2023 la reclamante solicitó a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «En relación a las noticias publicadas en prensa relativas a los reiterados viajes de aviones oficiales del Estado a la República Dominicana, entre marzo de 2021 y la actualidad, sin que conste en gran parte de ellos información alguna en las agendas oficiales de los responsables públicos o sobre los motivos a los que obedecen tales desplazamientos oficiales, solicito: S/REF:001-079355 N/REF: 2049/2023 Fecha: La de firma. Dirección Información solicitada: Viajes aviones oficiales a República Dominicana. R CTBG Número: 2023-0618 Fecha: 26/07/2023 1.- Relación de desplazamientos en aviones oficiales a la República Dominicana o escalas efectuadas en la misma desde 2019 hasta la actualidad con indicación de: a) Motivo oficial de la necesidad de tal desplazamiento y avión utilizado para el mismo, con indicación del coste total repercutido para cada viaje, detraídos los gastos imputables a seguridad, cuyo conocimiento debe ser anonimizado. b) Autoridad, Alto Cargo o cualquier otra persona o grupo de personas para quienes se fletaron los vuelos de los citados aviones con indicación del número e identidad de las personas acompañantes». 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 8 de junio de 2023, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: «PRIMERO: Que en fecha de 4 de mayo de 2023 se solicitó información a Presidencia del Gobierno cuyo contenido adjuntamos a la presente denuncia. SEGUNDO: Que transcurrido el plazo establecido desde el inicio del procedimiento este organismo ha incumplido la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dado que no existe resolución expresa. En virtud de lo expuesto SOLICITO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA como órgano competente para la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública, admita la presente reclamación al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la legislación autonómica análoga y sea reconocido nuestro derecho a obtener la información pública en la forma solicitada y garantice el derecho de acceso a la información solicitada y el deber de facilitar la documentación.». 4. Con fecha 8 de junio de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO solicitando remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 27 de junio se recibió respuesta con el siguiente contenido: R CTBG Número: 2023-0618 Fecha: 26/07/2023 «(…) El artículo 5.1.d) del Real Decreto 662/2022, de 29 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, señala que el Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica asumirá el ejercicio de las funciones que la persona titular de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno le atribuya en materia de transparencia. A su vez, se consideran información pública, según el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obre en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el artículo 15.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece lo siguiente: 1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los dato s con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. 2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios: a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad. 4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. 5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. Por último, el artículo 22.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que, si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. En consecuencia, la Directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, ALEGA Que la solicitud ha sido resuelta y notificada a la interesada con fecha 22 de junio de 2023, sin que haya de aportarse información adicional en esta fase. ». Dichas alegaciones se acompañan de la resolución a la que hacen referencia, en la que se concede el acceso en los siguientes términos: «(…) Conceder el acceso parcial a la información solicitada. En primer lugar, se facilita a continuación la información disponible en relación con los desplazamientos realizados por el Presidente del Gobierno a República Dominicana en el período solicitado en aeronaves de las Fuerzas Aéreas españolas, dependientes del Ministerio de Defensa, a cuyo presupuesto se imputan los gastos de tales trayectos: FECHA SALIDA DESTINOS Nº DE VUELOS 29/01/2019 REPÚBLICA DOMINICANA - MÉXICO 3 24/03/2023 REPÚBLICA DOMINICANA 2 Adicionalmente, se informa que se realizaron escalas técnicas en República Dominicana el 31 de enero de 2019 en el marco del viaje a República Dominicana y México del 29 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019 y el 23 y 26 de agosto de 2022 en el marco del viaje a la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Honduras del 23 al 25 de agosto de 2022. Asimismo, se informa que los viajes realizados por el Presidente del Gobierno son públicos en tanto que son objeto de publicidad activa a través de la página web de La Moncloa. En esta página se incluye un enlace a la “Agenda del Gobierno” donde se pueden encontrar, organizadas por fechas, las actividades en las que participa el Presidente del Gobierno, entre las que se incluyen los viajes, con indicación del destino, el motivo del viaje y todos aquellos otros datos que pudieran ser de interés público. Esta información se encuentra disponible en el siguiente enlace: Por otra parte, se detallan a continuación los listados de las personas que conformaron la delegación de la Presidencia del Gobierno en los citados viajes. Se excluye de este listado el personal con puestos de trabajo de nivel inferior a 28 en la Relación de Puestos de Trabajo de la Presidencia del Gobierno, así como al personal de seguridad y la tripulación. Ello debido a que su condición de personal técnico no está relacionada con la finalidad del viaje, sino que únicamente actúan para hacerlo posible, por lo que, en la debida ponderación entre dos derechos contrapuestos, el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos de carácter personal, este órgano considera que debe prevalecer el segundo, por su bajo nivel jerárquico y no tener su actuación implicación directa en la actuación pública a desarrollar en el viaje. En este sentido se pronunciaban el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos en su Criterio Interpretativo conjunto CI 001/2015, de 24 de junio de 2015, al establecer las reglas para efectuar la ponderación establecida en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. (…)» La resolución incluye además el detalle de los componentes que conformaron la Delegación de la Presidencia del Gobierno en el viaje oficial a República Dominicana y México, del 29 al 31 de enero de 2019, así como la de la Delegación de la Presidencia del Gobierno en el viaje a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno el 24 y 25 de marzo de 2023. 5. El 27 de junio de 2023 se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinente; recibiéndose escrito en fecha 11 de julio en el que se manifiesta lo siguiente: «En relación a las alegaciones presentadas por el Ministerio de Presidencia, reconocen, una vez más, que fue contestada transcurrido el plazo legal para realizarlo. Reiterar que la Ley de Transparencia establece un procedimiento ágil, con un plazo de un mes para la resolución (una vez que accede al órgano competente) pero la Administración carece de la eficacia necesaria para cumplir el mandato legal lo que evidencia una falta total de interés en el cumplimiento de la norma, que queda vacía de virtualidad por la reiterada voluntad incumplidora del Ministerio de Presidencia que nos obliga a recurrir al CTBG e iniciar otro procedimiento administrativo sin necesidad. Dejando constancia de lo manifestado, procede por tanto la estimación por carácter formal, al no haberse producido respuesta en el plazo legal, por lo que solicitamos del CTBG una resolución estimatoria sin más trámite». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a una serie de datos e información relativos a los desplazamientos en aviones oficiales a la República Dominicana, o escalas efectuadas en la misma, desde el año 2019. El Ministerio requerido no dio respuesta alguna a tal petición en el plazo de un mes establecido, por lo que la solicitud se entendió desestimada por silencio y expedita la vía de la reclamación del artículo 24 LTAIBG. Con posterioridad, en fase de alegaciones de este procedimiento, se comunica que se ha dictado y notificado resolución (que se aporta) en la se acuerda conceder un acceso parcial a la información solicitada en los términos que se recogen en la misma. 4. En este punto procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l]a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En este caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. No cabe desconocer, no obstante, que, aun de forma extemporánea, se ha resuelto sobre la solicitud de acceso formulada, concediendo parcialmente la información solicitada, objetando únicamente la reclamante el carácter tardío de la resolución. En consecuencia, tal como ha venido entendiendo este Consejo en los casos en que la información se facilita una vez interpuesta la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG, procede la estimación de la reclamación por motivos formales al no haberse respetado el derecho de la solicitante a obtener una respuesta en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez